El affaire Bascou: La ética como moneda de cambio

La principal acusación que pesa sobre Bascou puede llevarlo directamente a la Justicia si prospera la decisión de la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Soriano.   Bascou: cliente y proveedor La misma está referida al abastecimiento de combustible por parte de la flota municipal en las estaciones de servicio que son propiedad del Intendente, que en el curso de pocos meses triplicaron las ventas de combustible a la Intendencia Departamental de Soriano (IDS) en relación a su competidor, cuando antes los volúmenes de venta habían sido equivalentes. La estación de la que es propietario Bascou integra la red de Ancap, ente que contrata con la IDS y que actuaba por sí misma, así como a través de su subsidiaria Ducsa. La operativa fue detectada a partir de la habilitación del Sistema de Control Vehicular (Sisconve) en la estación de servicio de Bascou, pudiéndose detectar que mientras en los primeros meses de operación las ventas se repartían de manera equitativa entre las dos distribuidoras de la capital departamental, hacia fines de 2016, las ventas a la estación del intendente triplicaban a las de su competidor, siendo que este se encuentra a 100 metros de una de las estaciones de Bascou. Lo propio sucedió con los suministros de gasoil 10, usados por vehículos de alta gama, en un promedio de 1.500 litros mensuales, los que en 80% fueron adquiridos en las estaciones de Bascou, así como en las de sus socios en la ciudad de Dolores. En esa materia, lo que comenzó siendo una ostensible asimetría, en el último cuatrimestre se transformó en un virtual monopolio, alcanzando el 100%. En consecuencia, los ediles de la bancada del Frente Amplio (FA) entienden que Bascou violó el artículo 291 de la Constitución, que señala que los intendentes, los miembros de las juntas departamentales y de las juntas locales no podrán intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental durante su mandato. La acusación fue negada por el director de la División Jurídica de Soriano, Andrés Ramírez, quien expresó: “Acá no se ha violado la Constitución porque la intendencia ha hecho un contrato con Ancap ente autónomo. La intendencia, desde 2014, no ha hecho compra directa con ninguna estación de servicio de la ciudad de Mercedes, que es lo que se está cuestionando”.   Del Honorable Directorio a la Justicia Sin embargo, más allá de ese endeble justificativo, el tema fue duramente censurado, incluso desde filas del propio Partido Nacional (PN). La bancada frenteamplista de la Junta Departamental de Soriano resolvió recorrer todos los pasos antes de presentar la denuncia ante la justicia, planteando la creación de una comisión investigadora, para lo que no obtuvo mayoría. Luego, promovió el juicio político al intendente, para lo que no obtuvo tampoco los votos suficientes, pese a que algunos ediles del PN acompañaron la iniciativa. El agotamiento de todas las instancias en el legislativo comunal determinó que el FA presentará sus denuncias ante la Justicia. Es preciso agregar que Agustín Bascou, fuerte empresario sojero, enfrenta también denuncias en su contra por librar cheques sin fondo y por presunción de estafa en sus negocios privados. Por su parte, el PN trató el tema en su Comisión de Ética. Pese a que el fallo aún no se ha hecho público y está en poder de Luis Alberto Heber, que lo presentará al Honorable Directorio el próximo lunes 13 de noviembre, ha trascendido que el organismo no propone sanción alguna para Bascou, limitándose a “observarlo”. Se supo también de manera extraoficial que en los considerandos del caso se afirma que Bascou debió ser más proactivo en el marco ético, tomando como referencia una situación similar acontecida varios períodos atrás en el departamento de Tacuarembó, departamento del cual era intendente Wilson Ezquerra, tío del actual diputado por el PN. Por entonces, Ezquerra era propietario de una estación de servicio, por lo que podía proveer de combustible a la intendencia que gobernaba. Ante lo que podía constituir una irregularidad, se informó con el constitucionalista Juan Andrés Ramírez, que le indicó que no había impedimentos constitucionales para que lo hiciera. Seguidamente solicitó un segundo informe al Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que se pronunció en el mismo sentido que Ramírez. No obstante, el entonces intendente decidió curarse en salud y abstenerse de utilizar su negocio para proveer de combustible al parque automotor de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.   La postura de la Jutep A estos pronunciamientos se suma el de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), organismo creado en 2015 como servicio descentralizado y que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que actuó de oficio en el caso Bascou. La Jutep ya intervino en otros casos en los que se ponía en tela de juicio la relación de funcionarios públicos con aspectos de la gestión a él vinculados, no en cuanto a su eficiencia o el cumplimiento de sus cometidos, sino en lo referido a la ética y la transparencia. Pese a que sus observaciones no son vinculantes y a lo reciente de su creación (2015), la Jutep ya ha intervenido en otros casos, como por ejemplo el vinculado al uso de la tarjeta corporativa por parte del exvicepresidente Raúl Sendic. En lo referido al caso de Agustín Bascou, la Jutep consideró que el intendente incurrió en “un claro conflicto de intereses” y que debió haberse informado acerca de cuál era el procedimiento adecuado en esa instancia. Así lo expresó Daniel Borrelli, vicepresidente del organismo, que además tuvo en cuenta el plus que significan las infracciones de las que se acusa a Bascou en la órbita privada, como el libramiento de cheques falsos y las intimaciones y embargos de las que ha sido objeto en función de deudas que mantiene -según ha trascendido- por un monto de US$ 7,7 millones. Concretamente, la Jutep entiende que Bascou no cumplió con lo dispuesto en el decreto Nº 30/003, en el que se estipula el proceder de los funcionarios públicos en situaciones en las que se puede verificar un conflicto de intereses. En el artículo 17 del citado decreto se expresa que los funcionarios deben “informar a un superior para que adopte la resolución que corresponda” cuando se considere que es “dudosa la existencia de un conflicto entre el interés público y su interés personal”.   