Por Alfredo Percovich
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Según la académica e investigadora, lo que sucedió con Gustavo Castro, quien murió de frío por no recibir una respuesta del Estado, «es un ejemplo de que se está desmantelando lo que teníamos, hay señales muy claras y preocupantes de que la malla básica de protección social que se había logrado hoy está en riesgo». En cuanto a la LUC, considera que el capítulo destinado a los adolescentes privados de libertad «es un horror».
¿Qué lugar piensas que ocupan tú y tus compañeras de generación en la escena nacional?
Hace muchos años comenzamos una apuesta con mis compañeras de El Paso, de trabajar y militar por la defensa de quienes están en situación de violencia. Trabajar para construir un mundo sin relaciones de opresión y dominio y en especial transformar el machismo y la desigualdad. Caminamos juntas con Cristina Prego, Fabiana Condon, Sandra Perroni, Alicia Deus, Diana González y nos fuimos sumando a espacios colectivos con compañeras muy potentes y luchadoras de la Intersocial Feminista y de la Red Uruguaya contra Violencia Doméstica y Sexual.
En El Paso nuestro objetivo es transmitir un posicionamiento y una manera de entender especialmente las problemáticas de violencia. Cuando hablamos de violencia hablamos de toda la desigualdad. Y lo hacemos para incidir en las políticas públicas, en las intervenciones de los profesionales, pero también para toda la gente. Hacemos un trabajo muy fuerte de comunicación que nos permite hablarle a la gente y que nos escuchen. Nosotras intentamos mantener una postura de mucha apertura y de flexibilidad. Dicho en lenguaje llano: creo que es mucho más fácil salir a tirar a una «bomba» cuando pasa algo y «quemar las naves», pero nosotras decidimos no hacer eso, sino intentar que la gente nos escuche y tender puentes, acercar nuestra reflexión, aportar. Frente a una acción negligente elegimos denunciar el sistema negligente y omiso, más que criticar al profesional que accionó en el caso. Porque en estos temas hay responsabilidades individuales, sin duda, pero hay enormes irresponsabilidades institucionales. Nuestra forma de hacer política es mediante el diálogo, la denuncia en los casos que así lo ameriten y la generación de propuestas que construimos desde el hacer colectivo, desde el hacer crítico, desde la búsqueda de nuevos conocimientos y desde el trabajo cotidiano con las personas que están en situaciones de violencia.
Sin embargo, hay gente que las acusa de todo lo contrario y las estigmatiza de manera sumaria, digan lo que digan, hagan lo que hagan.
Yo creo que es también lo que el sistema históricamente ha intentado, que es deslegitimar, estigmatizar, algo que con el término «feminazi» pretenden resumir. Pienso que dentro del movimiento feminista -que es muy amplio- hay grupos de feministas que ocupan distintos lugares. Y creo que todos son necesarios porque también son necesarias las feministas que meten el cuerpo y salen a las calles a denunciar, a hacer intervenciones y las que trabajan en el Estado, en la Academia, en la política, en los barrios y las que queman las naves siempre. Creo que nos necesitamos a todas. Nuestro lugar de intentar articular y tratar de generar una comunicación que se escuche es el que personalmente a mí me queda más cómodo. Para mí una comunicación que rechace, que cierre los oídos, no es la mejor estrategia. Y, por otra parte, es importante utilizar nuestro lugar de referencia y reconocimiento para poder ayudar a las personas concretas. Frente a casos complejos, dilemáticos, nosotras nos metemos porque tenemos esa posibilidad de tocar una puerta y activar cosas. Eso para nosotras es muy importante. Implicarse para intentar mejorar vidas concretas. Eso lo hacemos todo el tiempo, no solamente en el plano general, sino también acompañando situaciones concretas.
¿Eso no les juega en contra? ¿No te cuestionaron por intentar incidir en casos concretos? Por ejemplo, con el caso «María no se va».
