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Aguas coloradas, bacterias multicolores

Por Enrique Ortega Salinas.

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Caras y Caretas Diario

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Cuando no se han cumplido ni tres meses de la restauración, ni Ernesto Talvi (en su calidad de líder del Partido Colorado) ni Luis Lacalle (en su calidad de presidente de la República y líder de la coalición multicolor) la han tenido fácil; pero no tanto por los estragos que en la economía produce la pandemia, sino por los estragos que producen sus propios camaradas en el orbe político.

 

La Jutep no tiene quién la adopte

Tras la renuncia de Daniel Borrelli en enero y de Matilde Rodríguez en marzo, Gil Iribarne quedó solo en el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, por lo que el 30 de ese mes también presentó su renuncia, pero le concedió un mes al gobierno para que hallara un reemplazo. Para que funcione, la Jutep necesita, por lo menos, a dos de sus directores. Iribarne consideró que no tenía sentido quedarse porque la junta llevaba dos meses sin hacer nada. Él había prometido que haría un trabajo importante y que, de lo contrario, se iría, no sin antes dejar constancia de su desacuerdo con que los cargos de la nueva administración quedaran en manos de los partidos políticos y bajo el criterio de cuotas, lo cual sepulta la posibilidad de imparcialidad. Así las cosas, y a menos que se cambien los criterios, las actuaciones y conclusiones de la Jutep no se diferenciarán de las interpelaciones y juicios políticos, dirigidos para un lado y otro por los intereses político partidarios.

La frase expresada al semanario Búsqueda fue tajante: «El sistema político no quiere, no está dispuesto a establecer y a hacer efectivos sistemas de control que realmente condicionen la acción de los corruptos y promuevan la transparencia y la ética en serio». Si se requería un ejemplo, dio dos: el caso de Armando Castaingdebat y el de Remo Monzeglio, del Mides y del Ministerio de Turismo, respectivamente, ambos investigados por la Jutep.

«Lo de Castaingdebat es brutal. Nuestro informe es brutal. Lea el informe de la fiscal, que no lo procesó, en el que dice que el completo informe de la Jutep muestra múltiples y graves irregularidades, y ahora es subsecretario».

 

Gente honesta y capacitada, se busca

Tal como ha pasado en otras reparticiones, la misma coalición que se jactaba durante la campaña electoral de estar lista para gobernar no ha podido cubrir muchos cargos por no tener gente capacitada para ocuparlos. Gente tienen, y mucha, lo que les falta son personas con la preparación pertinente; no obstante, han colocado a un Gerardo Sotelo al frente de la Secan para pagar al Partido Independiente su apoyo, un apoyo más simbólico que electoral.

En cuanto a los nombres que el partido militarista Cabildo Abierto le proporciona al presidente, difícilmente se pueda nombrar a uno para integrar la Jutep sin que estalle un escándalo. Ya bastantes dolores de cabeza le han dado al presidente los integrantes de este grupo, tanto antes como después de asumir un cargo, cada vez que opinan. Y si para muestra basta un botón, recordemos el caso de Fernando Silva, doctor militarista designado para la zona oeste por el directorio de ASSE, quien apenas abrió la boca provocó la renuncia de más de 50 médicos en plena pandemia.

Las metidas de pata se suceden una tras otra. Mientras que el Partido Nacional apela al paso del tiempo para que la ciudadanía olvide escándalos protagonizados por sus intendentes (Adriana Peña, en Lavalleja, Carlos Moreira, en Colonia y Agustín Bascou, en Soriano, entre otros), al Partido Colorado no le dan las manos para tapar agujeros en la canoa. Por un lado, el canciller Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti van recrudeciendo la lucha interna por el dominio del partido de Batlle y Ordóñez. Pese a que no tiene más que una pizca del apoyo electoral de antaño, el expresidente ha demostrado ser un gran ajedrecista, padre de la coalición que va desde el centro a la ultraderecha, y por lo mismo, padre putativo de Luis Lacalle Pou, políticamente hablando. Por otro, los dirigentes del partido otrora batllista no paran de protagonizar escándalos.

Por hablar solo de los últimos casos, citemos el del alcalde colorado recientemente formalizado por integrar, junto a su hijo, una banda de abigeos, mientras aún sigue en el tapete el caso de Andrés Betingo Sanguinetti, hermano del expresidente, implicado en la causa Odebrecht. A la vez, ya en mayo, fueron detenidos cinco individuos en el marco de un operativo contra la explotación sexual de menores, entre los cuales se encuentra, aparte de un exjuez, un diputado colorado.