Lacalle Pou marca la cancha El caso de Agustín Bascou podría haber tenido consecuencias menores de no mediar el pronunciamiento de Luis Lacalle Pou respecto al tema. Esto si se tiene en cuenta que la interna blanca se reparte en torno a dos grandes grupos, a saber, Alianza Nacional (AN), orientada por el senador Jorge Larrañaga (y al que pertenece Agustín Bascou), y el herrerismo, aglutinado en Todos hacia adelante, cuyo líder es Lacalle Pou. Como era de esperar, Alianza Nacional cerró filas alrededor de Bascou. Subsistía la incógnita del pronunciamiento de Lacalle Pou luego de que retornara de su licencia. La postura de Lacalle Pou fue crítica respecto a Bascou. Cuidadosamente crítica y preparada, ya que previamente se reunió con sus principales asesores para tomar posición y luego la comunicó a algunos de los principales referentes de Alianza Nacional. Ante la prensa, se pronunció sobre el tema con una introducción emotiva, refiriéndose a que “este es un momento difícil y doloroso para los blancos”. Luego habló de sí mismo y de su propósito de “hacer de la coherencia un estilo de vida”. Y después dio su posición sobre el tema Bascou, que era lo que realmente interesaba: “Está mal lo que hizo. Claramente, con respeto a la venta de combustible de su estación a la intendencia, no lo comparto. No me parece bien. Y se lo manifesté a él también”. Luego, se puso por un momento en los zapatos de Bascou y sentenció: “Queda claro que en su lugar no lo habría hecho y no lo respaldo”. Cuando la prensa fue por más y se le inquirió acerca de si debía apartarse de su responsabilidad mientras la investigación estuviera en curso, Lacalle Pou tiró la pelota a la casa del vecino, manifestando que “eso lo va a decidir la Comisión de Ética”, con lo que abrió el flanco para la inevitable pregunta: “¿Usted ya habría renunciado?”. Lacalle no evadió la pregunta: “Seguramente”. Las declaraciones de Lacalle Pou, pese a su estilo cuidadoso, encresparon la interna blanca. Quién reaccionó con mayor dureza fue el aliancista Guillermo Besozzi, quién precedió a Bascou al frente de la Intendencia de Tacuarembó y patrocinó su candidatura. Ignorando o minimizando las imputaciones en su contra, abandonó por un momento la retórica política y dijo a la prensa que el jefe comunal “se está comiendo un garrón”. Añadió: “No se robó nada. No adulteró una sola boleta, es un hombre honesto”, y doblando la apuesta, dijo sentirse traicionado por Lacalle Pou: “Fue desleal. Me dijo que me quedara tranquilo, que no iba a hablar ni de renuncia ni de licencia. Y después tenemos lo que tenemos. Estoy viejo para que me hagan el juego de palabras”. Poniendo fin a su catarsis, Besozzi admitió sentirse “muy dolido”, agregando que ya ha decidido renunciar al Honorable Directorio porque Lacalle Pou rompió con todas las institucionalidades del partido, apelando al lenguaje futbolero para graficar la situación: “Se está jugando en la cancha chica”. Pero como corolario, Besozzi dijo algo que resume la situación en su conjunto, a saber, que Lacalle Pou actuó presionado por lo que había ocurrido con el caso Sendic y que ese hecho “marcó un antes y un después en el sistema político”. Remató su idea con la cada vez más frecuente alusión al enemigo interno: “Esto me hace recordar la famosa frase: hombre a tierra que viene el enemigo. En realidad ahora la frase tiene que ser: hombre a tierra que vienen los nuestros y vienen por nosotros”.   La ética a la orden del día Las analogías entre los escándalos que envolvieron al expresidente Sendic y al intendente Bascou son del todo pertinentes. En ambos casos, el eje de los cuestionamientos estuvo centrado en la ética de la función pública. Pero también en los dos casos, lo que terminó predominando fue el posicionamiento de los grupos políticos en las respectivas internas. La ética y la transparencia pasaron a segundo plano ante los intereses sectoriales. Seguramente que eso no es válido para el ciudadano corriente, o para organismos de proceder irreprochable, como la Jutep (que por otra parte no tiene incidencia alguna en temas relativos al poder). Pero la ética en sí misma terminó siendo una herramienta para hacer viables reconfiguraciones políticas, al margen de las declaraciones de los actores políticos, que en la mayoría de los casos (como el referido a los dichos de Lacalle Pou) fueron formalmente irreprochables. Podríamos finalizar diciendo que 2017 fue, en términos políticos, “el año de la ética”, lo que podría inducirnos a concluir que el sistema político tiene una salud envidiable. Pero también es sospechable que la ética y la transparencia, por imprescindibles que sean, particularmente en el ámbito de la función pública, terminan siendo, más que un fin en sí mismas, un instrumento en torno al cual orbitan las contingencias de las internas partidarias. Si razonamos en esa dirección, no podemos menos que concluir que en la interna del Partido Nacional, aun a costa de la polarización creada, Luis Lacalle Pou avanzó un casillero