Tengo una tranquilidad absoluta y plena de que había que defender a esa niña, que esa niña había vivido esa situación. Más allá de lo que haya sucedido, yo no me pongo en el lugar de «ganamos o perdimos», sino en el lugar de que es una niña más a la que no pudimos defender, a la que no pudimos cuidar y a la que el sistema se tragó como a tantas otras. Igual no abandonamos, con María seguimos en contacto, seguimos acompañando, no es que se terminó el caso y pasamos a otra cosa. Cuando terminan bien, la gente sigue su vida y eso está buenísimo y está bueno soltar. Pero cuando las cosas siguen complicadas, nosotras seguimos.
¿Qué aspectos te preocupan de la agenda de derechos en la realidad actual?
Me preocupan los retrocesos, me preocupa que se vacíen los conceptos, que se usen las palabras (femicidio, violencia de género, feminismo), pero se las vacíen del contenido y el significado revolucionario que tienen. Ya escuchamos discursos que dicen que la violencia no tiene género, que no se trata de machismo, que se trata de gente que está mal de la cabeza. Hemos escuchado discursos que pecan de un enorme desconocimiento y pretenden explicar la violencia de género como “excesos de amor”. Esas ideas que pretenden volver al ruedo son ideas que logramos desterrar hace más de diez años. Los medios de comunicación dejaron atrás las nominaciones erróneas como «crimen pasional». Han avanzado en poder mirar la violencia doméstica y sexual como crímenes de poder, de violencia machista, de violencia de género. La mirada de la violencia como una vulneración de derechos humanos, como un asunto público y como una expresión de las relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres, es una mirada que hoy transversaliza la política pública de género. Y esa mirada es producto de muchos años de producción académica, legislativa, de luchas de las mujeres en distintos ámbitos y de acompañar y trabajar con víctimas de estas violencias. El riesgo es que se pretenda volver a viejas ideas y mitos basados en ideologías conservadoras, en opiniones personales sin bases científicas. Este es un tema muy serio en el que les va la vida a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, que debe ser atendido y abordado desde las políticas públicas y las intervenciones profesionales con la más alta experticia, formación y conocimiento científico. Quienes tienen responsabilidad en garantizar derechos humanos no pueden “hacer lo posible”, deben hacer lo necesario. Me preocupa lo que suceda con la vida de la gente, especialmente con la vida de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes que están en contextos de desigualdad. Porque hoy el campo social es un espacio de disputa. En los barrios se disputa el trabajo con la gente desde dos paradigmas contrapuestos, el del asistencialismo y la caridad y el paradigma de los derechos humanos. Y esa disputa también se está dando en el campo de las políticas públicas. El paradigma de los derechos humanos es incompatible con el paradigma del asistencialismo y la caridad. Me preocupa que se esté dando rienda suelta a que ciertas organizaciones se instalen en los barrios. Organizaciones que no cuestionan la desigualdad social, sino que atraen a la gente a través de prácticas clientelistas. Que se aprovechan de las necesidades de las personas y van reinstalando viejos paradigmas de opresión de género. Me preocupa mucho porque creo que el feminismo no llegó nunca a los barrios populares.
No llegó o no habló el mismo idioma que las mujeres de esos barrios.
Es que el feminismo de las generaciones jóvenes es un feminismo de clase media, son nuestras hijas, de padres profesionales, universitarios, ellas también son universitarias, pero no llegamos con el feminismo a las jóvenes que están en los asentamientos. Y estas organizaciones empiezan a colonizar con más fuerza y con más plata, incluso ,y hasta sostenidas y amparadas por un gobierno que además quiere que se cambie de signo. Ahí aparece una gran preocupación. Otra de las preocupaciones que tengo es el tema de la diversidad sexual. Creo que ahí vamos hacia un retroceso enorme porque es campo de trabajo de muy poca gente, hay muy poco activismo. Es un activismo fuerte que logró mucha cosa, que hace ruido, pero reducido. Yo creo que el feminismo, y en especial la violencia, sí logró ampliar y que mucha más gente tomara el tema.
¿Y en relación a la LUC?
