Amnistía señala carencias en derechos sexuales

Amnistía Internacional presentará en marzo dos informes regionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mariana Labastie, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay dijo que el 7 de marzo se realizará el lanzamiento de dos textos. La Organización ha constatado que en la zona hay defensoras y defensores de los derechos sexuales y reproductivos que han sido víctimas de acoso, prisión o asesinato. “Estos informes marcarán el trabajo de la Organización durante 2016, que tenderá a la protección de las mujeres, especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Labastie. En agosto de 2015, un tribunal contencioso administrativo ratificó el derecho de los profesionales de la medicina a negarse a practicar abortos legales por motivos de conciencia. La sentencia se dictó a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de profesionales de la medicina contra varios artículos de un decreto que regulaba la ley de 2012 que despenalizaba el aborto y garantizaba un acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo. La decisión del tribunal causó incertidumbre respecto al modo en el que el gobierno garantizaría la aplicación efectiva de la legislación, en función del número de profesionales que se negara a realizar abortos alegando motivos de conciencia. En Uruguay, el aborto es legal en todos los casos durante las primeras 12 semanas de embarazo. La despenalización se extendía hasta la decimocuarta semana de embarazo cuando éste era consecuencia de violación, y a todo el período de gestación cuando el embarazo suponía un riesgo grave para la salud de la mujer o en caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Apenas hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres transexuales cometidos entre 2011 y 2012, señala el informe de Amnistía. Además, Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe anual. En el capítulo sobre Uruguay señala que “apenas hubo avances para garantizar la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985”. Según Labastie este es un punto que persiste en los informes de los últimos años. Además, continúa la desigualdad de género, de acceso al aborto y a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El informe señala que el presidente, Tabaré Vázquez, prometió poner en marcha el Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos, reforzar las políticas contra la discriminación de las personas LGBTI y adoptar medidas para promover la igualdad de género. “El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, instó en marzo de 2015, a Uruguay a tomar medidas para prevenir y prohibir todas las formas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la privación de libertad, en particular en las dependencias policiales, y para proteger a los niños y las niñas”. El Comité también pidió al gobierno que abordara el elevado índice de pobreza infantil y mejorara el acceso a servicios de salud de calidad, en particular para los niños y niñas que viven en las zonas más desfavorecidas. El texto señala que en junio del año pasado el gobierno anunció que continuará con el programa de acogida de refugiados sirios, y destaca que en 2014, cinco familias sirias llegaron a Uruguay. En mayo, un decreto presidencial estableció el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1968 y 1985. El Grupo estaría conformado por el presidente y el vicepresidente de Uruguay y por otros siete integrantes cuyas carreras profesionales debían cumplir con los criterios de autonomía e independencia. Una sentencia dictada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia seguía obstaculizando el acceso a la justicia; la sentencia había revocado dos artículos cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que los crímenes cometidos durante el periodo del gobierno cívico-militar eran crímenes de lesa humanidad, con carácter imprescriptible.