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Indagatoria judicial

Fiscalía descartó ilícitos en negocios entre Uruguay y Venezuela

La denuncia penal promovida por tres diputados, uno de los cuáles renunció a su cargo, sobre presuntos ilícitos en el gobierno de José Mujica sufrió su primer revés judicial: la Fiscalía dijo que no existen indicios de irregularidades en los negocios de Uruguay con Venezuela.

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Los diputados Rodrigo Goñi y Jaime Trobo (Partido Nacional) y el ex diputado Gonzalo Mujica (escindido del Frente Amplio) se presentaron ante la Justicia para denunciar hechos de apariencia delictiva durante el gobierno de José Mujica. En un escrito de 50 páginas -firmado por el abogado Enrique Möller- los legisladores sembraron dudas sobre los negocios entre Uruguay y Venezuela, en el marco de los acuerdos de cooperación de intercambio comercial, y sobre los préstamos otorgados por el Fondo de Desarrollo (Fondes).

Los diputados referían a “intervenciones arbitrarias y/o abusivas en el comercio exterior con Venezuela, al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno en una primera parte y a la concesión de fondos públicos en la segunda”, según el texto de la denuncia publicada en mayo de 2017, por el diario El País.

En particular, los tres legisladores -con el patrocinio del abogado Enrique Möller- cuestionaron la intervención en estos negocios de las empresas Envidrio, Atlansur, Urutransfor y Aire Fresco SA, vinculadas con el Movimiento de Participación Popular (MPP). Una denuncia similar, pero que sólo refería a los negocios de Aire Fresco, había sido presentada por el abogado Gustavo Salle, un tiempo antes.

Tras la presentación de la denuncia, los legisladores emprendieron un duro embate mediático con un objetivo claro: el ex presidente José Mujica. En este contexto, Goñi dijo que “hubo muchísimos millones de dólares que fueron indebidamente usados por el gobierno” y que existían “conductas que tienen apariencia de corrupción”. Trobo fue más enfático: “se montó una organización para financiar actividades a partir de comisiones e intermediación con volúmenes de dinero impresionantes. (El gobierno) decidió ilegítimamente que personas o empresas vinculadas a quienes estaban en la conducción del Estado, se vieran beneficiadas”.

El hecho generó un intensa investigación judicial, que implicó la citación de varios jerarcas y ex jerarcas del gobierno y del conjunto de empresas vinculadas con los acuerdos comerciales. Sin embargo, tras esa investigación el fiscal Luis Pacheco desestimó -en un dictamen presentado sobre fines de 2017- la existencia de irregularidades en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas.

En este punto, “la Fiscalía entiende agotada la instrucción, y no advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva. En efecto, de acuerdo a las resultancias de la prueba diligenciada, las empresas uruguayas no eran seleccionadas por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo”.

“Por otra parte, consta que la denuncia no ha sido presentada por parte de ninguna empresa eventualmente interesada en negociar con las empresas estatales venezolanas, por lo que no surge prima facie un presunto favorecimiento estatal a alguna empresa en particular, sino en todo caso la instrumentación entre Estados de un marco general o plan estratégico -que incluyó la creación de una Comisión Binacional de Planeamiento y Seguimiento- a los efectos de favorecer la concreción de negocios de comercio exterior”, expresó Pacheco, según el dictamen al que accedió Caras y Caretas. La postura, empero, no supone un pedido de archivo, ya que el resto del expediente aún sigue en trámite. Asimismo, el fiscal -que tiene a su cargo todas las causas de Crimen Organizado que se tramitan bajo el CPP 1980- aún no se pronunció en relación a la denuncia penal presentada por el abogado Gustavo Salle, sobre los negocios de Aire Fresco SA.

Fondes, sin controles

Sobre fines de 2009, el entonces electo presidente de la República, José Mujica, decidió cumplir con una de sus consignas de la campaña y promover la participación de la oposición en la gestión de los organismos públicos. “Le vamos a pedir a la oposición que ocupe los cargos que le corresponde para que nos controle”, afirmó Mujica. Este fue uno de los “cambios” del segundo gobierno del Frente Amplio con relación a la primera gestión, liderada por Tabaré Vázquez, en la que la falta de acuerdos políticos implicó que todos los organismos tuvieran representantes sólo del oficialismo.

Uno de los elegidos para ejercer esas tareas de “control” fue Rodrigo Goñi. Abogado e integrante de Alianza Nacional -sector liderado por Jorge Larrañaga-, Goñi asumió un cargo en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Allí estuvo casi tres años, hasta que decidió “pedir pase” en la interna nacionalista al sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou. En las elecciones de 2014, Goñi fue electo diputado y se convirtió en uno de los legisladores más activos del Partido Nacional.

En particular, en relación a las denuncias contra el anterior gobierno y, sobre todo, en relación a la gestión del Fondes. Ese tema formó parte de la denuncia presentada por Goñi, Trobo y Mujica ante la Justicia. Allí se apuntaba a los créditos otorgados por el Fondes a empresas recuperadas, entre ellas, Pressur, Funsacoop, Envidrio y Alas U. Pero la situación de Goñi cambió en setiembre de 2017: el ex director de Industria, Sebastián Torres, declaró ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado que uno de los denunciantes, Goñi, era integrante de Conafin Afisa, el fideicomiso de la CND que se encargaba de definir la entrega de los créditos a las empresas.

