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Cuando el tema se hizo público, estaba todo el pescado vendido. Pescado, embarque, desembarque de nuestras importaciones y exportaciones. El puerto dejaba de operar en competencia y pasaba a manos de una multinacional belga. Por 50 años. Por decreto. Y el ministro cambió de cartera. EL ministro actual, no estuvo en el tema.
Todo raro, a escondidas, ilegal y sin justificación razonable.
Ni el propio ministro negociante lo justifica como útil para el país, sino como una concesión hecha para evitar un mal mayor. Un arreglo extrajudicial, que evitaría perder un juicio por 1.500 millones de dólares. Pero resulta que no había juicio. Un arreglo por un juicio que no existía. Es muy difícil de explicar. El daño que se inflige al país compromete la acción del gobierno y los diez que lo sucedan.
Creemos que esto no se podía hacer: lo prohíbe la Constitución, que garantiza la libre competencia en el puerto. Aun los que sostienen que se puede hacer por ley reconocen que se precisaría mayoría de 2/3, que el gobierno no tiene. La Administración Nacional de Puertos (ANP) debió informar antes del acuerdo. El informe no sería vinculante, pero sí obligatorio de emitir. Pero esta no fue informada y sus directores se enteraron por la prensa.
Vayamos de la forma a la esencia. Supongamos que un ministro puede legalmente negociar en secreto la soberanía nacional en su área más sensible: el puerto, nuestra razón de ser como país. ¿No hay una norma no escrita que indique que cuando se compromete el interés nacional, y a tan largo plazo, hubiera requerido un gran diálogo nacional?
¿No es raro que el herrerismo, que se opuso a los monopolios estatales, ahora consagre uno privado? Yo estudié economía en un instituto muy ortodoxo neoliberal (lo dirigía Ramón Díaz, Talvi fue uno de mis profesores). Se sostenía que los monopolios no eran aconsejables, pero, de aceptarlos, debían ser estatales.
La ley de empresas públicas suprimía los monopolios estatales. Fue sometida a plebiscito con el apoyo de sectores, como el del expresidente Sanguinetti, que hoy integran la coalición de gobierno. ¿Qué opinan de crear un monopolio, privado, en el puerto y por decreto? ¿Cuál es el gato encerrado en estas cosas tan poco coherentes con el pasado de todos los intervinientes? ¿Olaizola sabe? ¿Los partidos de la coalición? ¿El nuevo ministro? ¿La Comisión Administradora del Río dela Plata (CARP)? ¿El canciller?
Heber, con un pie en el estribo, dice que nos libró de una condena de 1.500 millones de dólares. Pero el Estado uruguayo no había sido demandado. ¿Por qué la empresa belga Katoen Natie (KN) no lo había hecho si era tan seguro que ganaba? ¿Por qué esperó a que asumiera el actual gobierno? En rigor la empresa es Terminal Cuenca del Plata, 80% propiedad de KN y 20% de la ANP.
¿Esa certeza de que ganan el juicio no hubiera llevado a la empresa a iniciarlo y negociar desde una mayor posición de poder? ¿Qué convenció a Heber? El abogado a la empresa belga es un buen administrativista, el Dr. Durán Martínez. ¿En sus trabajos anteriores sostenía lo mismo? Si no, cambió por defender a su cliente. ¿Tenía vínculos políticos con el ministro? Mi última militancia antes de abandonar este PN de hoy fue en una comisión del directorio presidido por Heber. Con Durán Martínez.
Hay antecedentes de la discusión del tema. En los meses previos a la dictadura, Wilson dictó cátedra de soberanía en la Comisión de Asuntos Internacionales, durante el gobierno de Bordaberry. Consumado el golpe, Perón, con mucho olfato, apresuró la firma de los tratados de límites del Río de la Plata, que finalmente fueron votados por el Consejo de Estado, luego convalidado por el Parlamento electo. Uruguay respeta sus compromisos.
Creo que no terminó el tema. Con el puerto no se juega. Con la soberanía tampoco.