Efectivamente, el Departamento de Delitos Especiales de Interpol desbarató una organización delictiva que reclutaba adolescentes para ser explotadas sexualmente durante las fiestas electrónicas realizadas en Punta del Este. Las investigaciones comenzaron hace un año, cuando se encontró el cadáver de una chica de 17 años en la desembocadura del arroyo San Luis. Tras indagar a una amiga, comenzaron a seguir el hilo de contactos hasta que toda la red quedó al descubierto.

En cuanto al diputado (suplente) del Partido Colorado cuyas iniciales son Nicolás Ortiz, también es docente de Física en el colegio Elbio Fernández y reconocido rotario.

Para la fiscal, no es necesaria la prisión preventiva.

Justo es reconocer que Ernesto Talvi (que lidera el sector Ciudadanos, al cual pertenece Ortiz) se movió con celeridad y corrección y activó la suspensión del diputado hasta que la Justicia se expida, ratificando a la vez su defensa del principio de inocencia. Eso es lo que un buen líder debe hace, lástima que su defensa del mencionado principio (toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario) solo aplica cuando los acusados son de derecha.

 

Éramos pocos y parió la abuela

Los colorados, hay que reconocerlo, son mucho más hábiles que los blancos para evitar que los chisporroteos internos se conviertan en cortocircuitos; pero la predesignación del abogado Julio Luis Sanguinetti (del sector Batllistas) como delegado de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) generó una pulseada electrizante entre su padre y el líder de Ciudadanos. Luis Lacalle estaba obligado a pagar su apoyo al expresidente; pero al mismo ya no le interesa un cargo de director o ministro, sino acomodar a su hijo, por lo que se manejó ese apetecible puesto. Talvi, en una actitud que lo enaltece (y lo digo sin ironías), se opuso con inusitada firmeza, argumentando que la designación de familiares es una vieja costumbre del clientelismo uruguayo que no es práctica y tampoco una señal política sana. Los autodenominados batllistas, acostumbrados como nadie al nepotismo, sintieron que les mojaban la oreja y Tabaré Viera llegó a hablar de “manoseo inadmisible”.

Más allá de la argumentación impecable del canciller, lo cierto es que, para cualquier colorado de bien, la designación de Julio Luis Sanguinetti es un “quemo”, debido al caso “Cangrejo rojo”, en el que estuvo enredado. En la década de los 90, el excomandante de la Flota de Mar de la Armada, Eladio Moll, junto a su hijo Ricardo, realizaron una estafa a un grupo de empresarios norteamericanos en un negocio de pesca de cangrejo rojo, maniobra que salpicó al hijo del expresidente.

Al principio, el cargo que le ofrecieron fue como integrante del directorio de UTE; pero él lo había rechazado tajantemente por medio de su sector político, que, en un comunicado publicado por Búsqueda, expresó: “Batllistas, a pedido de Julio Luis Sanguinetti, desmiente la versión sobre un eventual cargo en UTE. Julio Luis no estará en ningún lugar que impida su actividad partidaria”.

La pulseada la ganó Talvi y Julio Luis Sanguinetti terminó aceptando lo que antes rechazara de manera tan categórica.

La pregunta es, si hablamos de un abogado tan prestigioso e importante, como señala el expresidente, ¿por qué tanta desesperación por ocupar un cargo público, llegando al extremo de borrar con el codo lo escrito con la mano y poner en trance a su partido?

Con la repartija de cargos públicos, Luis Lacalle Pou pretende consolidar la coalición; pero está ganando más dolores de cabeza que apoyos. Su estrategia lo ha llevado a darle un cargo a un ultraderechista como Daniel García Pintos, de la Brigada Palo y Palo, ahora integrante de Cabildo Abierto. Su hermano, hoy en monacal silencio, es aquel que reconociera que durante el anterior gobierno blanco usaba su tarjeta corporativa para saquear las arcas del Estado para incrementar las del Partido Nacional.

Pese a muchas concesiones, Luis no está obteniendo la obediencia que esperaba y partes de su proyecto estrella, la LUC, están quedando por el camino, como los artículos 268 y 269, que perjudicaban a Antel obligando a ceder sus infraestructuras a operadores privados.

Los herreristas continuarán con sus obsesivos intentos de deteriorar las empresas públicas para promover su privatización, tal como lo intentó Lacalle I en los 90; pero si Lacalle II insiste en ello, la férrea oposición de la mayoría de los uruguayos, orgullosos de tales empresas estatales, lo puede hacer pasar, de la noche a la mañana, de líder del triunfo de la oposición a mariscal de la derrota.

Las aguas vienen revueltas.

 

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