El capítulo de adolescentes privados de libertad es un horror, es un castigo. Nosotros ahí lo miramos mucho desde jóvenes presos que han venido de los infiernos con los que nosotros trabajamos. Chicos que nacen y crecen en condiciones horribles, que viven violencia, abusos, explotación y además están presos porque le robaron la billetera a punta de arma blanca al explotador. Van presos por rapiña. O porque mató al explotador y les dan cuatro años de condena. Ahora con la LUC irían diez años presos. Es una lógica bestial. También nos preocupan muchas cosas en general. El tema de la inseguridad, nos apoyamos en «No a la reforma» y claramente la LUC vuelve a traer la reforma; cuestionamos las limitaciones a la movilización de las personas, ya que la única forma que tienen de mostrar su inconformidad es saliendo a las calles; las limitaciones de los derechos a la huelga y la ocupación. Todo eso y, por supuesto, nos preocupa y cuestionamos que con un gobierno que se dice comprometido con la violencia de género, llamativamente en la LUC no hay nada que hable de violencia de género.
Hablemos de las relaciones abusivas de poder en relación a los adultos con adolescentes.
Hay mucha naturalización en las relaciones de pareja abusivas, en las que adultos que les llevan más de diez años de diferencia de edad o más, conforman parejas con adolescentes y establecen relaciones de noviazgo o convivencia. Vemos todo el tiempo, especialmente en contextos de desigualdad, a jovencitas de 14, 15 o 16 años que terminan en pareja con hombres de 40 años o más. Y vemos que vienen ya de una trayectoria de vida signada muchas veces por la violencia, el maltrato, el abuso sexual y el abuso sexual intrafamiliar. El problema es que todo el sistema ha naturalizado esa situación. Lo ha naturalizado desde el sistema de salud, desde las organizaciones barriales, desde las organizaciones sociales que trabajan con esas adolescentes y esos adolescentes. Algunos no lo ven como un problema, otros creen que si la chica con 14, con 15, “está enamorada”, es mejor que esté viviendo con este hombre de 50 años, a que esté en un rancho con seis hermanos muertos de hambre. En realidad, se invisibiliza que estamos hablando de abuso de poder. No podemos pensar que hay consentimiento en una relación entre una adolescente o niña y una persona que les duplica la edad. Cuando hay violencia, dominación, sometimiento, no hay libertad, no hay consentimiento. Este tema ha sido dificultoso de trabajar, creo que ahora está un poquito más instalada esa idea. Se empieza a ver más, se empieza a pedir ayuda, por ejemplo, desde el ámbito médico. Pero falta mucho camino para que se pueda comprender que si hay más de diez años de diferencia entre un adulto y una adolescente, es una relación abusiva y no hay consentimiento posible. En estas relaciones muchas veces ocurren embarazos y cuando estos embarazos se dan en niñas menores de 14 años, deben ser conceptualizados como embarazos forzados, como una forma de tortura. Nosotras venimos trabajando fuertemente en esta línea y estamos convencidas de que ninguna niña debe ser sometida a una maternidad forzada y que cuando se detecta un embarazo infantil forzado, siempre se debe interrumpir el embarazo para salvaguardar la vida y la salud de esa niña. Este es un tema que genera controversias, en que muchos profesionales invocan el consentimiento, la autonomía progresiva, el escuchar y dar el derecho a la niña a decidir. Nosotras decimos que nadie puede consentir la tortura, no deberíamos someter a una niña a decidir sobre un asunto que pone en riesgo su salud en sentido amplio.
Lo que seguramente falta es un cambio cultural que, obviamente, es a largo plazo.
