Primera desaparición forzada en el gobierno de Mauricio Macri

¿Qué hicieron con Santiago Maldonado?

Por Sebastián Premici
desde Esquel (Chubut, Argentina)

El miedo que te persigue como la sombra. El miedo que te hace sospechar de cada persona que pasa a tu lado. Un miedo que penetra en los huesos como el frío seco de la cordillera. Miedo. Desde hace un año y medio, el gobierno de Mauricio Macri reflotó la vieja máquina de disciplinar a la sociedad a través del miedo: despidos, estigmatización, injurias, mentiras, represión. Y desde hace un mes, la desaparición forzada de personas.

Lía Pérez es médica. Trabaja con las comunidades de pueblos originarios en los distintos hospitales públicos de Esquel, El Bolsón, Epuyen, El Maitén, todos ubicados en la zona conocida como la Comarca, en la provincia de Chubut. También integra la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y está muy involucrada con los integrantes del Pu Lof Resistencia Cushamen, ubicado en Leleque (Chubut), donde está asentada una de las megaestancias de Luciano Benetton.

Desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a Lía la fueron a buscar en cuatro oportunidades distintos efectivos de las fuerzas de seguridad federales. ¿El objetivo? Intimidarla.

“¿Sabés si fue al territorio últimamente? ¿Tuvo contacto con los mapuches? ¿Sabés qué está haciendo ahora?”, preguntaban insistentemente los uniformados a sus compañeros de trabajo. Un interrogatorio en el medio del campo cordillerano.

Gustavo Macayo es dueño de una librería ubicada en el centro de Esquel. Pero también es el abogado que patrocina al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado (recaratulada bajo esta figura jurídica hace menos de diez días) y en el segundo expediente por el habeas corpus presentado por diferentes organismos de derechos humanos.

El lunes 28 de agosto por la tarde, una agente de la Policía de la provincia de Chubut se acercó a la librería ubicada en una calle céntrica de la ciudad con aparente “vocación de servicio”. “Queremos saber todos sus números de teléfonos, el certificado de habilitación del local y seguro”, inquirió la agente, con tono amable. “¿Por qué?”, preguntó Macayo. “Por seguridad, por si ocurre algún atentado”, fue la respuesta de la oficial. La cara del abogado fue la misma que puso cuando vio su rostro en un listado de periodistas, médicos y abogados espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), actualmente comandada por un amigo de Macri, Gustavo Arribás.

¿Por qué debería ocurrir un atentado? ¿Por qué una agente policial utilizó esa palabra? ¿Fue una visita de rutina o una amenaza no tan solapada? La respuesta no importaba. Lo que quedó sobrevolando en el aire fue el miedo. De la misma manera que sobrevuela por la ciudad el helicóptero de la Gendarmería, algo que no era habitual en esa localidad turística.

El 1º de agosto de este año, la Gendarmería Nacional, una fuerza federal que depende del Poder Ejecutivo (Ministerio de Seguridad), se llevó con vida a Santiago Maldonado, un artesano que comulgaba con la lucha de los pueblos originarios y se había acercado al Pu Lof Resistencia de Cushamen (al noroeste de la provincia de Chubut), donde una comunidad mapuche reclama la restitución de sus tierras al Grupo Benetton desde los primeros meses de 2015.

La desaparición de Santiago no fue un hecho aislado, un error o un exceso de las fuerzas de seguridad, que desde hace 18 meses suelen excederse con más frecuencia. Fue la consecuencia de un accionar planificado y coordinado por el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, resultó ser la respuesta a un insistente reclamo de los empresarios rurales y ganaderos de la región, que desde enero de este año venían reclamando la represión a los pueblos originarios.

Macri llegó al poder con el apoyo de los sectores más concentrados de la economía local, sobre todo los vinculados a las actividades especulativas, agrícola ganaderas, energéticas, los dueños de la tierra. Estos actores siempre gravitaron en el poder económico local. La diferencia radica en que desde diciembre de 2015 colocaron en la Casa Rosada a uno de los suyos, un heredero directo del plan económico de la última dictadura cívico militar.

