Advierten sobre proceso de privatización de la enseñanza

Se trata de un trabajo realizado por un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de la República de Uruguay (UdelaR), y ya fue presentado este miércoles en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

“La intención de este estudio es poner luz sobre un tema que tenía un manto de tinieblas”, dijo a Caras y Caretas Portal el dirigente de Fenapes José Olivera. “Vemos que hay un proceso de comercialización y privatización de la educación pública a través de diferentes políticas. Algunas impulsadas desde los organismos educativos, otras mediante la exoneración impositiva y por la participación de entidades que no pertenecen a la sociedad civil”, agregó.

Olivera resumió el informe indicando que uno de los elementos de este proceso lo constituyen actores que “no pertenecen al Estado ni son organizaciones de la sociedad civil, sino que son fundaciones que reclaman cambios. No producen conocimientos nuevos sino que reciclan experiencia de otros, incluso algunas cosas ya superadas, y las proponen como solución a determinados problemas educativos”.

Precisó que en ese caso se trata de organizaciones como Eduy21, del exsubsecretario de Educación Fernando Filgueiras, y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) del economista Ernesto Talvi.

En segundo lugar el estudio señala que si bien en Uruguay no hay una subvención directa a los institutos de educación privada por parte del Estado, como sucede en otros países, “tienen una importante contribución indirecta a través de la exoneración de aportes”. Esta exoneración de aportes permite el funcionamiento de las instituciones y las pone en ventaja sobre los públicos ya que estos deben pagar todos los impuestos.

Finalmente identifican un tercer elemento consistente en una “actitud dubitativa y contradictoria de las organizaciones de la educación privada. Por un lado tenemos a los colegios católicos que pretenden algo así como un Fonasa educativos, lo que les permitiría contar con aportes del Estado, y a los colegios laicos, que se oponen a cualquier control por parte del Estado”.

“Vemos que por un lado reclaman un mayor control, de los resultados educativos y de las inversiones, pero se oponen a que los controlen a ellos”, reflexionó.

Olivera resumió que hay “un proceso privatizador a través de la participación de entidades, de exoneración impositiva y de intentos de control. Incluso de algunas políticas educativas que tienden hacia ese fin”. Experiencias como el Liceo Jubilar o el Plan Caif forman parte de esta “incipiente privatización de la enseñanza”.

“Nosotros proponemos un debate público sobre estos temas. Entendemos que se deben hacer los cambios entre toso los actores”, precisó.