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Caso Automotores Orletti

Argentina: Ex agente de la SIDE acusado por desaparición de dos uruguayos

La Fiscalía argentina acusó a un ex agente de la SIDE por el secuestro y desaparición de cuatro personas en Automotores Orletti, entre ellos, Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez.

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El fiscal federal Pablo Ouviña -al frente de la investigación por los crímenes del Plan Cóndor- acusó formalmente al ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) César Alejandro Enciso -extraditado desde Brasil, tras permanecer prófugo-, por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención «Automotores Orletti». Enciso fue acusado por el secuestro y desaparición de cuatro personas, entre ellos, dos uruguayos, Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez. Asimismo, el fiscal formuló acusación contra tres ex efectivos de la Policía Federal que prestaron funciones en ese centro clandestino. El fiscal acusó al ex jefe de la Policía Federal, José Néstor Gerrer -que prestó servicios en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal- y a los ex inspectores de la División de Asuntos Extranjeros, Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, según informó el portal web de la Fiscalía Argentina. En su alegato, el fiscal Ouviña contextualizó los crímenes perpetrados en Automotores Orletti, en el marco de la concertación represiva del Plan Cóndor. En este expediente -anexado al principal- la imputación incluyó los delitos cometidos contra nueve personas que fueron secuestradas por los servicios de seguridad, trasladadas a ese centro clandestino de detención y torturadas. En ese marco, Ouviña definió a Orletti como un enclave argentino del Plan Cóndor, asociado principalmente a la persecución y represión de ciudadanos uruguayos, chilenos y bolivianos. Ouviña detalló -en línea con la tesis presentada en el proceso principal- que las fuerzas represivas desarrollaron un “plan criminal”, que implicó el secuestro clandestino, el interrogatorio por torturas, alojamiento y tratamiento inhumano de opositores políticos, y su liberación o “disposición final”, un “eufemismo del asesinato y encubrimiento de todos los rastros mediante la técnica de desaparición, esta vez, de los cuerpos de las víctimas”. Para esto “se establecieron diversos tipos de mecanismos de coordinación y apoyo mutuo” entre las fuerzas represivas, de forma de compartir información de inteligencia y el desarrollo de operativos conjuntos. En este sentido, el fiscal estableció que en la planta alta de Orletti “había una gran máquina con la que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás” que “las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso, que había sido inundado de agua y sal gruesa. Este era el método conocido como ‘la colgada’, ‘la máquina’ o ‘el gancho’ y que en Oreletti era usado junto con el traspaso de energía eléctrica al cuerpo del prisionero, que se intensificaba cuando se les arrojaban baldazos de agua”. A esas técnicas de tortura se sumaron las “brutales golpizas”; el “teléfono”, que consistía en golpes en los oídos; el “submarino seco”, es decir, la asfixia con bolsas, o “el submarino mojado”, con inmersión de la víctima en agua u otros líquidos; las quemaduras con cigarrillos, el “plantón” -obligación de permanecer parado en extensos períodos-; simulacros de fusilamiento y la presencia de la tortura de seres queridos. “Es necesaria esa visión conjunta, porque comprende un universo tan atroz que resulta difícil de imaginar. Que esa atrocidad sea difícil de imaginar tampoco es algo casual. Esto es así, porque no solamente fue un plan sistemático de represión. El ocultamiento y lo que implica la desaparición de personas, también fueron sistemáticos. Tuvieron una finalidad concreta. Eran formas de negar lo ocurrido, de lograr impunidad”, expresó Ouviña ante el Tribunal. La banda de Gordon El principal acusado en este expediente es el ex agente de la SIDE, César Enciso -extraditado desde Brasil, tras permanecer prófugo-. Enciso era un “matón” de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), integrante “de la banda de Gordon” -del agente parapolicial Anibal Gordon, que estuvo vinculado con la Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A), que pregonaba -al igual que los demás integrantes- una ideología de extrema derecha. En este marco, el fiscal Ouviña estableció que Enciso, (a) Pino o Polaco, tenía una estrecha relación con Gordon desde 1973 y que integró la SIDE como inorgánico al menos desde 1974. En 1976, se incorporó al equipo de represores que actuaron en Automotores Orletti y se mantuvo operativo al servicio de la SIDE, tras el cierre del centro clandestino. Ese mismo año, se casó con la hija del ex jefe de la SIDE, Otto Paladino. Enciso “participó de la privación ilegítima de la libertad, sometimiento a tormentos y asesinatos perpetrados por la Banda de Gordon mientras ese centro clandestino de detención estuvo en funcionamiento”, aseveró el fiscal. Su participación en estas actividades fue certificada por el testimonio de varios sobrevivientes y por informes de inteligencia de la Policía bonaerense, ya que tras el retorno de la democracia fue investigado por crímenes comunes cometidos durante la dictadura por “la banda de Gordon”. Sin embargo, el fiscal Ouviña sólo pudo imputar a Enciso por la privación ilegal de la libertad de cuatro víctimas, ya que así lo establece la sentencia de extradición del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que limitó la extradición a los hechos vinculados con personas que aún continúan desaparecidas, ya que Brasil no firmó la Convención contra la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad. Según la jurisprudencia brasilera todos estos hechos están prescriptos, con excepción de las privaciones ilegítimas de la libertad de personas que permanecen desaparecidas, porque son delitos permanentes y hasta que la persona no aparece no cesa su comisión, señala el portal web de la Fiscalía Argentina. En este marco, la acusación incluye el secuestro y desaparición de los militantes del PVP, Gerardo Gatti y Julio Cesár Rodríguez y de las argentinas Manuela Santucho y su cuñada, Cristina Navajas. Gatti -quien fue presidente del Sindicato de Artes Gráficas y fundador de la CNT- fue secuestrado el 9 de junio de 1976, trasladado a Orletti y brutalmente torturado. Tras su detención, los represores solicitaron un rescate por 2.000.000 de dólares. Gatti permanece desaparecido. Su hija Adriana fue secuestrada en 1977, mientras estaba embarazada, y fue asesinada y desaparecida. Su cuerpo fue sepultado como NN en un tumba del cementerio de la Chacarita; fueron identificados en 1983. En tanto, Julio Cesár Rodríguez tenía 20 años y fue integrante de la ROE hasta que se exilió en la República Argentina junto a su esposa. Allí se integró al PVP. Fue secuestrado el 15 de junio de 1976, cuando ingresaba a la fábrica en la que trabajaba, donde lo estaban esperando dos personas de civil y miembros del Ejército. Después del paso por una comisaría, fue llevado a Orletti. Allí fue torturado; fue el último lugar donde se lo vio con vida. Desde entonces, permanece desaparecido.

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