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Designación directa en Unidad de Víctimas

Polémica por contratación en la Fiscalía General de la Nación

El fiscal de Corte contrató en forma directa a la magister Mariela Solari, esposa del fiscal Carlos Negro, para dirigir la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, un cargo relevante de cara al futuro Código del Proceso Penal.

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La Fiscalía General de la Nación (FGN) tiene previsto la creación de una Unidad de Víctimas, que estará destinada a la atención de las víctimas del delito. Para dirigir esa unidad, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió efectuar la designación directa de una persona de su confianza, una medida que está comprendida en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. La polémica se suscitó por la elegida para ocupar ese cargo. Díaz dispuso la contratación en calidad de adscripta a la Dirección de la asistente social y magister Mariela Solari, esposa de uno de sus hombres de confianza del Ministerio Público, el fiscal Especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, según informó Radio Carve. La resolución en que se confirma la contratación de Solari fue publicada en la web oficial de la FGN sobre mediados de enero. Para fundamentar la contratación, Díaz argumento que Solari “se ha desempeñado en la atención directa de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, realizando trabajo familiar, atención institucional, ejerciendo asimismo, la dirección y coordinación de políticas públicas, programas y proyectos en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales”. Solari estaba a cargo del programa “Uruguay Crece Contigo”, del Ministerio de Desarrollo Social, pero aceptó el planteo de dirigir la nueva unidad que se creará en la Fiscalía. Incluso, ya mantuvo varias reuniones con las jerarquías para empezar a diagramar el trabajo a realizar. La designación generó suspicacias en el ámbito periodístico, así como algunas molestias en el propio seno de la Fiscalía, ya que se aduce que ese cargo debió cubrirse por concurso, dijeron fuentes del Ministerio Público a Caras y Caretas Portal. Sin embargo, la polémica pública por la designación de Solari fue minimizada desde la FGN. Se alega que su designación no vulneró la carrera funcional de ningún fiscal y que se trata de un cargo de particular confianza del fiscal de Corte, quien -en base al nuevo Estatuto- tiene la potestad de contratar hasta tres adscriptos en forma directa, cuyos contratos cesarán cuando abandone el cargo. Además, aseguraron que la designación de Solari no tiene relación con su vínculo sentimental con el fiscal Negro, sino que refiere a su destacada trayectoria en atención a personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que se trasluce en su curriculum. Aducen que su trayectoria es importante para efectuar el diseño y puesta de funcionamiento de la Unidad de Víctimas, que intentará conformarse en un sistema de atención, seguimiento y acompañamiento de todas las víctimas de delitos en Uruguay. “Solari está más que capacitada para cumplir a cabalidad con la tarea que se le asigna”, dijeron las fuentes. En este contexto, a través de su cuenta personal en Twitter, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, cuestionó el tenor de la información periodística y elogió la trayectoria académica y funcional de Solari. “Es una adscripción, legal, que empieza y termina con lo que dure el Fiscal. Es funcionaria pública por concurso. Informate, G!”, le escribió Arismendi al periodista Gerardo Sotelo, que brindó la información. Arismendi dijo que Solari es la “actual brillante directora de Uruguay Crece Contigo”, afirmó que en el Mides ya la están “extrañando por su nivel académico y personal” y llamó a “no ensuciar”. El periodista insistió en la necesidad de que la designación se efectuara por concursos, a lo cual Arismendi constestó que “existe gente con méritos, pero, van a tener que correr mucho para llegarle a los talones” y que Solari “dio pruebas fehacientes” de ello. “Nosotros perdemos una persona clave en los derechos de la Primera Infancia y una cabeza brillante en nuestro equipo”, insistió la secretaria de Estado.

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