Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

POR AHORA LA LIBERTAD

Amenaza a fiscal de Corte: Defensa presenta inconstitucionalidad y abogado queda en libertad

El abogado Juan José Ayala, imputado de amenazar al fiscal de Corte Jorge Díaz, quedó en libertad; la defensa presentó recurso de inconstitucionalidad.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La fiscal Mónica Ferrero formalizó la investigación que condujo a la detención del abogado Juan José Ayala como la persona que en noviembre de 2017 amenazó al fiscal de Corte Jorge Díaz mediante un llamado telefónico. «Somos el comando de la restauración nacional; dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle», dijo una voz masculina a la guardia policial que atendió el llamado. Las investigaciones, que incluyeron varias escuchas telefónicas, llevaron hasta Ayala, que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. En este marco, los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana asumieron la defensa y diseñaron la estrategia de defensa. La primera medida de los abogados fue recomendarle a su cliente no declarar ante la Fiscalía ni acceder a las escuchas telefónicas que lo involucraban en los hechos. Sin embargo, la fiscal Ferrero consideró que tenía elementos suficientes para solicitar la formalización y así lo hizo. Este viernes, la representante del Ministerio Público imputó a Ayala por un delito de amenazas y por un delito de tráfico de armas -ya que durante los allanamientos dispuestos en su casa se encontraron dos armas sin registrar y con la serie limada-. En su dictamen, la fiscal mencionó el conjunto de escuchas telefónicas recopiladas durante la investigación y afirmó que en una de esas conversaciones Ayala se reconoce como el autor de la amenaza. A su turno, los abogados Salle y Viana declinaron referirse al fondo del asunto y presentaron un recurso de inconstitucionalidad. La razón es simple: cuestionan las bases del Código de Proceso Penal (CPP). Para estos profesionales, los fiscales recolectaron pruebas antes del juicio, lo que está prohibido por la Constitución. Ante esto, el juez Penal de 41º Turno, Huberto Álvarez, dispuso la suspensión del proceso penal y la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su análisis. Mientras se dirime la constitucionalidad o no del proceso y se discuten las 70 páginas del escrito de la defensa, todo queda en suspenso. Por este motivo, el juez dispuso la puesta en libertad de Ayala. Este procedimiento puede extenderse entre 15 días (en caso de una decisión anticipada) y seis meses (en caso de tramitarse por la vía habitual). La defensa de Ayala En este marco, el abogado Enrique Viana (ex fiscal) afirmó que la acción de inconstitucionalidad apunta a cuestionar los ejes centrales del nuevo CPP y afirmó que hasta ahora no existen pruebas contra su cliente, ya que todos los elementos presentados por la Fiscalía no fueron controlados por un juez. «Que la Fiscalía diga que tiene algo, no es prueba». Viana reconoció que su cliente tenía armas en su casa: una de ellas le pertenecía a un cliente y la tenía como custodia y la otra no la identifica ni la recuerda. Y afirmó que «hoy es muy común» que personas tengan armas en su casa sin papeles. «Lamentablemente, no debería ser así, pero es una cosa bastante repetida». El abogado insistió que los elementos presentados por la Fiscalía no son prueba: «Mientras la Fiscalía hace un recolección de elementos, eso no es prueba. Es prueba lo que se hace ante el juez, en el momento adecuado que será, si es que hay ese momento, cuando se desarrolle el juicio propiamente. Esta es una audiencia inicial, lo que era antes el 126 del CPP». En este contexto, explicó los motivos del recurso de inconstitucionalidad contra el CPP: «En el viejo CPP se hacía la prueba de la semiplena prueba y allí había una presunción, porque se hacía adelante de un juez y había una presunción de que el hecho pudo haber ocurrido; en este nuevo proceso eso no se hace, hay que esperar a la audiencia del juez». Esto implica algo muy grave, ya que «se pide una medida cautelar de prisión sin haber pedido prueba, ni siquiera tenemos ese principio de prueba que teníamos con el viejo CPP. tenemos que esperar tres o cuatro meses a que se haga esa audiencia y le pregunto a todos: ¿Si esa prueba no existe? No viene el testigo, se pierde la prueba, no aparece el denunciante […] Estos procesos penales llevan a que se meta gente presa sin haber hecho semiplena prueba, esa es una de sus tantísimas inconstitucionalidades». Asimismo, los abogados plantearon un incidente de recusación contra os ministros de la Suprema Corte de Justicia y y otro contra el propio fiscal de Corte para que estos no puedan intervenir en el recurso de inconstitucionalidad contra el CPP. «Entendemos que la SCJ en su momento hizo spots publicitarios en favor del nuevo CPP, por lo que anticipó opinión sobre el nuevo código, por lo que no puede ser el juez para resolver una cuestión de inconstitucionalidad». El representante del fiscal de Corte En tanto, el abogado Jorge Barrera -representante del fiscal de Corte en el proceso- dijo que el recurso de inconstitucionalidad es una estrategia legítima de la defensa, pero estimó que la misma debería rechazarse en forma rápida por la Corte, de forma de habilitar la continuidad del proceso penal por la amenaza de muerte. Barrera explicó que la formalización de la causa implica que -a criterio de la Fiscalía- existen elementos objetivos que avalan la existencia de un delito y de que el imputado es responsable. Pero ante esto, la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad contra el CPP, en una línea similar a la que se actuó en otras causas, como parte de una estrategia legítima desde el punto de vista procesal, pero que «lo único que tiene es un efecto dilatorio». «Sabíamos que esto iba a ocurrir […] por eso le solicité a mi patrocinado (Díaz) que no viniera a la audiencia», dijo Barrera. «Aquí se habló mucho del código, la política, los nuevos órdenes mundiales, de las directrices, pero en un Juzgado de lo que se tiene que hablar es de la comisión de delito y de la identificación o no de los responsables, que es lo central», señaló Barrera. En este sentido, el abogado estimó que «la sentencia de la Suprema Corte de Justicia va a ser inmediata». «Cuando uno tiene cinco, seis, siete, ocho planteos de inconstitucionalidades en el mismo sentido, en la misma dirección, con un tono político más que jurídico, no me extrañaría que hubiera una decisión anticipada», dijo Barrera. Asimismo, expresó su extrañeza por el incidente de recusación contra todos los ministros de la Corte: «Acá hay un complot de todos los integrantes de la SCJ, de todo el Poder Legislativo que lo votó, de todo el Colegio de Abogados, que todos estamos complotados en contra de la libertad… me parece que la decisión cae por su propio peso». Barrera afirmó que -a su entender- el dictamen presentado por la Fiscalía tiene elementos suficientes para determinar la responsabilidad del abogado Ayala como autor de la amenaza. «No me cabe la menor duda que si».

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO