La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, presentó este miércoles un escrito ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en el que solicita autorización para interrogar a dos juezas, que afirmaron haber escuchado al abogado Juan José Ayala decir que concretaría sus amenazas contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Sobre mediados de febrero, la fiscal Ferrero formalizó la investigación penal contra Ayala, como presunto responsable de las amenazas de muerte efectuadas en noviembre de 2017 contra Díaz. Tras una extensa investigación, la fiscal consideró tener elementos suficientes para imputar a Ayala por un delito de amenazas y por un delito de tráfico de armas -ya que durante los allanamientos dispuestos en su casa se encontraron dos armas sin registrar y con la serie limada- y solicitó una medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, la indagatoria no pudo prosperar. Los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra medio centenar de artículos del nuevo Código de Proceso Penal (CPP). Ante esto, el juez Penal de 41º Turno, Huberto Álvarez, dispuso la suspensión del proceso penal y la remisión del expediente a la SCJ. La Corte estudia hoy día los argumentos esgrimidos por los abogados. En este contexto, dos jueza presentaron un escrito ante la Fiscalía, en el cual aseguran ser testigas de una nueva amenaza del abogado contra Díaz, según informó Subrayado. Las dos magistradas aseguran haber escuchado a Ayala decir en voz alta que concretaría sus amenazas contra el fiscal de Corte y que lo mataría. Ante esto, Ferrero presentó un escrito ante la Corte donde solicita autorización para interrogar a las dos juezas. El objetivo de la fiscal es avanzar en la indagatoria con base en el testimonio de ambas magistradas. Además, solicitó la realización de una pericia psiquiátrica de Ayala, para dilucidar la posibilidad de imponer medidas curativas de internación contra el abogado. La fiscal presentó el recurso junto al abogado Jorge Barrera, representante de Díaz en el proceso penal. El CPP habilita el diligenciamiento de prueba anticipada en una causa, ante la eventualidad de que exista un riesgo de que la misma se pierda o se frustre, pero la Constitución de la República establece que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad implica la suspensión total del proceso, por lo que no estaría habilitado el diligenciamiento de pruebas. En este punto, Barrera explicó –en diálogo con la prensa- que la Corte puede resolver el recurso de inconstitucionalidad y enviar el expediente al Juzgado Penal de 41º Turno para continuar con la indagatoria y que allí se reciba el testimonio de las dos juezas, o de lo contrario asumir la potestad de diligenciar la prueba en la propia Suprema Corte. “Como letrados del doctor Jorge Díaz manifestamos que una demora en este tipo de casos podría, sin lugar a dudas, concretar un mayor peligro para nuestro patrocinado. Es un tema de gravedad”, afirmó Barrera. En noviembre, un guardia de seguridad de la sede de las Fiscalías Penales -en Cerrito y Misiones- atendió el teléfono que sonaba sin cesar. Del otro lado de la línea, se escuchó la voz de un hombre que efectuó una amenaza contra el fiscal de Corte: “Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”. El hombre se autoproclamó como integrante del “Comando de Restauración Nacional”. La indagatoria permitió determinar que Ayala era el autor de las amenazas. Incluso, el conjunto de escuchas telefónicas recabadas durante la instrucción revelan que Ayala expresó –en reiteradas oportunidades- su “odio” contra el fiscal de Corte, acusándolo de ser uno de los impulsores de la reforma del proceso penal.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME