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Nido de espías: militares y policías espiaban a todo el mundo desde 1985

Una investigación administrativa de Antel, en 1986, reveló que funcionarios del organismo realizaban tareas de espionaje telefónico a cientos de dirigentes y organizaciones políticas y sindicales. Hasta el ministro de Defensa era investigado. El informe fue elevado al ministerio y nunca más se supo de su destino. Tal vez el ministro Hugo Medina lo guardó en alguna caja fuerte.

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En junio de 1985, a poco de instaurado el primer gobierno democrático tras 11 años de dictadura, asumió el directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), presidido por el ingeniero Gilberto Acosta Arteta e integrado entre otros por Ulises Anaya, representante del Frente Amplio (FA). Este se trazó como uno de sus objetivos investigar las denuncias periodísticas en torno a una supuesta maniobra de espionaje que tenía como una de sus bases al organismo. Fruto de esa investigación resultó un documento de 1.200 páginas que tuvo una relativa trascendencia en la prensa de la época, en el que quedaba en evidencia cómo decenas de funcionarios participaban de una trama de espionaje telefónico que llegaba hasta el propio presidente de la República, Julio María Sanguinetti, y que quedó “enterrado” en el Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del general Hugo Medina. Fruto de esa investigación quedó al descubierto una red de espionaje militar y policial cuyo origen estaba en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicada en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, donde actualmente se encuentra el Estado Mayor de la Defensa (Esmade). El semanario El Popular, en su edición del 20 de junio de 1986, daba cuenta de la red en un artículo titulado ‘¿Para qué se instalaron las 200 líneas directas del SID y las 900 extras de la Policía de Montevideo?’. Bajo la firma del periodista Rodolfo Porley, indicaba el semanario del Partido Comunista que “una colaboración venal de varios funcionarios y jerarcas de Antel en los últimos años fue puesta de manifiesto tras siete meses de una profunda investigación administrativa. Se reveló solo la punta de un iceberg constituido por los servicios de inteligencia policiales y militares. El sobredimensionamiento de estos organismos desde la época de la dictadura fue paralelo a la multiplicación a un mil por ciento de los ilegales operativos de interferencia de comunicaciones telefónicas a ministros, instituciones, dirigentes y organizaciones sindicales y políticas y a los propios militares  […]”. Indica que la investigación, de carácter administrativo, estaba caratulada como 1-13/85 y fue decidida el 20 de agosto de 1985. Fue motivada por reiteradas denuncias periodísticas sobre la existencia de intervenciones ilegales. Por ese tiempo algunos dirigentes políticos denunciaron interferencias en sus líneas telefónicas, entre ellos, el expresidente Jorge Pacheco Areco y el exvicepresidente Jorge Sapelli. A raíz de las denuncias fue que el titular de Antel ordenó la investigación. Acosta Arteta había sido intendente de Maldonado, electo en los comicios de noviembre de 1971. Cuando el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, renunció a su cargo –fue el único intendente que lo hizo– y fue detenido por los militares golpistas. Sobre quienes hicieron estas tareas de espionaje, señala El Popular que “existen muchos nombres de funcionarios claramente identificados. También de un jerarca de primer orden, en cuya autoridad se amparaban para realizar el cruzamiento de líneas en todas las centrales […]. Muchos ni ocultaban que realizaban trabajitos para los militares”. Quienes realizaban estas tareas eran conocidos en el organismo con el mote de “los intocables” y, según testimonios que salieron a la luz gracias a la prensa de la época, “cuando llegaban a las mesas de las centrales para realizar una intervención de una línea telefónica y el encargado de turno intentaba pedir explicaciones o responsabilidades, se invocaban órdenes del directorio o del nivel inmediatamente inferior”. Posteriores revelaciones indicaron que las líneas usadas para el espionaje, que salían de una centralita ubicada en la sede del SID, empalmaban con las edificio Libertad, por ese entonces sede de Presidencia. Se sospechó del propio presidente Julio María Sanguinetti, lo que vendría a confirmarse actualmente según lo que se ha conocido de los archivos “Berrutti” y “Castiglioni”. Incluso el ministro de Defensa de la época, Juan Vicente Chiarino, fue objeto de escuchas por quienes se suponía eran sus subordinados. Espiaron a instituciones como la Presidencia de la República, el Parlamento, sindicatos, gremiales rurales, ministros, diputados, senadores, dirigentes sindicales, casas particulares. Entre los dirigentes objeto de sus intereses estaban: Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista, Hugo Batalla, Juan Vicente Chiarino, el senador José Germán Araújo, el expresidente Jorge Pacheco Areco y muchos más. El equipo de funcionarios afectados a las tareas de espionaje estaba adscripto a un denominado Departamento de Control de Fallas. Un ingeniero de Antel era directamente responsable del trabajo. Esta unidad fue creada en 1980 con el fin de centralizar las intervenciones. Cabe recordar que Antel fue creada por la dictadura como Servicio Descentralizado por decreto-ley Nº 14.235 del 25 de julio de 1974, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Su primer presidente fue el general (r) Juan Míguez y entre su personal estuvieron presentes notorios torturadores como Melchor Maurente, oficial en el Organismo Coordinador de Operaciones Antiterroristas (OCOA), quien terminó expulsado de Antel tras un sumario administrativo. Lo acusaban, entre otras cosas, de “irregularidades” y “adulteraciones” de orden administrativo “y por destratos, amenazas y provocaciones al personal”. Según denuncias de El Popular, participó en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en los jardines de la embajada de Venezuela.   ¿Que pasó con la investigación? Cuando la investigación terminó, en 1987, el directorio de Antel elevó el expediente al MDN, a cargo, por ese tiempo, del dirigente cívico Juan Vicente Chiarino, célebre por su “no tengo conocimiento” cada vez que era interrogado por la situación militar. El expediente que contenía la investigación administrativa 1-13/85 tenía el número 101/139/85 y fue entregado al entonces subsecretario de Defensa, José Robaina Ansó, el 6 de octubre de 1987. Pero ya no estaba Chiarino en el ministerio. Había sido sustituido por el general Hugo Medina, pieza clave para la transición en el Ejército y responsable de desconocer a la Justicia al guardar en la caja fuerte del comando las citaciones a los oficiales acusados de violar los derechos humanos, lo que en buen romance significa torturar, matar, violar y robar a los detenidos. Medina, que seguramente sabía mucho más que Chiarino sobre la interna militar y las tareas de espionaje, nunca contestó. Y se sabe que Medina contaba con el respaldo del presidente Sanguinetti. Algo sucedió entre el gobierno de Sanguinetti y el de Luis Alberto Lacalle, entre el “no tengo conocimiento” de Chiarino y la confesión de Mariano Brito de que los militares espiaban a los sindicatos y organizaciones sociales. Porque si bien la investigación nunca fue contestada y se perdió en el MDN –es de suponer que debe estar en algún lugar y tal vez aparezca en algún momento–, Brito reconoció la actividad de los servicios de Inteligencia, lo que refuta la versión de que estas actividades se hacían sin conocimiento de las autoridades. Brito las conocía y las justificaba. Y es de suponer que Lacalle también. Brito falleció hace unos años y Lacalle calla.

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