PROCESADO EN ARGENTINA

Abren juicio a Rocca en EEUU

El pasado 3 de diciembre, un juez de Estados Unidos aceptó una demanda contra Ternium SA (Techint) por declaraciones materialmente falsas y/o engañosas. Además, la demanda alega que el acusado, Paolo Rocca, presidente de Ternium, sabía y no reveló que uno de los ejecutivos de su compañía pagó efectivo a los funcionarios del gobierno desde 2009 a 2012 para acelerar los pagos de compensación por la venta de la unidad Sidor de Ternium en Venezuela.

Abren juicio a Rocca en EEUU

Por Víctor Carrato

Esta conducta llevaría a Rocca a ser acusado en un esquema de coimas. Esto, entienden, infló de forma ilegal los precios de las acciones, engañando a los inversores que las adquirieron y que ahora deben afrontar el hundimiento de la cotización de estos valores.

El bufete de abogados Klein anunció que presentó una demanda colectiva en nombre de los accionistas de Ternium SA que compraron acciones entre el 1º de mayo de 2014 y el 27 de noviembre de 2018. La acción legal se presentó en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York y alega que la compañía violó las leyes federales de valores.

La demanda apunta contra Terniun y sus directivos Paolo Rocca, Máximo Vedoya (CEO), Daniel Novegil (vicepresidente del Consejo de Administración y ex CEO) y Pablo Brizzio (director de finanzas).

El 27 de noviembre de este año, Bloomberg informó que Rocca fue acusado por su papel en un esquema de coimas. Según el artículo, “el juez acusó a Rocca después de que el multimillonario argentino declarara que uno de los ejecutivos de su compañía pagó una cantidad no revelada de dinero en efectivo a los funcionarios del gobierno en cuotas mensuales de 2009 a 2012. Los funcionarios supuestamente estaban trabajando para la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. “La administración de Kirchner aceleró un pago de compensación del venezolano Hugo Chávez por la nacionalización de Sidor, una unidad que había sido incautada por Venezuela. El grupo de Rocca fue compensado con US$ 1.950 millones por la unidad”, según Bloomberg.

 

Procesan a Rocca   

El martes 27 de noviembre, fue procesado Paolo Rocca, CEO de Techint y uno de los empresarios más importantes de Argentina, por el juez federal Claudio Bonadio en la causa iniciada por las anotaciones en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El juez procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita y cohecho (pago de coimas) y le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.

Según el magistrado, quedó corroborado el pago de coimas por parte de la empresa Techint a exfuncionarios del kirchnerismo para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.

Ya estaba procesado en la causa Luis Betnaza, director de la compañía, a quien Rocca le había endilgado la responsabilidad por el pago de las coimas a los kirchneristas para que intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor, que pertenecía al Grupo Techint.

En su declaración indagatoria, Rocca había dicho: “Con referencia a esta imputación, yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni los autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas”.

En la misma resolución en la que procesó a Rocca, el juez Bonadio les amplió sus procesamientos -por varios hechos nuevos- a los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta, Hernán Camilo Gómez, Hernán Del Río y Nelson Lázarte. Centeno trabajaba para Baratta, quien fue la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación durante los 12 años del gobierno kirchnerista.

Además, el magistrado procesó al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a su exsecretario privado Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación ilegal aportada desde el Ministerio de Planificación para utilizarla en campañas electorales.

El embargo de $ 4.000 millones también se le aplicó a Abal Medina y a otros procesados, entre quienes se encuentran Alberto Padoán (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y vinculado a la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de la empresa Chimen-Aike). En tanto, Claudio de Lassaletta -cuyo auto aparece relacionado a varios pagos de dinero- fue procesado por entregar coimas y le trabaron un embargo por 30 millones de pesos.

El juez determinó que no hay mérito para procesar ni sobreseer a otro de los empresarios importantes del país: Marcelo Mindlin. Bonadio consideró que no se puede probar que haya pagado coimas y le dictó la falta de mérito. Mindlin, poderoso empresario del área energética y que le compró la constructora Iecsa a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-, se transformó en el primer hombre de negocios relevante en recibir una falta de mérito en el “caso cuadernos”. Determinó lo mismo para otros indagados en la causa: Raúl Ibarra, Santiago Moresco, Miguel Ángel Marconi (de la firma Supercemento) y Guillermo Prokopiw (de Chimen-Aike).

Con esta resolución de Bonadio, se cierra la primera etapa del “caso cuadernos”.

 

Baratta apeló

Roberto Baratta, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, planteó que la última resolución de Bonadio, por la que procesó a Rocca y amplió su procesamiento como funcionario, es confusa y que no explicita qué hechos le endilga. “Se amplía el procesamiento de mi defendido por ocho hechos de admisión de coimas, pero no se explica en la resolución cuáles son esos hechos de admisión de coimas en concreto”, dijo su abogado.

El 4 de diciembre, la Cámara Federal le denegó la excarcelación que el propio exfuncionario había reclamado en el segundo piso de Comodoro Py, acusando a los empresarios arrepentidos de tener los verdaderos medios para escaparse o destruir pruebas.

Según el fallo, la libertad de Baratta “podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de pruebas” que se están llevando adelante en la causa de los cuadernos. Máxime, dijeron, cuando todavía pueden aparecer más arrepentidos que obliguen a distintas diligencias urgentes. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, en su rol como presunto organizador de una asociación ilícita, podría recaer sobre él una pena de ocho años de prisión.

Preso desde el 1º de agosto pasado, Baratta fue trasladado el 22 de noviembre pasado desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales federales de Retiro, en donde denunció que el juez Claudio Bonadio busca “estigmatizar y encarcelar ilegalmente sólo a un grupo de exfuncionarios y empresarios no pusilánimes” que no se arrepintieron, y advirtió que los hombres de negocios imputados son los que tienen el poder real para entorpecer la investigación o fugarse.

Baratta está procesado como uno de los organizadores de la banda de los cuadernos. Está acusado de asociación ilícita, de haber aceptado dádivas en 90 hechos y en haber recibido cuatro hechos de coimas. El fallo señaló que esas acusaciones implican una pena que supera los ocho años de prisión.

 

Cayeron las acciones de Ternium

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, quien está procesado en la causa de los anotadores por el juez Claudio Bonadio. Los abogados de Rocca apelaron, al igual que quienes defienden al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca. Será la Cámara Federal la que deberá resolver oportunamente.

El pedido de detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, golpeó fuerte sobre las acciones de las empresas del holding. En rigor, las acciones de las empresas Ternium y Tenaris, que forman parte del holding, arrancaron el día en alza, pero empezaron a caer luego de que se conociera el pedido los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

El pasado 5 de diciembre, en total, tras la ola de ventas, el valor de mercado de Ternium y Tenaris se redujo cerca de 1.307,65 millones de dólares.

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