García confirmó que se está elaborando un proyecto de ley para profesionalizar el servicio de los entes públicos e informó de qué trata: «Implica toda la mejora de eficiencia de las empresas públicas, reducción de gastos importantes, la regla del dos por tres, es decir, cada tres personas que se van de las empresas ingresan dos como máximo, reducción de gastos de publicidad, de viajes, de horas extras, lo que permite un incremento en términos reales del 15% a las empresas. Otra línea de acción es el sistema nacional de inversión pública y el establecimiento de lineamientos muy claros para las inversiones de las empresas, que se viene cumpliendo. Y una línea de acción futura que tiene que ver con gobierno y mejores prácticas». En ese sentido, el titular de la OPP dijo que están «tratando de aprender» de la experiencia en otros países. La finalidad es, en algún caso, «disminuir la cantidad de los integrantes de los directorios», poniendo como ejemplo el origen de Ancap, en 1931: «Batlle y Ordoñez, que luchó mucho por Ancap, no llegó a verla creada porque falleció antes. Allí comenzó con un directorio con cinco integrantes y el reparto político de ese directorio de tres y dos. Esto generó una frase histórica que todos manejamos, que fue ‘el pacto del Chinchulín’, que fue una ironía del Luis Alberto de Herrera porque habían quedado afuera de ese acuerdo. A fines de la década del 40-50, se decide incrementar los directorios de las empresas públicas a siete personas y como ingresó el doctor Herrera pasó a ser un convenio de entonación nacional o algo por el estilo», afirmó, reiteró que «es necesario revisar prácticas históricas, y, en algunos casos, reducir la cantidad de los directores a tres, que pueda haber llamado público para las gerencias para que se puedan presentar los funcionarios de carrera pero que también se pueda abrir, la prohibición por un período razonable (pensamos en tres años) para que alguien que se retira de la empresa pública no pueda trabajar en el mismo sector en la parte privada, a modo de quitar el incentivo de participar en la empresa pública como trampolín para el sector privado», indicó. García culminó diciendo que la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios «no está planteada en este proyecto de ley».