“Se ha desatado mucha fobia y esto tiene que ver con una lucha de clases. El indígena, mientras no reclama, es parte del folklore; el que se adapta. Pero cuando empieza a reclamar pasa a ser un enemigo de clase. Lo que se está discutiendo es el poder territorial, hay una disputa de territorialidad y el capital privado no se lo banca. De ahí que algunas organizaciones, como la Sociedad Rural, pretendan disciplinar con la violencia”, sostiene el historiador Jorge Oriola.

La última vez que lo vieron a Santiago Maldonado con vida, la Gendarmería se lo llevaba a rastras. La persona que comandó el operativo fue Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad. Este funcionario, defensor de represores vinculados a la última dictadura cívico  militar en Argentina, movilizó a la estancia de Benetton a 127 gendarmes y tres camiones Unimog para desalojar de la Ruta Nacional 40 a siete mapuches y un amigo de la comunidad, tal el caso de Santiago.

“Puede ser que todavía lo tengan o no; puede ser que ya no esté. No lo sabemos. Sólo sabemos que se lo llevó Gendarmería. Están utilizando todos los métodos posibles para frenar la lucha social. A este gobierno no le importan los pobres, a este gobierno lo único que le importa es explotar al pueblo y generar más capital. Obviamente van a detener a todo aquel que piense diferente, por eso es necesario no bajar los brazos, ese es el miedo que está mostrando el gobierno; le tiene miedo a los luchadores sociales”. Quien habla es un werken (huerquen, portavoz) del Pu Lof en Resistencia Cushamen, uno de los ocho jóvenes perseguidos por Gendarmería el pasado 1º de agosto.

El miedo es la constante que atraviesa a todos los habitantes de la región. Es un miedo que apunta a romper los lazos de solidaridad, los mismos que mostró Santiago cuando se acercó a la Ruta Nacional 40 para ofrecer su apoyo a la recuperación de tierras.

“Cuando la gendarmería ve al muchacho blanco, con más bronca lo van a agarrar. Esto tiene que ver con la represión de la solidaridad. Es obvio que hoy en día la solidaridad no es bien vista por este gobierno en ninguna de sus capas. Entonces, acá hay un mensaje. ‘Cuidado, no solamente los mapuches pagarán el pato, sino cualquiera que los esté apoyando’”, sostuvo la investigadora Diana Lenton.

 

La planificación

Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada se empezó a erigir como “chivo expiatorio” de una nueva escalada autoritaria a las comunidades mapuches, a partir de hechos violentos firmados por Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La cara más visible de esa estigmatización y construcción de un “enemigo público” ha sido el lonko Facundo Jones Huala, hoy preso en Esquel a la espera de un nuevo juicio de extradición a Chile.

“Argentina tiene historia en la lucha contra la subversión. Espero que no se vuelva a ese conflicto”, sostuvo en febrero de este año el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, una de las principales patronales agrarias que nuclea a las diferentes sociedades rurales del país.

Unos días antes, el 28 de enero, el presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Martín Zimmermann, manifestó: “Queremos plantearle a la ministra [Patricia Bullrich] la posibilidad de que las fuerzas nacionales se involucren en el problema. Si la Policía provincial no da abasto, es bueno que pueda actuar más gendarmería”.

El pedido empresarial ya estaba hecho. Había que sacarse de encima a los “indios” que ensucian los negocios territoriales de un puñado de empresarios. Desde febrero de este año, luego de una primera represión sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el gobierno nacional ideó la escalada contra las comunidades mapuches.

Ya con Santiago Maldonado desaparecido, el 8 de agosto la Sociedad Rural Argentina, que tiene asiento en el barrio porteño de Palermo y cuyo titular, Luis Miguel Etchevehere, es un aliado político empresarial del presidente, emitió un comunicado felicitando el accionar del Estado por su lucha contra “la impunidad de los grupos delictivos y violentos del sur”. Cuarenta años atrás, la misma entidad había publicado una solicitada para saludar el primer aniversario de la dictadura.

En 1977 y en 2017, la SRA afirmó que una parte de la sociedad era “víctima del hostigamiento y el violento ataque de grupos delictivos”. Hace 40 años, los destinatarios de esas palabras eran las organizaciones guerrilleras, y ahora, los pueblos originarios.

