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Editorial

Los fanáticos del achique

Por Leandro Grille.

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Ya sabemos que el jefe del ajuste es el presidente, pero el verdugo inconmovible que lo ejecuta es  Isaac Alfie. Es el ministro de Economía en las sombras que lidera un recorte a rajatabla en los incisos del Estado, sin hacer ninguna clase de miramientos ni detenerse a pensar en las consecuencias sociales de ese fanatismo del achique. Lo mismo cortan en la alimentación escolar, en los remedios de los veteranos, en los programas de vivienda, en la investigación científica, en la enseñanza, en las políticas sociales o en la inversiones de UTE. Todo da igual cuando la consigna es cortar y el instrumento una motosierra indiscriminada.

Vinieron para esto; lo vienen haciendo desde el primer día del mandato y lo van a terminar de consagrar en el proyecto de ley de presupuesto este mes, cuando se saquen las ganas de poner en negro sobre blanco la sinfonía de hachazos. Cabe destacar la responsabilidad de Alfie, porque es el mismo contador que jugó para Aratirí en un juicio internacional que si el Estado uruguayo no hubiese ganado, le habría costado a nuestro país 3.600 millones de dólares, cuatro veces el tamaño del ajuste de 900 millones al que vienen apuntando. También conviene recordar que el exministro de Lacalle y exsenador del Partido Nacional, Carlos Delpiazzo, hizo un fervoroso informe jurídico a favor de los litigantes y que el presidente Lacalle Pou daba por perdido el juicio que finalmente ganamos. Si se hubiese dado lo que aspiraba Alfie y lo que anticipaba Lacalle Pou, un ajuste de 900 millones por año en los próximos cuatro años de mandato habría sido solo lo imprescindible para pagarle a Aratirí el monto de su demanda.

La magnitud del ajuste que quieren implementar con la ley de presupuesto es superior al famoso 15% de reducción que dispusieron en el decreto 90/2020 del 11 marzo, antes de que llegara la pandemia a Uruguay y se decretara la emergencia sanitaria. Porque al achique de los presupuestos en pesos de los organismos públicos, hay que añadirle, por lo menos, la devaluación de la moneda y el incremento de los precios. Con esos dos factores, el efecto real del recorte será muy superior al nominal y todas las políticas públicas se verán seriamente afectadas. Para colmo, ese presupuesto, diseñado para la economía de una guerra inexistente, entrará en vigencia en un país con necesidades sociales multiplicadas, debido a un aumento notable y evitable de la pobreza y una caída fenomenal del empleo y el salario real. Cualquiera puede avizorar el panorama social que dejará este ajuste extravagante e innecesario que, además, se aplica en el momento más inoportuno de nuestra historia.

La ley ingresará este mes al Parlamento y lo esperable es que los próximos meses sean de intensa protesta social, generalizado en los ámbitos de la educación y de la administración pública. Sin embargo, el ajuste ya genera y va a generar todavía más tensiones a la interna de la propia coalición, aunque su desenlace sea forzosamente el acuerdo que es imprescindible para reunir los votos. De este modo, va a ser muy importante que la oposición comprenda y haga visible que esta ley de presupuesto es de toda la coalición gobernante y no de una parte de la coalición contra otra, que se le resistió pero no pudo, porque a partir del año que viene el perfilismo, que ya es impresionante, se va a incrementar hasta la ruptura y ninguno de los socios no mayoritarios va a querer cargar con los desastres que va a producir este gobierno.

Es evidente que la coalición multicolor se construyó con el objetivo de derrotar al Frente Amplio, y que en su seno hay contradicciones importantes. No obstante, ninguna de ellas es tan importante como la aversión a la izquierda, que es el cemento fundamental de esa arquitectura. Pese a ese sentimiento común, un programa de ajuste estructural, aplicado tras una pandemia cuyas consecuencias económicas ni siquiera se pueden dimensionar aún, más allá de su dramatismo indisimulable, va a salir necesariamente mal y sus consecuencias sociales serán terribles.

En un tiempo no demasiado largo, la impopularidad del gobierno va a ser abrumadora y todos los socios intentarán que la bronca de la gente no les roce a ellos. Pero como el futuro es harto previsible hoy y aun así los socios están firmes junto al timón que está llevando el barco hacia el naufragio, será importante que cuando el desastre se produzca, no se hagan fácilmente los inadvertidos, los estafados ni los inocentes: tiene que quedar clara su responsabilidad colectiva en esta aventura noventista, porque si bien una correcta asignación de culpas no va a salvar a nadie, la impunidad que otorga la incomprensión masiva de lo que ocurra les va a dar la oportunidad de resurgir para volver una vez más a experimentar el mismo proyecto neoliberal que solo sirve a un puñado de ricos y jode al resto por varias generaciones.

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