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Berta Cáceres, crimen de Estado: Un secreto a voces

El gobierno posgolpista hondureño fue cómplice junto a la hidroeléctrica Desa en el asesinato de la dirigente lenca Berta Cáceres -y en los de tantos luchadores ambientalistas y campesinos-. Así lo demuestra el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas.

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Por Manuel González Ayestarán

  “[…] Fíjese que nos acaban de informar que los copines [integrantes del Copinh] van a presidencial. Yo acabo de presentar la denuncia ante la Fiscalía. ¿Sabe si su tío pudo hablar con el ministro de seguridad? (Mensaje de un directivo de la empresa Desa, el 15 de julio de 2015, en un chat colectivo). Honduras no es un país que en la agenda mediática hegemónica se asocie con presos políticos. Esto puede deberse a que la alianza entre el capital y el Estado hondureño (apéndice de Washington) directamente los ejecuta en connivencia con el silencio del establishment mediático y jurídico internacional. El informe presentado el 31 de octubre por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, (Gaipe) Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres, ha arrojado luz sobre lo que ya era una secreto a voces: la complicidad del Estado hondureño y la empresa Desarrollos Energéticos (Desa) en el asesinato de la líder lenca por su liderazgo en oposición al proyecto hidroeléctrico. Asimismo el texto deja claro que el caso de Berta en absoluto es un suceso aislado y que supone una práctica habitual tan denunciada como ignorada por el establishment mediático y jurídico internacional, cuyas sensibilidades están copadas, casualmente, por aquellos gobiernos que dificultan la expansión del dominio estadounidense en la región. “La existencia de reuniones de socios y directivos de Desarrollos Energéticos (Desa) con ministros de Estado, diputados y jefes de las fuerzas de seguridad fue frecuente desde el año 2012, según se desprende de las conversaciones sostenidas entre los directivos y socios de la empresa. Ese apoyo permitió a empleados de Desa llegar a dirigir operativamente las fuerzas de seguridad del Estado -policías y miembros del Ejército- en acciones de represión en contra de las comunidades integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), así como desplegar operativos para efectuar ataques en contra de Berta Isabel Cáceres Flores”, señala el informe del Gaipe. Este equipo está compuesto por cinco juristas procedentes de Estados Unidos, Colombia y Guatemala con amplia experiencia en causas ligadas a violaciones de los derechos humanos. Tras un año de investigaciones, este equipo sostiene que “la política de explotación de recursos naturales ha intensificado el despojo, en particular, el despojo de los territorios del pueblo lenca por parte de terratenientes, empresas mineras, hidroeléctricas y madereras, quienes, han implementado estrategias orientadas a la ruptura del tejido social y el incremento de los niveles de violencia a través de asesinatos, persecución legal, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”. Esto es algo que la misma Berta y sus compañeros del Copinh llevaban años denunciando entre amenazas, agresiones y asesinatos, que siempre se vieron opacados en la opinión pública internacional por los mediáticos llantos de los mártires de la burguesía. Desde el golpe de Estado llevado a cabo contra Manuel Zelaya con la venia de la administración Obama, el nuevo gobierno dio carta blanca a las empresas mineras e hidroeléctricas nacionales y extranjeras para la explotación de la región. Desde entonces, se han multiplicado los crímenes y amenazas contra activistas sociales y medioambientales que defienden los derechos de los campesinos e indígenas expulsados de sus tierras. Sólo entre 2010 y 2014 fueron asesinados más de 100 defensores del medioambiente, según el informe de la organización Global Witness. “Las agresiones en contra de Berta Isabel Cáceres Flores son consecuencia de haber sido considerada como ‘enemiga’ por su liderazgo como mujer, indígena, ambientalista, líder política y social, comprometida con las demandas sociales frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medioambiente”, subraya el texto. “La prueba existente es concluyente respecto a la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de Desa en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, añade el estudio, con base en el análisis de conversaciones telefónicas de directivos y empleados de Desa con sicarios, exmilitares y miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas. El informe sostiene además que “la alianza de las fuerzas de seguridad con Desa permitió que los directivos y empleados de dicha empresa tuvieran información privilegiada […] sobre las diligencias de investigación y orientaran las hipótesis que se manejaron por agentes del Estado a menos de 24 horas de haberse consumado dichos crímenes”.   Complicidad previa En este sentido, los expertos subrayan que las alianzas de Desa con el Estado hondureño llegaron a desviar la investigación desde su inicio, tratando de que el crimen se asociase a motivos pasionales e incriminando a integrantes del Copinh. Efectivamente, siguiendo el mandato de los directivos de Desa, “el Ministerio Público se centró en investigar a personas integrantes del Copinh y a otras que tuvieron relaciones personales con la víctima con el fin de presentar el asesinato como un crimen pasional. Asimismo se han obviado las líneas y diligencias de investigación que conducen a identificar la estructura completa de personas involucradas en el planeamiento y la ejecución del crimen”, asegura el Gaipe. Según los expertos, la complicidad de las autoridades del gobierno posgolpista de Juan Orlando Hernández se inicia años antes del crimen, ya que se ha probado que las autoridades tenían conocimiento de que Berta Cáceres estaba sufriendo una suerte de persecución. “Desde el mes de noviembre de 2013, en el marco de las medidas cautelares, las autoridades de Honduras tuvieron conocimiento de los seguimientos a que era sometida Berta Isabel Cáceres Flores, así como de los mensajes procedentes de un número no conocido que recibía, en los que se ponía de manifiesto el conocimiento de sus desplazamientos. Ante ello no se realizó ninguna actuación tendiente a establecer los orígenes de los mismos, conociéndose con el paso del tiempo, posterior a su muerte, que provenían del teléfono de personas vinculadas a Desa, relacionadas más tarde con el homicidio de Berta Isabel Cáceres Flores”, reza el informe. La investigación recuerda también que el 9 de marzo de 2015 Cáceres había solicitado a la Secretaría de Seguridad que se reforzara la seguridad del muro perimetral que protegía su residencia. El Gaipe señala que la única respuesta que recibió la líder ambientalista fue: “Seamos razonables en lo peticionado y deseo manifestarle con toda responsabilidad y decirle categóricamente que el muro de su casa […)]no podemos construírselo”. Sin embargo, un año después sus ejecutores entraron y salieron libremente de su vivienda, la cual no contaba con ninguna de las medidas de protección que ella había solicitado previamente. “No deja de ser particularmente inquietante la confluencia de funciones en la Secretaría de Seguridad, entidad de tenía a su cargo la adopción de medidas de protección a favor de Berta Isabel Cáceres Flores. Esta misma entidad manejaba a su vez la protección de Desa, lo que se revela en las comunicaciones del personal directivo”, agrega el informe.   Política de despojo El régimen de acumulación a costa del despojo y sometimiento de las comunidades campesinas y los pueblos originarios hondureños ha hecho que actualmente estos estén confinados a una extensión de uno por ciento del territorio del país. Apenas meses después del golpe de Estado efectuado contra Manuel Zelaya, el presidente de facto, Roberto Micheletti, otorgó concesiones hidroeléctricas que se iniciaron con el anuncio de licitación internacional realizado por el ente público Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para contratar 250 MW de energía renovable. En el marco de ese proceso, la ENEE dispuso la compra de 225 MW a 47 proyectos privados, entre los que se encontraba la concesión del río Gualcarque a la asesina Desa para la construcción del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, situado en territorio lenca. Esto se hizo sin haber realizado una consulta previa, informada y de buena fe, tal como prevé el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que el derecho hondureño incorporó en 1995. Desde este momento, según se informó al Gaipe, la presencia de Desa desencadenó manifestaciones de rechazo comunitario hacia la construcción del proyecto Agua Zarca que fueron ignoradas por el gobierno. Según informó el Gaipe con base en comunicaciones sostenidas entre socios, directivos y empleados de Desa, la empresa carecía de los recursos económicos para construir el proyecto Agua Zarca en 2010 y 2011. Sin embargo, su fortaleza “radicó siempre en las relaciones de los socios y directivos con agentes de gobierno en el ámbito local, nacional e internacional”. Esto permitió a los socios y directivos de la compañía acceder a financiamiento de entidades internacionales. Estos dineros, “además de ser empleados en la construcción del proyecto hidroeléctrico, fueron utilizados para el pago de acciones de control, neutralización, y castigo de las personas que eran consideradas ‘enemigas’. También les permitió contar con recursos humanos proveídos por las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales llegaron a estar bajo la dirección de agentes de seguridad privada de la empresa y directivos de la misma”. La asociación entre la empresa asesina y el Estado llegó a un nivel de evidencia extremo cuando este último instaló unidades de la Policía Preventiva y del Batallón Nº 10 de Ingenieros de Siguatepeque en las áreas donde se estaba llevando a cabo a la construcción del proyecto privado. Las mismas fuerzas del Estado velaban por las instalaciones de la empresa y llegaron a asesinar al líder del Copinh Tomás García y a herir a Allan García y a Desiderio Méndez en el marco de una protesta realizada el 15 de junio de 2013. El nivel de impunidad es tal que la defensa penal del soldado que disparó sobre ellos fue pagada por la propia Desa. Desde entonces, el Copinh llevó a cabo sucesivas denuncias sobre allanamientos sin orden judicial, desalojos forzados, detenciones arbitrarias y actos de intimidación, como tomas fotográficas, videos, retenciones de los vehículos de transporte de las comunidades de Río Blanco que protestaban contra el proyecto hidroeléctrico, según el Gaipe. Todas ellas fueron ignoradas.