Claramente. También está el tema de los contextos de desigualdad. Me indigna que en las cabezas de algunas personas se desliza eso de “bueno, si ellas quieren, si ellas eligen”. Pero vos no admitís ese modelo para tu hija, ese modelo no existe, no está dentro de sus posibilidades, pero decís que para ellas sí. Incluso en las maternidades forzadas, “ella elige”, tiene 12 años, autonomía progresiva, no podés ser tan negligente de decirme que “ella elige”. ¿Por qué elige? Porque dentro de su trayectoria de vida sus posibilidades son esas: la explotación sexual, tener un marido de 40 que te mate el hambre o que te dé un poco de afecto. Yo me he peleado mucho con esas organizaciones que romantizan la maternidad adolescente. Hubo una corriente en esto de pararse en la autonomía progresiva, en que vos tenés derecho a agenciar tu vida, una corriente que decía que es su decisión y, si es su decisión, la vamos a acompañar. No puedo pensar que haya profesionales que lo romanticen de esa manera porque, además, no ayudás a una toma de decisiones. Me lleva el diablo cuando escucho a las personas decir «hay que ver el contexto». ¿Qué contexto? Una niña siempre es una niña, en cualquier contexto. No podemos pensar que en un contexto es válido que una niña de 12 años sea madre y en otro contexto la niña de 12 años ingrese al liceo y proyecte su viaje de 15 años a Disney. De ninguna manera, todas las niñas de 12 años deben ir al liceo y la maternidad no debe ser una opción posible, nunca. Hay mucha gente que sigue con eso del relativismo cultural.
¿Crees que se ingresó en un territorio de riesgo en relación a la conquista de derechos?
En términos generales de los derechos humanos, podría decir que hay algunos campos donde claramente el gobierno va a hacer un cambio en el sentido de la política, por ejemplo, en relación a las personas en situación de pobreza, la vulnerabilidad más crítica y el Mides. Creo que ahí vienen muy claros y directos. Lo que sucedió con la persona que murió de frío por no recibir una respuesta es un ejemplo de que se está desmantelando lo que teníamos. Hay señales muy claras y preocupantes de que la malla básica de protección social que se había logrado está en riesgo. Escuchamos ideas que son contradictorias, ideas que dicen que recortando recursos económicos se va a hacer más y mejor. Quienes trabajamos en el campo social, quienes acompañamos a las personas en sus vidas concretas, sabemos que es necesario aumentar los recursos de apoyo a las personas que están en situaciones más críticas. Hoy necesitamos recursos para trabajadoras sexuales que están en una situación muy extrema por la pandemia, pero también por las condiciones estructurales de la actividad que desempeñan. Se necesitan viviendas para muchísimas familias, se necesita asistencia alimentaria para muchísimas familias. Insisto que la malla de protección social que tenemos es básica, no podemos pensar en recortarla, tenemos que ir a más, aumentar los recursos para la población que está en situaciones más críticas. Lo que está sucediendo con el Sistema Nacional de Cuidados es una muestra de que hay temas y personas que no están en el centro de estas nuevas políticas sociales que se quieren implementar. Un gobierno que no pone en el centro de sus políticas el garantizar los derechos humanos de las personas que están más desprotegidas, que están en situaciones de enorme desigualdad y de extremo daño, es un gobierno que no prioriza a la gente. En el tema de la violencia estamos viendo que se pretende también seguir la línea de bajar los recursos y eso hace que se empobrezca la respuesta que se brinda. Ya en las nuevas licitaciones están haciendo algunos recortes y además lo van a hacer incorporando nuevas organizaciones con otras formas de pensar este tema.
¿Qué pasos hay que dar para cambiar la cultura machista?
Creo que hay que insistir en que es necesario hacer un pacto social para poder cambiar esta cultura machista y hay personas a las que les cuesta un poco la palabra “machismo”, pero me parece que hay que colocarla. Estamos en eso y para ello hay que generar alianzas.
El movimiento sindical es clave, claramente tuvo una apertura muy importante al entender esta lucha, está haciendo sus procesos internos propios y estamos en un momento de caminar juntos. Me parece que el movimiento cooperativo tiene que estar en esta alianza, el movimiento estudiantil también, las asociaciones profesionales, la Udelar, la cultura, los músicos, el teatro, los comunicadores y las comunicadoras. Para mí tiene que ser muy amplio. Tenemos que llegar a las organizaciones que están en los barrios, en los territorios. Y lo que falta es que conjuntamente el movimiento feminista y sus alianzas comencemos a exigir que se incluya este tema en la política educativa. De lo contrario, no salimos.