Como era de esperar, la oposición y el Frente Amplio plantearon todas sus diferencias de criterios sobre la gestión de Ancap en los informes de la Comisión Investigadora que presentaron este lunes. Mientras los tres partidos opositores interpretaron que hay sospechas de ilícitos y buscarán hacer una presentación conjunta ante la justicia penal, el FA ratificó su postura de que no se cometieron ilicitudes y dejó claro que “tampoco se metió la mano en la lata” porque “todo lo gastado está documentado”. Sin embargo, la decisión firme de la oposición es que la justicia investigue los últimos 10 años de Ancap. Así lo anunciaron por separado los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Partido Independiente). Todos ellos coinciden en que varios de los capítulos analizados dejan la presunción de ilícitos y deben ser investigados en profundidad. Incluso, algunos de ellos no descartaron la posibilidad de que la oposición unida concurra ante la Justicia con una denuncia conjunta. Los puntos especialmente remarcados como “sospechosos” tienen que ver con el manejo de la publicidad de Ancap, irregularidades en el área del cemento portland, la intermediación de la empresa Exor en los acuerdos con Venezuela para el pago de la deuda con Pdvsa, y la construcción de un remolcador empujador. Completamente distinta es la visión del Frente Amplio que reafirma su postura de que la Investigadora dejó claro que no se cometieron delitos. “Van a hacer perder el tiempo a la Justicia” aseguró el senador Marcos Otheguy de la lista 711 quien por casi seis meses ejerció la presidencia de la Investigadora, y agregó: “No se puede acusar de ilicitudes al boleo”. A lo largo de sus 187 páginas, el informe del FA cuestiona la debilidad de la denuncia presentada por falta de argumentos y datos concretos. Pero también critica el doble discurso de la oposición, que una cosa decía en la Comisión Investigadora y otra, en los diarios y noticieros. Se rechaza la construcción de mensajes erróneos o mal intencionados a solo fin de influenciar a la opinión pública y decir falsas verdades que se convirtieron en grandes falacias durante el debate sobre Ancap. La Comisión Investigadora funcionó durante 120 días, tuvo 37 sesiones y fueron citadas unas 70 personas.
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