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El cerebro de Ignacio Álvarez y Gabriel Pereyra

Huelen a mierda

Por Alberto Grille.

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Caras y Caretas Diario

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“No se lo comen ni los buitres” Uno se imagina que todos queremos que los uruguayos accedamos a los mejores prestadores de salud y nos beneficiemos de una atención médica amplia, eficiente, y  competente en instituciones del mejor nivel. No debería haber excepciones a esto. Blancos, colorados y frenteamplistas, partidarios del partido de Novick y de la Unidad Popular tenemos esa aspiración, que no es más que un deseo de buena gente, comprensiva de las necesidades de los compatriotas y solidaria, fundamentalmente con los más desposeídos. Si esto es así, es de cajón que todos percibimos que el esfuerzo que ha hecho la sociedad para mejorar la calidad de los servicios asistenciales, la remuneración de sus funcionarios médicos y no médicos y la accesibilidad de los usuarios es notable, particularmente desde que se aprobó el Sistema Nacional de Salud. Tampoco es pedir demasiado pretender que todos reconozcamos que las condiciones de los servicios médicos públicos hasta mediados de la década pasada eran muy pero muy malos, con muchísimas carencias, edilicias, tecnológicas, instrumentales, con falta de medicamentos y escasez de recursos humanos, que además estaban muy mal remunerados. Debo decir que admito que en esos años de gobiernos blancos y colorados, la salud pública era una parte de todo lo que funcionaba mal; también hay que reconocer que el Estado tampoco estaba ausente en esos tiempos no tan lejanos que antecedieron al Frente Amplio y que también en esos años hubo administraciones honestas, funcionarios probos y médicos ilustres que ejercieron en Salud Pública en muy difíciles condiciones, con infraestructuras muy precarias y con recursos muy insuficientes, pero con abnegación y responsabilidad. En este marco conceptual, creo que hay que reconocer que el desafío de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) de asumir la cobertura sanitaria de  casi la mitad de los uruguayos debería analizarse con admiración y sus errores con benevolencia. Sin embargo, hoy presenciamos una embestida que llama poderosamente la atención, no solamente porque es forzada y exhaustiva, a veces malintencionada y desleal, sino porque parece tener otros propósitos que los de corregir las fallas, advertir los errores y marcar las discrepancias. A decir verdad, advierto que la preocupación principal, al menos de los dos personajes que han dado cobertura mediática a las denuncias políticas del Partido Nacional, Gabriel Pereyra en el Observador e Ignacio Álvarez en Canal 4, es defenestrar a la salud pública de gestión estatal, a sus funcionarios y a sus jerarquías, especialmente a la presidente de ASSE, Susana Muñiz. Tal es así cuando hablan de corrupción y amiguismo, del olor a muerte de los hospitales públicos, en donde ni los buitres se alimentan porque les da asco. De más está decir que si fuera la décima parte de semejante porquería, yo también lo rechazaría: si se demostrara que la conducción de ASSE tiene un propósito clientelístico y se dispusiera de los dineros del Estado para alimentar una burocracia  partidaria engordada con los recursos de la sociedad en perjuicio de los más humildes, que son los que atienden su salud en los servicios públicos. Por supuesto que también rechazo la designación política que se hace desde tiempos inmemoriales de los cargos de director de las Unidades Hospitalarias por criterios de confianza política, y me alegro de que el ministro de Salud Pública expusiera su intención de concursar los mencionados cargos, que deberían ser cargos técnicos. Ni que hablar que no se podría defender situaciones puntuales de corrupción o conflictos de intereses que pudiesen ocurrir y tal vez ocurrieron en una u otra dependencia de ASSE o de cualquier otra dependencia de la administración pública. No voy a meterme en detalles de las denuncias que se están investigando o se investigarán en una comisión parlamentaria que fue votada por todos los partidos y que, si no me equivoco, terminarán en un juzgado de Crimen Organizado, destino final que pone el sello judicial a toda operación política que se precie en el Uruguay de la “judicialización de la política”, de las redes sociales y del chivo expiatorio lanzado a las arenas del coliseo para que se lo devoren las mandíbulas sedientas de sangre del “sentido común” y los “operadores políticos” Pero no se puede dejar pasar que detrás de todo esto se esconde el propósito de denigrar la asistencia pública, generar desconfianza en los servicios de salud del Estado, beneficiar a la salud privada (particularmente en el interior del país), obtener réditos políticos con la salud de la gente más pobre, ensuciar, injuriar y difamar a profesionales honestos que en el acierto o en el error comprometen su vida en unidades y hospitales públicos, y en este caso preciso a la doctora Susana Muñiz, que es una gran persona, una médica honrada y una trabajadora abnegada que hace 20 años trabaja en la salud del Estado, se atiende en ASSE y no tiene  ningún tipo de vínculo laboral o empresarial con la salud privada. Conste que yo tengo una gran consideración por el mutualismo y las instituciones privadas de asistencia médica colectiva, por los profesionales y funcionarios médicos y no médicos que se desempeñan en la actividad privada o ambos subsistemas, público y privado, y por supuesto por el derecho de la prensa a decir, informar y opinar. Pero una cosa es una cosa y otra los mandados que tiene el periodismo basura con objetivo de debilitar la reforma de la salud, atacar al Frente Amplio y linchar a los compañeros. Por eso escribo este editorial. Para advertir que la verdad no es lo que nos muestran, sino lo que está detrás del escenario, que hoy asistimos a los que se ha dado en llamar la posverdad, que es algo así como un prejuicio que se nos mete en la cabeza tras una operación mediática y que nos impide discernir entre lo verdadero y lo que se nos vuelve más fácil creer; que tras la cristalinidad de los mensajes de las redes sociales se esconden los llamados trolls, que no son otra cosa que opinadores mercenarios trabajando para agencias publicitarias del llamado marketing digital; hoy asistimos incrédulamente a una fenomenal operación –tal vez aún no alcancemos a percibir sus orígenes y dimensiones– para debilitar a la izquierda, dividir al progresismo y crear confusión en las filas del Frente Amplio.

La paja en el ojo ajeno
Me resulta curiosa semejante preocupación del diputado Martín Lema, cuando recuerdo que, tal vez cuando el representante era un adolescente, durante el gobierno blanco que presidió Luis Alberto Lacalle, ocurrieron los escandalosos negociados de Focoex. Buena parte de ellos fue contra los recursos de Salud Pública. Mas curioso me parece tanta preocupación en los legisladores blancos cuando entre ellos se comían las vísceras, se repartían las coimas y buscaban dónde ocultar los cachivaches que les habían comprado al Reino de España como si fueran costosos equipos de la más moderna tecnología. Parece que en esos tiempos, hace poco menos de 25 años, los ministros blancos se repartían los sobres con los comisarios en los alrededores de Jefatura, mientras a cambio cajoneaban un cargamento de armas que había llegado desde Brasil. Se repartían las coimas con los mismos milicos que unos meses antes habían sepultado en un pozo a un empresario contrabandista que había incendiado el Palacio de la Luz para quemar los papeles que podían probar un faltante de 20 millones de dólares durante la presidencia de Alberto Volonté, que luego sería uno de los candidatos del Partido Nacional en las elecciones nacionales, soportando el fuego cruzado entre todo tipo de pistolas que se ponían un velcro en el bolsillo para que no se les cayeran los billetes.

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