Sobre fines de octubre, Andrés “Betingo” Sanguinetti será extraditado al Principado de Andorra (Principat d’Andorra), donde será interrogado sobre su presunta participación en el esquema de corrupción montado por la empresa Odebrecht. Su testimonio fue requerido tras la declaración del ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán. Allí Sanguinetti será interrogado sobre varios temas. Uno de ellos es su relación con la sociedad panameña Lodore Foundation, vinculada con la adquisición por parte de Odebrecht y de Petrobras de la petroquímica Quattor-Unipar, operación por la cual se pagaron suculentas coimas. Así lo informó este jueves el diario El País (Madrid, España), con base en un informe de la Policía de Andorra. El informe establece que en enero de 2010 Odebrecht y de Petrobras cerraron la compra de Quattor-Unipar. La operación se cerró en más de 500 millones de dólares. De esta forma, la filial Odebrecht Braskem se transformó en la primera petroquímica de Latinoamérica, con 26 plantas y la capacidad para procesar 5,5 toneladas de resina al año. Para concretar esta operación, Odebrecht pagó unos 150 millones de dólares al presidente de Unipar Carbocloro, Frank Geyer, a espaldas del resto de los accionistas de la compañía, es decir, en coimas, señala el informe El informe de la Policía de Andorra (divulgado por El País) aporta detalles de esa operativa: “Para concretar el negocio, Odebrecht creó la fundación (Lodore) desde autorizaría un pago oculto al resto de socios de Braskem de 100 millones de dólares de los 150 (millones de dólares) acordados a favor del principal accionista de Quattor y expresidente de Unipar Carbocloro, Frank Geyer Abubakir, el cual recibía esta cuantía a cambio de autorizar la venta de Quattor a favor de Odebrecht. El pago debía hacerse de forma que no apareciera ni fuera conocido por el resto de los accionistas del consorcio (Unipar, Petrobras, otros accionistas minoritarios y el Consejo Administrativo de Defensa Económica CADE)”. Esta operativa -que Geyer reconoció ante la Procuraduría General de Brasil- se realizó con la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad financiera donde trabajaba Sanguinetti. En efecto, el informe de la Policía señala que la sociedad panameña Lodore Foundation, que amparó la operativa, era representada por Cristina Lozano, exdirectora de la filial de la entidad andorrana BPA Serveis, y el agente del banco en Uruguay, Andrés “Betingo” Sanguinetti. “Con el consentimiento y beneplácito de sus superiores jerárquicos (Lozano y Sanguinetti) tuvieron un papel importante en la logística, formulación y construcción de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a través de la BPA”, que incluyó la compra de casi 100 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, señala el documento. Según las autoridades, Lodore Foundation fue constituida con el fin de ejecutar una inversión millonaria de compra de activos (bonos) del Tesoro norteamericano denominados Tbills y “tenía como principal fin, amagar u obstruir la identificación del verdadero ordenante o propietario de los fondos, en este caso la mercantil Klienfeld (constructora Odebrecht)”. Klienfeld fue la agencia creada por Odebrecht para pagar sobornos a altos funcionarios de gobiernos en varios países de América Latina a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. En el contrato entre Klienfeld y BPA Serveis para la compra de los bonos del Tesoro se establece que los títulos adquiridos por Lodore Foundation, la sociedad que administraba la directiva de la BPA, deberían ser transferidos a favor de una compañía suiza denominada Gestar Financial Services. Y, desde ahí, al banco portugués Espíritu Santo, señala el informe. El informe policial señala que fue el ex directivo de Odebrecht Luiz Eduardo Da Rocha Soares, “utilizando recursos (fondos ilícitos procedentes de obras sobrefacturadas) del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas el que en colaboración con la BPA, creó una fundación constituida en Panamá para formalizar el pago”. Según el informe, BPA Serveis cobró una comisión del 2,5 por ciento de los bonos adquiridos.
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