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Venezuela

Venezuela: A la desesperada

Ante la situación de ingobernabilidad provocada por la inoperancia del Estado, la crisis económica y la violencia de la derecha, Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de crear un nuevo ordenamiento jurídico electoral y redactar una nueva Constitución.

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“Hoy, 1º de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional de acuerdo al artículo 347 de la Constitución convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”. Con estas palabras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la nueva medida por la que ha sido acusado de dictador por la derecha internacional y parte del progresismo. El mandatario agregó que “la oposición venezolana trancó el juego, no quiere diálogo, rechazaron el cronograma electoral del año pasado”. También la acusó de pretender provocar una intervención extranjera en Venezuela. Por estas razones resolvió convocar “al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar a la violencia fascista”.

“No hay condiciones de normalidad para ir a unas elecciones regionales y presidenciales […] Queremos ir a elecciones, pero queremos garantías de que la oposición respetará los resultados como hemos hecho nosotros”, señaló el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, en entrevista con Venezolana. Jaua fue nombrado por Nicolás Maduro encargado de la Comisión Presidencial. “Es claro que en 2018 tiene que haber elecciones presidenciales […] Del lado de la contrarrevolución lo que hay es la intención de derrocar por la vía violenta”, añadió. Por eso, el jerarca afirma que, en este contexto, la ANC es necesaria para asentar “un mínimo de condiciones para poder ir a comicios que no terminen en una lucha fratricida entre los venezolanos”.

Maduro explicó que el proceso tendrá un fuerte componente ciudadano “no de partidos políticos”. La convocatoria pretende crear una Asamblea Constituyente compuesta por 500 miembros electos mediante voto directo. De ellos, 200 serán elegidos por movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de “poder popular”, indígenas, grupos de “sexodiversidad” y mujeres organizadas. El resto serán elegidos por municipios. Según expresó el abogado socialista Juan Martorano en su columna del medio Aporrea, “la Asamblea Nacional Constituyente es la expresión del Poder Popular como depositario del Poder Constituyente originario que busca transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Maduro señaló que la Asamblea Constituyente pretende reformar, “sobre todo, esa Asamblea Nacional podrida que está allí”. Este organismo está integrado por mayoría opositora desde las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.

Otros objetivos de la nueva Constituyente son reformar el sistema económico del país de forma que este supere el rentismo petrolero, otorgar un rango constitucional a los programas sociales y misiones iniciadas durante las gestiones de Hugo Chávez, generar nuevas formas de democracia directa y participativa, implementar nuevas medidas de soberanía nacional y reformar los sistemas de seguridad y de Justicia. Para justificar su decisión, Maduro también hizo referencia a los hechos de las últimas semanas que han dejado un total de 29 fallecidos. “No han podido incendiar el país, pero han hecho daño”, declaró. “Ellos no se van a detener en su embestida fascista y nos toca detenerlos con la Constitución […] No hay una sola alternativa en la oposición para la paz”.

La reacción

Desde la derecha, el presidente del Parlamento, Julio Borges, asegura que “lo que está proponiendo Maduro en su desesperación es que Venezuela nunca más logre votar en unas elecciones directas, libres y democráticas”. “Quiere dar un salto, de una vez, a un sistema tipo Cuba”, añadió. Por otro lado, el excandidato presidencial por Primero Justicia y gobernador del estado de Miranda, Herique Capriles, aseguró que “lo único que Maduro quiere con el llamado a Constituyente es evitar un proceso electoral». “Si nosotros aceptamos que el gobierno imponga un proceso fraudulento, le damos luz verde para que aquí no decidamos más quién nos representa”, añadió. Así, entre acusaciones de golpismo y de dictadura hacia Maduro, Capriles instó públicamente a través de medios privados al pueblo venezolano a rebelarse contra el gobierno en las calles.

