Amenazados

La mirada fija, un gesto desafiante, el tono elevado. El joven procesado con prisión por delitos de rapiña, atentado y tentativa de homicidio y recluido en la Unidad Penitenciaria Nº 4 (ex-Comcar), era interrogado nuevamente por la Justicia en relación a un homicidio ocurrido en la zona de Cerro Norte –aún sin aclarar–, en el que se presume está involucrado. Una serie de escuchas telefónicas, entre ellas, una conversación con su hermana y su madre, lo comprometía en la causa. Al enterarse de eso, el joven se alteró y apuntó directamente contra la jueza Marcela Vargas –que dirige la investigación– y una fiscal adscripta que participaba de la audiencia en representación del fiscal Gilberto Rodríguez. Comenzó a vociferar que todos estaban de vivos, qué declaraba lo que quería, qué tenía mucha gente conocida afuera y les dijo que se cuidaran ellas y sus familias. La amenaza fue directa, pero el interrogatorio continuó adelante. Al otro día, su primo –procesado e investigado por el mismo homicidio– también se desacató y amenazó a los operadores judiciales que estaban al frente de la indagatoria. Las amenazas contra operadores judiciales no son una práctica novedosa; en los últimos años al menos una decena de jueces y fiscales fueron amenazados de muerte por su intervención en indagatorias de delitos de narcotráfico, contrabando y homicidios. “No son situaciones de todos los días, pero han sucedido en asuntos de drogas o en investigaciones de homicidios; incluso a veces amenazan a sus propios abogados. En general, es gente que no tiene nada para perder y con baja tolerancia a la frustración”, dijo un fiscal a Caras y Caretas. Sin embargo, este caso generó “atención”, ya que se trató de una amenaza directa proferida por un joven con varios antecedentes y diversos crímenes en su haber. A esto se le suma una serie de sucesos, como el crimen de Susana Odriozola (alguacil del Juzgado de San José y hermana de la jueza Penal María Noel Odriozola) y el ataque al abogado Gustavo Bordes, en su propio estudio en Ciudad Vieja, que incrementaron la susceptibilidad y la presunción de riesgo entre los operadores. Horas después, la historia volvió a repetirse. Un mensaje de texto interceptado por la Policía con amenazas contra el juez José María Gómez y el fiscal Gustavo Zubía –quienes estaban al frente de la investigación por el ataque por encargo al abogado Bordes– volvió a encender las alarmas, más en un contexto en el que el sicariato es una realidad incontrastable. Un delito estrechamente vinculado con la resolución de conflictos entre bandas criminales y que las autoridades procuran combatir para que no se propague al resto de la sociedad.   El encargo En agosto de 2013, un triple crimen conmocionó a la ciudad de Rivera. Un hombre, su esposa y su hijo aparecieron muertos en su casa en el centro de la ciudad. Los adultos fueron apuñalados y el hijo fue asfixiado. La investigación determinó que los autores del crimen fueron tres adolescentes que actuaron por encargo. La instigadora del crimen –que también participó de la ejecución– fue una docente de Biología, cuñada del hombre. Su objetivo era apropiarse de la casa –de alto valor– en la que estos residían. La mujer les pagó 40.000 pesos. Como en ese caso de Rivera, el crimen por encargo se trata de un delito históricamente asociado con rencillas familiares, diferencias comerciales o económicas y desencuentros afectivos, que se resuelven con actos de violencia extrema. Sin embargo, en los últimos años estos crímenes comenzaron a asociarse con la resolución de conflictos entre bandas criminales rivales, los ajustes de cuentas y el sicariato; un fenómeno directamente asociado al proceso de incremento de los niveles de violencia y de inseguridad. En la década de 1990, varios reclusos “pesados” fugaron del Penal de Libertad y escaparon hacia Brasil, donde fueron detenidos y encarcelados. En las cárceles brasileras esos reclusos percibieron una realidad distinta a la que conocían, un ambiente más violento y hostil. Al ser extraditados a Uruguay, estos reclusos aplicaron esos códigos aprendidos e incorporados dentro de las cárceles norteñas; fueron años de un fuerte incremento de la violencia en las prisiones, con muertes y ejecuciones. En los años 2000, el proceso se intensificó. Las acciones policiales de lucha contra el narcotráfico provocaron la caída de decenas de integrantes de carteles internacionales de drogas (colombianos, mexicanos y paraguayos) que operaban en Uruguay como un país de paso de la droga hacia Europa. Esos narcotraficantes fueron alojados en el Penal de Libertad y se mezclaron con los incipientes narcos uruguayos, que les brindaban “seguridad”. En esa relación, los uruguayos aprendieron algunas prácticas, como la organización de las estructuras de venta de drogas y los ajustes de cuentas. Esto llevó a un cambio en la delincuencia fuera de los límites de la prisión. Delincuentes comunes se transformaron en homicidas a cambio de dinero, de drogas o de otras prebendas. El sicariato se transformó en una herramienta para dirimir conflictos o enviar señales de poder. Ese fue el caso de Gustavo de Armas, uno de los presos más “pesados” de las cárceles uruguayas, que lideraba una organización de asaltantes y que se había transformado en el capo del movimiento de drogas en la zona de Cerro Norte. Al recuperar la libertad, De Armas fue asesinado por un joven en la puerta de su casa, en lo que parecía un mensaje de una de sus bandas rivales. Con el paso de los años estas prácticas comenzaron a intensificarse, lo que implicó la conformación de verdaderas organizaciones criminales y un crecimiento importante de los homicidios por ajustes de cuentas. Las víctimas eran, en su mayoría, personas vinculadas con el tráfico de drogas o jóvenes que mantenían deudas con los dueños de las bocas de venta. Al principio, los disparos eran dirigidos a las piernas como advertencia; más tarde, fueron al pecho o a la cabeza. En muchos casos, los autores materiales eran