La violencia sexual en dictadura

La represión durante la última dictadura estuvo marcada por el encarcelamiento masivo de opositores políticos, la tortura, la muerte en unidades militares y la desaparición forzada de personas. Pero también por formas de violencia que fueron silenciadas durante casi cuatro décadas: entre ellas, los delitos sexuales. Una denuncia colectiva presentada por un grupo de 28 mujeres en 2011 pretende echar luz sobre una situación que aún es tabú.

Por Mauricio Pérez
Fotos: Verónica Caballero

La tortura fue una práctica sistemática en todos los centros de detención de la dictadura uruguaya. Todos, o casi todos, los más de veinte mil presos políticos que hubo entre 1973 y 1985 fueron torturados, según revelan las investigaciones históricas sobre la represión dictatorial en Uruguay. Plantones prolongados, aplicación de submarino seco y húmedo, colgamientos, picana eléctrica y diversas formas de tortura psicológica fueron algunas de las formas de tortura denunciadas por presos políticos públicamente y en diversos procesos judiciales.

Sin embargo, otras formas de tortura permanecieron invisibilizadas frente a estos hechos, ocultas en un contexto de silencio que incluyó a las propias víctimas. Desnudez forzada, manoseos y violaciones fueron, también, prácticas denigrantes que tuvieron lugar en las unidades militares, aunque de eso no se hablaba hasta que un grupo de 28 mujeres decidió, en octubre de 2011, romper el silencio y presentar una denuncia penal colectiva por los delitos sexuales perpetrados por agentes del Estado en los centros de privación de libertad de la dictadura. La denuncia dio cuenta de la violencia sufrida por las mujeres y colocó sobre la mesa un tema tabú sobre el que casi nadie se animaba a hablar, debido al estigma que cargarían las víctimas y al sentimiento de culpa y vergüenza que podría generarles.

En diálogo con Caras y Caretas, las ex presas políticas Beatriz Benzano y Margarita Lagos explicaron que la denuncia fue resultado de un proceso personal y colectivo, y que responde a la necesidad de contar lo que había sucedido. “Era como un deber con nosotras mismas, con las compañeras muertas, teníamos que denunciar”, dijo Benzano. “Era un carga que no podíamos dejar para las generaciones que vienen. […] Fue muy trabajoso, era como un deber ético dejar asentado lo que había pasado”, acotó Lagos.

 
Tortura sistemática

Benzano fue detenida en julio de 1972 y recluida en el Batallón de Artillería Nº 5. Tras un tiempo detenida allí, pasó al Regimiento de Caballería Nº 9, y posteriormente al Penal de Punta Rieles. Lagos, en tanto, fue detenida en diciembre de 1974 y recluida en el Regimiento de Caballería Nº 6, pero recorrió varias unidades militares antes de ser trasladada al Penal de Punta Rieles. Las dos fueron víctimas de tortura, como casi todos los presos políticos.

Sin embargo, la tortura contra las mujeres incluyó diversas formas de violencia sexual. A los plantones, colgamientos y picana eléctrica se les sumó la desnudez forzada, en muchos casos los abusos y manoseos y, en algunos casos, la violación, que incluyó la penetración con objetos, según explicó Benzano. “Los milicos eran especialmente machistas; además de brutos, machistas. Se enseñaron con nosotras porque nos habíamos salido del rol de madre, esposa, ama de casa”, agregó.

Esta violencia se extendió no sólo a los interrogatorios, sino que pautó todas las relaciones de las presas políticas con los custodios, hombres y mujeres, incluso en el Penal de Punta Rieles. “Cuando te dejaban bañar, después de mucho tiempo, tenías que hacerlo en presencia de soldados armados. No existía ninguna intimidad”, cuenta Lagos.

Sin embargo, todas estas situaciones permanecieron invisibilizadas frente al amplio espectro de violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período. No era un tema fácil, por todo lo que implica. “Pasamos treinta años sin hablarlo con nadie, incluso algunas [no lo hablaron] ni con sus propios compañeros, que también habían estados presos”, afirmó Benzano.

“Nunca se había hablado de eso con nadie, porque los familiares, cuando salíamos en libertad, ni preguntaban, por delicadeza, para no hacerte sufrir de nuevo. Nadie preguntaba y nosotras tampoco íbamos a hablar de lo que habíamos sufrido. Fue un silencio total”, agregó. Pero poco a poco, muy lentamente, ese silencio comenzó a romperse y muchas mujeres se animaron a contar su historia. Fue parte de un proceso personal y colectivo que transitaron juntas, con el apoyo de una cooperativa de psicólogos. Ese tránsito, finalmente, les permitió contar lo que sucedió.

 
La importancia del colectivo

La idea de presentar una denuncia penal por delitos sexuales comenzó a gestarse en junio de 2010, tras la participación de Benzano en un encuentro de la ONG Mujeres en Paz que tuvo lugar en Caracas (Venezuela). En esa instancia se insistió en “poner fin a la impunidad” por la violencia sexual sufrida por mujeres, niñas y adolescentes víctimas en contexto de conflicto, algo que ya estaba sucediendo en otros países de la región, como Argentina, Perú y Chile, donde grupos de mujeres habían presentado denuncias penales por esta situaciones.

Las reuniones entre las ex presas políticas fueron fundamentales para llegar a un acuerdo sobre la necesidad de presentar la denuncia. Los encuentros se transformaron en un espacio de catarsis colectiva donde pudieron narrar sus sufrimientos. “Algunas reuniones fueron terribles, se narraban cosas horribles que nos dejaban a todas sin palabras. Compañeras amigas con las que habíamos hablado siempre y jamás habían dicho algo”, contó Benzano. Allí se enteraron de que a una de sus compañeras le habían puesto sebo en el cuerpo para que las ratas la mordieran. “Salieron cosas horribles”, explicó.

Sin embargo, muchas de ellas preferían presentar una denuncia genérica por torturas junto con los hombres. Este planteo “fue como un mecanismo de defensa, denunciar las torturas es mucho más fácil, porque está más visibilizado […] pero era importante denunciar la violencia sexual como un hecho específico y concreto, que tenía un fin también específico y concreto”, explicó Lagos. “Teníamos que denunciar todo lo que había pasado, porque si no denunciábamos no se iba a saber, era como un deber con nosotras mismas, con las compañeras muertas”, agregó Benzano.

Por eso algunas algunas de ellas insistieron en la necesidad de promover una denuncia específica, para que estos hechos fueran conocidos en toda su dimensión. Tras grandes debates, dice, el grupo fue depurando la idea. “Se formó un grupo muy unido. Nos une lo que vivimos. Aunque hayamos vivido la prisión en distintas épocas y algunas no nos conociéramos, en el grupo se dio toda esa confianza y cariño” para poder contar lo que le pasó a cada una, dijo Benzano.

“Lo importante era poder poner en palabras lo que habíamos vivido y sacarlo para afuera en un ambiente de confianza y cariño, con las compañeras. Después de escribir la denuncia muchas compañeras dijeron que por fin podían dormir tranquilas, que se liberaron, era algo que se cargaba, una mochila terriblemente pesada que no se había compartido con nadie”, agregó.

Lagos coincide con esta visión y lo destaca como un proceso que les permitió “ir descubriendo” la dimensión de lo que había sucedido. “El grupo humano fue muy importante, porque si no, no habríamos podido hablar. […] Las reuniones eran muy conmovedoras y nos unían muchísimo más”, destacó. Incluso, algunas ex presas se sumaron a la denuncia cuando se dieron cuenta de que sus hijas tenían la misma edad que ellas cuando cayeron presas. Algunas escribieron sus relatos para la denuncia llorando, contó Lagos.

La forma en que cada una abordó el tema fue distinta, porque las situaciones particulares eran distintas, pero la presentación de la denuncia operó para todas como una herramienta liberadora. “Fue como terminar una etapa y empezar otra”, dicen. “El eje central fue poder poner la justicia en manos de otros. Y que ya no somos víctimas, sino acusadoras de quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Esto nos logra posicionar de otra forma y podemos conversarlo con nuestros familiares, con nuestros hijos, que tampoco sabían”, agregó Lagos. “Fuimos recobrando una dimensión de dignidad frente a la humillación. Recobramos esa dimensión, ya no de víctimas, sino de testigos de lo que había pasado, y denunciantes. Fue un alivio”, aseguró Benzano.

 

Crímenes de guerra

La denuncia colectiva por delitos sexuales en dictadura abarca lo que sucedió en varios centros de detención (entre ellos, el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención 300 Carlos, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes), entre 1972 y 1983, y fue promovida por 28 ex presas políticas, con el patrocinio de los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita.

El escrito, sobre el cual informó oportunamente La República, señala que los delitos sexuales cometidos contra las presas tenían como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas, con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante el menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos […] llegando en muchos casos a la consumación de la violación”.

Las pruebas incorporadas en la causa establecían que “las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”, ya que los represores buscaban “morbosamente el placer”, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”.

En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”. Por este motivo, la denuncia solicitó la categorización de estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Recientemente, la jueza Penal de 16ª Turno, Julia Staricco, aceptó esta tesis y se pronunció por la imprescriptibilidad de estos hechos.

En diálogo con Caras y Caretas, Beatriz Benzano afirmó que la violencia sexual y la violación en un contexto de conflicto constituyen “crímenes de guerra”. “Nos sentíamos un botín de guerra, hacían lo que querían, estábamos en sus manos, nadie sabía dónde estábamos y qué podía pasar y sentíamos que podían hacer lo que querían con nosotras”, recuerda.

 

* Publicado en Caras y Caretas el jueves 23 de octubre de 2014

 

 

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