El testimonio de Torres sorprendió a todos los presentes en el Juzgado, incluido el propio Möller. Y generó dudas en la Fiscalía. Por este motivo, el fiscal Pacheco pidió la citación de Goñi en calidad de indagado, con vistas a que explique su participación en Conafin Afisa y cuáles eran los controles que aplicaba el fideicomiso para el otorgamiento de los créditos.

Goñi declaró el lunes 5 y el fiscal apuntó directo a ese punto: “¿Cuáles eran las atribuciones de Conafin Afisa dentro de todas esas cadenas de pasos en los que se dividía el otorgamiento de un préstamo por parte del Fondes?”. La respuesta de Goñi generó dudas. El legislador denunciante dijo que, por contrato, la aprobación de los créditos le correspondía exclusivamente al Fondes y que el fideicomiso tenía una incidencia menor en el proceso, ya que no participaba ni en la aprobación del crédito ni en sus antecedentes ni en su resolución.

Conafin Afisa -al decir de Goñi- entregaba el dinero a pedido del Fondes: “El que prestaba el dinero era el Fondes, Conafi Afisa era solamente un administrador de los fondos y actuaba exclusivamente en función de las instrucciones que le daba el Fondes, porque los fondos eran del Fondes […] Conafin Afisa actuaba meramente en su rol de fiduciario”, dijo. Asimismo, el legislador se escudó en el escaso tiempo que integró Conafin Afisa, ya que el contrato con el Fondes se firmó “en marzo, abril de 2012”, los primeros créditos se otorgaron en setiembre y él renunció a la CND en febrero de 2013.

Por este motivo, dijo que sólo participó en la concesión de “no más de 4 o 5 financiamientos a través del fideicomiso”, y que en todos los casos se resolvieron “a instrucción precisa del Fondes”. Ante esto, el fiscal Pacheco preguntó si durante ese período en Conafin Afisa detectó presuntas irregularidades en el otorgamiento de los créditos “En esos créditos que yo participe como director de Conafin venían con informe recomendando la aprobación; era lo que básicamente como más grueso debía mirar, que hubiera un informe técnico que recomendara la resolución que nos venía como parte de la instrucción […] No evaluábamos los informes evaluatorios, no nos correspondía la evaluación de los informes técnicos”. Y afirmó que las irregularidades las comenzó a detectar al asumir como diputado y comenzar a interiorizarse de los préstamos que se otorgaron a su salida de la CND y dijo que tenía nuevos elementos para probar créditos irregulares a las empresas del Fondes, que quedó en presentar ante la Sede en los días posteriores.

Un acto protocolar

Las respuestas de Goñi, sin embargo, abrieron una grieta que los abogados de los ex jerarcas del gobierno investigados (Torres, Gabriel Frugoni y Pedro Buonomo, entre otros) procuraron explotar. Los abogados apuntaron a que Goñi participó en la cesión de un crédito que luego fue denunciado por él mismo ante la Justicia. La referencia era al primer préstamo a Envidrio (por 5,5 millones de dólares) que mencionan en la denuncia.

El primero fue el abogado Andrés Ojeda: “¿Usted personalmente firmó alguno de los préstamos que a posteriori denunció?”. “Es probable que como director de Conafin Afisa y luego de recibir precisas instrucciones del Fondes como propietarios de los fondos y responsable de la decisión y otorgamiento del préstamo y cumpliendo el mandato fiduciario haya firmado el documento de ejecución de ese préstamo otorgado por el Fondes”. Ante lo cual, Ojeda volvió a insistir: “¿Previo a haber sido designado diputado no profundizaba en el otorgamiento de los préstamos del Fondes?”. “No lo recuerdo”, se limitó a contestar Goñi.

La abogada Laura Robatto continuó en la misma línea y le preguntó cuáles eran las potestades de los directores de Conafin Afisa ante la existencia de un crédito que no cumplía con los pasos para recibir un préstamo del Fondes. Goñi insistió: “Conafin tenía la obligación de cumplir las instrucciones y de corroborar los requisitos que el Fondes instruía se cumplieran porque muchas veces el Fondes iba modificando aspectos formales”, como la constitucion de garantía, “pero la última palabra la tenía el Fondes”.

Robatto insistió y preguntó si el Directorio de Conafin Afisa tenía potestades para negar la entrega de un préstamo. “En un Estado de Derecho en especial en el ámbito del derecho público si se observara, por ejemplo en el caso de una flagrancia sobre un ilícito, como todo director público podría negarse a cometer un ilícito […] durante los pocos meses que yo estuvo nos cerciorábamos de que hubiera una resolución fundada de parte del Fondes. Con eso entendíamos que debía cumplirse la instrucción de lo contrario, podríamos haber incurrido en responsabilidad contractual”, declaró.

Al ser preguntado por la abogada, Goñi reconoció que firmó el préstamo a Funsacoop y que “si hubiera constatado un indicio delictual no hubiera firmado”. La abogada le preguntó si durante ese período se opuso a alguno de los préstamos: “No recuerdo, creo haber firmado muy pocos, 1 o 2, y participado en el directorio no más de media docena”, contesto.

Y Robatto lo interrogó sobre los motivos por los cuales en su calidad de director de la CND e integrante del Directorio de Conafin Afisa no profundizó en el alcance de los créditos que actualmente denunció ante la Justicia. Goñi dijo que su función era meramente protocolar, de firmar el documento: “Nosotros cumplíamos con recibir la instrucción del Fondes para entregar los fondos, no era mi responsabilidad profundizar sobre la evaluación y viabilidad del proyecto, le correspondía exclusivamente al Fondes”.

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