Esto provocó manifestaciones y conflictos en las calles de Venezuela que se saldaron con un total de cuatro muertos y varias decenas de heridos, según informó Telesur con base en información difundida por el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol. Tres muertes se debieron a accidentes de tránsito. Una de ellas tuvo lugar en el estado de Miranda, cuando un motociclista se estrelló contra otro vehículo que se desviaba de su ruta debido a una barricada colocada por grupos opositores en la autopista Padros del Este. Las otras dos tuvieron lugar en el estado de Carabobo, cuando un ómnibus se estrelló al tratar de esquivar otra barricada en la ruta Puerto Cabello-Valencia.

En la capital del mismo estado fue asesinado Yonathan Quintero, de 21 años. El joven recibió un disparo por parte de un almacenero cuando presuntamente participó junto a otras personas en un intento de saqueo del local. Por otro lado, en las urbanizaciones de La Urbina y El Llanito, situadas en el este de Caracas, tuvieron lugar enfrentamientos y tiroteos en los que resultaron heridas 12 personas, entre ellas tres oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y un menor, según informó el diario español El País. A raíz de las protestas convocadas por la derecha venezolana, en el último mes han muerto 33 personas, más de 500 han resultado heridas y hay al menos 500 comercios afectados.

Rumbos perdidos

El artículo 348 de la Constitución venezolana habilita al presidente de la república para convocar la ANC, aunque posteriormente no podrá poner objeción a la Constitución que se derive de ella. Por tanto, la decisión de Maduro es constituyente. Sin embargo, desde sectores chavistas críticos con el rumbo tomado por el gobierno durante los últimos años, esta medida no es ética, en tanto contradice el legado de Hugo Chávez. Para el educador y profesor de la Misión Sucre entre 2003 y 2012 Javier Antonio Vivas, la acción de Maduro viola la “esencia democrática” de la ANC, ya que “no se hace conforme con los preceptos originarios en que Hugo Chávez convocó la ANC de 1999” de la cual salió la actual carta magna del país.

Según el sociólogo e investigador de la Universidad Central de Venezuela Emilio Teran Antovani, el país está viviendo una guerra de baja intensidad en la que tanto el gobierno como la derecha están violando el Estado de derecho y desconociéndose mutuamente. “El gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el Estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana”. Esto se combina con todo un proceso de injerencia extranjera a cargo de Washington, que, en connivencia con la burguesía parasitaria nacional, viene desarrollando diversas formas de desestabilización y sabotaje desde el triunfo de Hugo Chávez en 1999, que responden a la fórmula de una auténtica Revolución de colores.

Para el experto, la población venezolana se encuentra atrapada entre el neoliberalismo manifiesto proestadounidense de la oposición venezolana y el “neoliberalismo mutante” que está imponiendo el gobierno de Nicolás Maduro desde el inicio de la crisis, basado en el ajuste progresivo y un proceso de sectorización de la economía mediante el que se han flexibilizado regulaciones anteriores, así como restricciones al capital. Esto ha provocado que los avances sociales logrados durante la Revolución Bolivariana se estén viendo desmantelados de forma progresiva.

En este sentido, Teran destaca iniciativas como la creación de Zonas Económicas Especiales, que, según él, “representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones”. El experto también cita la “flexibilización de convenios con corporaciones extranjeras en la Faja Petrolífera del Orinoco, la liberalización de precios de productos básicos y la creciente emisión de bonos soberanos”. Asimismo el sociólogo denuncia que “se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la megaminería en un territorio de 111.800 kilómetros de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas”.

Teniendo en cuenta todos estos factores, se puede concluir que la retórica revolucionaria empleada por Hugo Chávez no hizo sino enmascarar un proyecto eminentemente reformista, en el que la socialización de los medios de producción nunca estuvo en el programa político. Así, la Revolución Bolivariana se limitó a desarrollar proyectos sociales asistencialistas aprovechando la bonanza económica derivada de la renta petrolera que, si bien conllevaron avances sociales históricos para el país, nunca alteraron las estructuras de dominación de clase social que dominan Venezuela, ni su matriz productiva. Esto hizo que el país sea víctima del agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero, combinado con el crecimiento del oportunismo en las instituciones gubernamentales, lo que ha generado pérdida de apoyo popular al actual gobierno y el acondicionamiento del terreno para la vuelta al poder de las fuerzas más reaccionarias, subsidiarias del imperialismo estadounidense.

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