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DESAPARECIERON AL MENOS 300 CABEZAS DE GANADO

Abigeato en Rocha: cuando las vacas se venden como toros

Una maniobra que involucró a productores, consignatarios y rematadores, incluso a una veterinaria, dejó en evidencia manejos ilícitos con ganado en Rocha. Entre los involucrados se encuentra el director de uno de los escritorios rurales más importantes del país. Pero como corresponde a un delito de “cuello blanco”, los imputados no irán a la cárcel.

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Por Pablo Silva Galván

 

Todo comenzó en diciembre cuando el apoderado de una empresa de capital brasileño se presentó en un campo de pastoreo del departamento de Rocha para retirar unas 300 cabezas de ganado. Eran vacas preñadas que habían sido dejadas allí a mediados de mayo, en lo que constituye una práctica corriente en el medio rural: propietarios de campo lo alquilan para que otros lleven su ganado a pastar. La operación había sido acordada entre las partes, se pagó lo pactado y cuando fueron a retirarlas, ocurrió lo inesperado: las reses no estaban.

Seguramente consternado y enfurecido, el hombre se presentó el lunes 3 de diciembre ante la Justicia de Chuy para radicar una denuncia. Allí comenzó una investigación que terminó con el arresto y formalización de 13 personas, entre las que se encuentran consignatarios, rematadores, productores y hasta una veterinaria. Todos involucrados en una maniobra de abigeato y receptación. La Policía de Rocha, junto a funcionarios de Dicose, realizaron una serie de allanamientos y procedimientos en varios establecimientos rurales del departamento. En el transcurso, se supo que el propietario del campo donde habían “desaparecido” las vacas se había suicidado. Este hombre, según se pudo comprobar en la investigación, vendió 485 animales desde el 1° de mayo, 161 destinados a frigoríficos y 324 a campos de diez ganaderos. Para la Justicia y la Policía se trata de uno de los cerebros de la maniobra.

A consecuencia de esta investigación, la veterinaria Tania Karina Silvera, Eduardo Bobadilla, Jorge Aboy y Sebastián Caligaris fueron imputados por el delito de abigeato especialmente agravado como coautores. A Óscar Molina lo imputaron como cómplice del mismo delito. Al empresario del taxi Óscar Dourado, al titular del escritorio ganadero, Alejandro Berrutti, a Yubert López del Puerto, María Florencia Perdomo, Dinora Zeballos, Kleiber Alejo Perdomo, Sebastián San Martín y Milton Amaral se les imputó el delito de receptación.

Distintos medios de prensa destacaron la participación del empresario del taxi Óscar Dourado, sin embargo, silenciaron que uno de los implicados, Alejandro Berrutti -imputado por receptación-, es director de uno de los más importantes escritorios rurales del país: Berrutti – United breeders & packers”, anunciante en programas de radio y televisión. “Somos una empresa comprometida con el productor y sus necesidades, que busca asegurarle el mejor precio por su producción, brindándole una atención eficaz, rápida y personalizada. Lo invitamos a descubrir por qué con Berrutti usted encontrará algo más que un buen negocio”. Así se presenta el estudio en su página web. Difícil creer que una organización de este porte ignorara que una vaca no es un toro.

 

Fiscal no cree en buena fe

El fiscal del caso, Leonardo Drugos, entendió que que no puede alegarse buena fe por parte de los imputados porque la buena fe culposa es inadmisible. “Todos los imputados señalaron que no desconocen que la marca es lo que demuestra la propiedad del ganado. Si lo hubieran desconocido, tampoco la conducta delictiva se vería mitigada puesto que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y menos en productores e intermediarios con actividad de más de 20 años. Si se compró ganado marcado, se debieron leer las caravanas para comprobar la trazabilidad, y si así lo hubieran hecho, habrían advertido la grosera diferencia entre los animales adquiridos y la información de las caravanas. Nadie compra vacas preñadas de cuatro años cuyas caravanas indican que son machos de entre seis y once meses”, se lee en el acta de formalización.

Según el artículo 13 de la Ley de Trazabilidad se deben cumplir las normas relativas al sistema de marcas y se establecen las sanciones correspondientes.

Indica el fiscal que en el caso del denunciante la marca es una “Y”, mientras que la del denunciado era una “C”. Los imputados se defendieron indicando que si bien sabían que la propiedad está dada por la marca a fuego, en la trazabilidad lo que se toma en cuenta es la caravana. Así adujeron haber sido engañados en su buena fe.

Uno de los implicados declaró durante su comparecencia que pese a que el sistema da herramientas para confirmar todos los datos ingresados en el certificado, “no es responsabilidad del operador hacer uso de ellas”. Agregó que no controla la marca y que de la trazabilidad “surge la propiedad”. Precisó que tampoco se corrobora que los datos que surgen de los documentos coincidan con los animales.

Entre la información aportada durante la comparecencia ante el fiscal, hubo un dato que hizo reflexionar al funcionario: en un embarque la numeración de las caravanas era correlativa, pero la lectura indicaba que eran machos de seis meses, cuando en realidad eran vacas de hasta cuatro años.

Para el fiscal Drugos hubo una operativa fraudulenta en la que a través de consignatarios, operadores y productores, con la complicidad de una veterinaria, se incurrió en los delitos de abigeato y de receptación.

Sin embargo, todos los involucrados quedarán libres de responsabilidad penal y sin antecedentes en sus legajos, ya que la empresa y la Fiscalía firmaron acuerdos que implican el fin de la persecución penal de delitos de abigeato o receptación a cambio de devolver lo hurtado al damnificado.

 

Benech lo sospechaba

A mediados de octubre, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, afirmó que detrás del abigeato había intereses comerciales y empresariales. Fue objeto de la ira de Un solo Uruguay, que en un comunicado lo acusó poco menos que de ignorante. Ahora Benech se refirió al caso de Rocha recordando que “los sistemas funcionan y bien, pero si los usamos mal, darán malos resultados”. Agregó que “si no funcionaran, los productores de Rocha involucrados no estarían formalizados”.

Insistió en que no se trata de gente que roba para comer, sino que se encontraron organizaciones criminales y personas. “Creo que hay más, por eso se debe seguir trabajando. Es muy fácil decir a los demás lo que tienen que hacer. Debemos asumirlo como un problema que tenemos en la sociedad, hay que corregirlo; cada uno lo hace en su conducta diaria”, sostuvo.

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