Campaña contra Cáceres
“En mi opinión habría que publicar fotos del carro que anda Berta, fotos de su casa e información de todos los lujos que se está permitiendo, incluso que a sus hijos los tiene estudiando en Argentina. En resumen, que se está enriqueciendo a costa de los demás”, señaló una empleada de Desa en un mensaje publicado por el Gaipe. Los expertos han sabido que la empresa financió un equipo de expertos y asesores para conformar toda una estrategia que incluyó el pago a periodistas para difundir campañas de desinformación y ocultar los procedimientos arbitrarios en contra del Copinh y de Berta Cáceres.
 
“¡Indios chancletudos y extorsionadores!”
En el informe del Gaipe se citan varias conversaciones de directivos y socios de Desa en los que se expresa un racismo manifiesto hacia la comunidad lenca: “Estos indios creen que las mujeres van a quedar infértiles por la presa” (Mensaje de un alto directivo de Desa, 4 de diciembre de 2013). En referencia a las personas pertenecientes a la cultura lenca: “¿Medio indio? […] Así les digo yo a los indios de Agua Zarca para no identificarlos como lencas indígenas. Les digo ladinos porque no son legit lencas”. Esas expresiones fueron también usadas por un directivo de Desa, quien, según se refleja en las comunicaciones, les dijo a miembros de la comunidad: “¡[…] indios chancletudos y extorsionadores!”.

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