jóvenes adictos, reclutados por estas organizaciones criminales y que operaban como los “brazos ejecutores” de los crímenes. En diciembre de 2014, la Policía logró la detención de dos jóvenes sicarios que operaban para grupos criminales en el barrio Casabó. Un informe del diario El Observador señaló que por matar a un deudor de una boca de venta de drogas estos jóvenes cobraban una tiza de pasta base, que costaba 2.500 pesos y contenía 50 dosis, más 1.000 pesos en efectivo. Este tipo de crímenes se transformó en una constante de la crónica roja. Ese fue el caso de un matrimonio paraguayo ejecutado en febrero de 2016 mientras circulaban en su camioneta por avenida Giannatassio (ese crimen derivó en la muerte de una adolescente de 16 años que caminaba por la zona y fue atropellada por la camioneta, que, tras la muerte del conductor, circulaba sin control). Esa investigación permitió determinar que el arma utilizada en el crimen era la misma que se usó cinco días antes en un asesinato en Casabó. Las sucesivas investigaciones policiales permitieron vincular el crimen del matrimonio paraguayo con otros cruentos crímenes cometidos por una banda asentada en Casabó y el procesamiento de varios de sus integrantes; otro de ellos, el Oreja Donato, está detenido en Brasil a la espera de que se concrete su extradición a Uruguay. En este contexto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que el enfrentamiento entre narcos había llegado al nivel de “guerra” y apuntaba al cambio en los códigos de la delincuencia.   El origen En 2014, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó que los asesinatos por encargo eran una realidad que “llegó para quedarse” como parte de un proceso de incremento de la violencia entre bandas rivales por el control del territorio. “Todos los días nos enteramos de alguna muerte violenta por algún ajuste de cuentas o algún problema entre delincuentes. Muchas veces, homicidios cometidos por alguien que recibe un pago para hacerlo”, dijo Díaz. El jerarca valoró que, como en toda transacción comercial, se requiere de oferta –alguien que esté dispuesto a matar por dinero– y de demanda –personas dispuestas a pagar para que maten a otra–. “La oferta y la demanda ya se están juntando. No tenemos que generar alarma, pero tenemos que saber que el problema existe, por lo que debemos estudiarlo y tratar de combatirlo. No tenemos que minimizarlo y hacer como que no existe. El problema preocupa”, aseveró Díaz. Tres años después, Díaz afirmó que el problema del sicariato se manifiesta con mayor intensidad, aunque no se trata de un proceso inevitable. “Ahora se da el uso de sicarios para resolver conflictos entre las organizaciones criminales y, al parecer, se sumó una cuestión más, como la pretensión de utilización de sicarios contra las fuerzas de seguridad”, expresó Díaz a Caras y Caretas. “Eso ha pasado en todos los países de América Latina, los delincuentes uruguayos no inventaron nada, porque el aprendizaje en estos asuntos es rápido, uno copia rápidamente, no sólo por la convivencia en las cárceles, sino hasta de las películas. Son roturas de límites culturales, es menos costoso evitar que se rompan, pero cuando se rompen hay que trabajar muchísimo, con firmeza y con determinación” para enfrentarlos, valoró Díaz.   Investigación especializada La proliferación de los crímenes por encargo derivó en la decisión del fiscal Juan Gómez (entonces al frente de una Fiscalía Especializada en Crimen Organizado) de iniciar una investigación sobre el sicariato en Uruguay. El objetivo de esa investigación era detectar si en Uruguay “existían bandas o grupos criminales, organizados o medianamente organizados que estuvieran utilizando el sicariato como mecanismo de presión, de ajustes de cuentas, fundamentalmente enfocados a otros grupos eventualmente competidores de quienes iniciaron esta actividad”, expresó Gómez a Caras y Caretas. Esa investigación “aún no ha culminado”, pero revela la preocupación permanente de las autoridades por combatir “esa forma tan cruel de delincuencia”, agregó Gómez. En este marco, Gómez valoró que la nueva estructura de investigación penal que comenzará a regir con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP)permitirá mejorar la investigación de estos delitos y se podrá asimismo dilucidar la existencia de este tipo de organizaciones. Precisamente, el fiscal de Corte definió que Gómez esté a cargo de esa Fiscalía especializada en investigar homicidios. “Hoy en día no existe un mecanismo de coordinación que permita efectuar una investigación de contexto, centralizada; ese tipo de investigaciones será posible con la vigencia del nuevo CPP”, señaló. “La investigación pasará por un grupo de fiscales, entre ellos quien habla, y pretendemos hacerlo de la forma más profesional posible, en contacto con la autoridad policial, de forma tal que nos permita lograr los elementos, las evidencias investigativas para que, en determinado momento, podamos formalizar [la acusación] contra los autores”, agregó Gómez. Y para eso “se utilizarán todas las herramientas que sean útiles para la investigación”, aseguró Gómez. En este marco, afirmó que existen “hechos recientes” que revelan la existencia de crímenes cometidos por sicarios, “y hay otros hechos en el pasado, que no han tenido una resolución, y que se sospecha, con algunas razones, que son producto de sicarios que actúan por encargo, por dinero o por las razones que sea”. Se trata, sin embargo, de crímenes difíciles de investigar porque “la motivación última no es de quien cumple el acto material de dar muerte”. “Si existiera un vínculo directo entre el matador y la víctima, es más fácil lograr establecer el motivo. En el caso del sicariato, por propia definición, supone un encargo a una persona ajena a la relación última del autor mediato –el autor intelectual– y la víctima”. A esto se suma que, en algunos casos, se detectó que los sicarios contratados eran extranjeros. “Es otro elemento a tener en cuenta”, señaló Gómez.