Tal línea de continuidad no es menor y, muchos menos, arbitraria. Los fundadores de la SRA fueron los principales beneficiarios de la distribución de tierras en el país luego de la Conquista del Desierto.

La llamada campaña del desierto estuvo organizada para establecer las fronteras del Estado nación y fue financiada por quienes se apoderaron de las tierras usurpadas durante la expansión territorial. A partir de la ley 947 se beneficiaron 391 personas con 8.548.817 hectáreas repartidas en La Pampa, Río Negro y Neuquén (Jorge Páez, La Conquista del Desierto).

La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882, por su parte, puso a disposición de enormes terratenientes la cifra de 5.473.033 hectáreas de tierras fiscales pampeanas y patagónicas y lo mismo ocurrió con 820.305 hectáreas fiscales vendidas a un centenar y medio de particulares a través de la ley 1.552, titulada de “derechos posesorios”.

El 5 de setiembre de 1885 fueron otorgadas 4.679.510 hectáreas en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego a 541 personas.

En total, para aquel año ya se habían “transferido” desde el Estado a los grandes terratenientes un total de 19.621.665 hectáreas. Jacinto Oddone elevó a poco más de 34 millones las hectáreas de tierras entregadas, en donde 24 terratenientes habían engrosado sus pertenencias.

En 25 años fueron entregadas más de 30 millones de hectáreas, es decir, el equivalente a la extensión de tierras que hoy están bajo cultivo en la Argentina.

 

Tubo de ensayo

Entre Esquel y El Bolsón hay 160 kilómetros. En el medio está el Pu Lof Resistencia, cuyos integrantes recuperaron su territorio a principios de 2015. De cualquier lado de la ruta, a la derecha o izquierda, norte, sur, este y oeste, y con un horizonte que supera todo límite visual, lo único que se aprecia tras los prolijos alambrados es la tierra de Benetton. Este empresario italiano posee casi un millón de hectáreas desparramadas por toda la Patagonia. Esas tierras fueron adquiridas a una compañía inglesa en la década menemista. Para Benetton, no representan más de 10 por ciento de la producción total de lana que utiliza en el mundo. Para las comunidades mapuches, son su historia. Para el gobierno de Mauricio Macri, una excusa para disciplinar al resto de la sociedad.

¿Qué habría pasado si, en vez de a Santiago, la Gendarmería hubiera desaparecido a un integrante de la comunidad mapuche? “Vinieron a cargarse a un indio y se encontraron con un compañero”, resumió el portavoz del Pu Lof Resistencia en diálogo con este cronista.

De no haber sido Santiago, la sociedad argentina, sus medios de comunicación, los integrantes del Congreso, ¿hablarían del desaparecido por el gobierno de Macri? Desde el 1º de agosto, o incluso un poco antes, Esquel se convirtió en un nuevo tubo de ensayo del macrismo, así como Jujuy fue el primer ensayo autoritario con la detención ilegal de Milagro Sala.

¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Qué hicieron con Santiago Maldonado? ¿Quién era Santiago? La falta de respuestas genera una sensación de abismo, dolor, tristeza, bronca, enojo, furia. “El mensaje es simple: ‘Podemos hacer mierda a cualquiera’, al mismo tiempo que la sociedad empieza a consumir un discurso que justifica al monstruo”, concluyó Lía Pérez. Ahí gana el miedo. Por ende, se abre una nueva puerta hacia el autoritarismo.

3 Comentarios en "¿Qué hicieron con Santiago Maldonado?"

  1. paulina Guyunusa de Vaimaca | lunes 4 de septiembre de 2017 en 10:31 pm | Responder

    ¡¡ M´ej etriek m´ijtomau inchala… !!

  2. DENUNCIAMOS LAS NUEVAS RACIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN URUGUAY

    MINISTRO NO QUEREMOS RACIAS EN INTERNET, TENEMOS DERECHO A MANIFESTARNOS Y DAR NUESTRAS OPINIONES, NO QUEREMOS QUE USTED USE EL PODER DEL ESTADO EN CONTRA DE NUESTROS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESION

  3. Queremos que se hagan publicos el listado de MENORES DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA 2017 EN URUGUAY, MINISTRO HAGA PUBLICO LOS NOMBRES

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