El año judicial también canta su retirada

Luis Alberto Suárez, alias Betito, fue actor principal del último proceso judicial mediático del 2017. El sábado 23, sobre las 9.00, la jueza Penal de 40º Turno, Laura Sunhary, lo condenó a diez meses de prisión efectiva por un delito de receptación. La jueza consideró probado que Suárez circuló en un auto robado a sabiendas de su origen ilícito. La sentencia fue dictada en un proceso abreviado -previsto en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP)- tras un acuerdo entre su abogado -el exjuez Juan Carlos Fernández Lecchini- y el fiscal Diego Pérez. Suárez había recuperado la libertad en marzo de 2017, tras 11 años preso por delitos de rapiña y narcotráfico, al cumplir la totalidad de su pena. Estaba recluido desde 2006 por su participación en la denominada “superbanda”. Betito y sus cómplices robaron un local de cobranza y fugaron en un vehículo, a toda velocidad, con las luces apagadas, mientras la Policía los seguía de cerca; chocaron con una camioneta que venía en dirección contraria en las proximidades de la ciudad de Las Piedras. El conductor de la camioneta, un productor rural de la zona, y tres delincuentes fallecieron en el acto; Suárez se salvó y, malherido, se tiroteó con la Policía hasta que fue detenido. Recluido en el Penal de Libertad, Suárez comenzó a acrecentar su figura como un hombre fuerte del mundo delictivo. En enero de 2009, el juez Jorge Díaz (hoy fiscal de Corte) lo procesó por delitos de narcotráfico. Se determinó que desde la cárcel, Betito lideraba un grupo que distribuía cocaína y pasta base en varios puntos de Montevideo, que tenía su base operativa en la zona del Cerro y sus adyacencias. Fue el primer caso tramitado por los Juzgados Especializados en Crimen Organizado. Su detención en noviembre, en un confuso episodio en Villa Española, que implicó la persecución de un auto robado e intercambio de disparos entre sus ocupantes y la Policía, volvió a poner su nombre en la esfera pública. En un primer momento, Suárez fue liberado. El fiscal Pérez no tenía evidencia que lo vinculara con el hecho; pero la investigación siguió su curso. Finalmente, el fiscal obtuvo un elemento clave. Un testigo afirmó que una camiseta blanca tirada en la vía pública pertenecía a uno de los hombres que estaba en el vehículo robado; personal de Policía Científica determinó que la camiseta tenía restos de transpiración y que el ADN pertenecía a Suárez. El fiscal solicitó la formalización del caso y su arresto preventivo. Betito fue detenido en la vía pública tras entrevistarse con el periodista Aureliano Folle de Subrayado. Al declarar ante la jueza Sunhary, solicitó que se lo dejara pasar el día de Navidad con su hija; la jueza rechazó el pedido y lo envió a prisión. Fue el caso mediático que cerró el año judicial. Sin embargo, 2017 estuvo signado por otros casos: la investigación judicial por presuntos ilícitos en Ancap, la indagatoria por los negocios del Fondes y los negocios entre Uruguay y Venezuela, el inicio del proceso penal por posibles ilícitos en ASSE, las múltiples causas contra el intendente de Soriano, Agustín Bascou, y las rémoras del sonado caso de corrupción en Conmebol, entre otros. Varios de estos casos volverán a escena cuando el 1º de febrero se levante el receso judicial de verano.   El caso Ancap En octubre, Raúl Sendic compareció ante la Justicia en relación a su gestión como presidente de Ancap. Fue la primera vez que declaró sin el beneficio de sus fueros parlamentarios, ya que el duro dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) por el uso de las tarjetas corporativas había precipitado su renuncia a su cargo como vicepresidente de la República. Ese día, ante la jueza Beatriz Larrieu, Sendic intentó desacreditar, una por una, las denuncias en su contra. Dijo que la contratación de La Diez como agencia de publicidad se sustentó en un extenso proceso de selección del cual participaron varias áreas de Ancap; que desconocía los detalles y el costo de la inauguración de la planta desulfurizadora; que el proceso de cancelación de la deuda de Ancap con Pdvsa fue parte de una política del gobierno y que Ancap no tuvo intervención en la selección de Exor International como intermediario del negocio; que el negocio entre Ancap y Trafigura fue legal y le reportó ganancias al ente petrolero; que la construcción de una planta de cal fue parte del plan estratégico de Ancap; y que los gastos con las tarjetas corporativas estaban justificados, entre otros asuntos. Sendic fue el último de una treintena de personas en declarar en la causa. La instrucción se inició en febrero de 2017 con el análisis sobre la contratación de La Diez y presuntos pagos de sobreprecios en la inauguración de la planta desulfurizadora. Por este tema, declararon varios gerentes de Ancap, el expropietario de La Diez, Pablo Álvarez, y Marcelo Rodríguez, propietario de Latin Design & Events, empresa que se encargó de la organización del evento. Con el paso de los meses, otros gerentes de Ancap y varios jerarcas del Estado (como el director de Aduanas, Enrique Canón, y el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso) se presentaron ante la Sede. La última etapa estuvo signada por el testimonio de 11 directores y exdirectores de Ancap. La lista incluyó a Sendic, al expresidente de Ancap José Coya, los directores oficialistas Germán Riet, Juan Gómez, Rubén Barboza y Fernando Acuña y los directores de la oposición Carlos Camy, Elena Baldoira, Diego Labat, Juan Justo Amaro Cedrés y Juan Máspoli. Pese a la larga instrucción, aún quedan asuntos pendientes. Por eso, el fiscal Luis Pacheco solicitó un informe sobre las sucesivas adendas en el contrato entre Alcoholes del Uruguay (Alur) y la empresa Abengoa para la construcción de la planta en Paysandú. Una vez que estos informes se reciban, la Justicia citará a los principales jerarcas de Alur de la época, el senador Leonardo De León, y el exgerente general Manuel González. Tras estos dos testimonios, el fiscal estará en condiciones de presentar su dictamen. Su contenido genera expectativa en varios ámbitos.   Fondes, ASSE y Bascou En mayo de 2017, los diputados Rodrigo Goñi, Jaime Trobo y Gonzalo Mujica (quien renunció a su banca) presentaron denuncia penal por presuntos ilícitos en la gestión del Fondo de Desarrollo (Fondes), el programa que se creó durante el gobierno de José Mujica para promover empresas autogestionadas por sus trabajadores. A esta le anexaron una denuncia por los negocios entablados entre Uruguay y Venezuela, con foco en la intermediación de la empresa Aire Fresco -dirigida por dos militantes del MPP- en varios negocios. Por estos hechos, varios jerarcas del anterior gobierno declararon ante la jueza Larrieu. La lista de indagados incluyó al exdirector de la OPP Gabriel Frugoni, el exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas Pedro Buonomo, el exdirector de Industria Sebastián Torres. En calidad de testigo declaró el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Roberto Conde. El testimonio de Torres fue el que generó más revuelo: el exjerarca se refirió a la participación de uno de los denunciantes en el proceso de otorgamiento de los préstamos a las cooperativas. Torres declaró que Goñi participó en Conafinafisa, fideicomiso creado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que otorgó los préstamos a las empresas beneficiadas por el Fondes, y que incluso llegó a firmar la autorización de uno de los créditos. Por este motivo, el fiscal Pacheco pidió la citación de Goñi en calidad de indagado para que explique cuál fue su participación en el fideicomiso y cuál era el sistema de control que existía para otorgar los créditos. Un punto relevante, ya que era el representante de la oposición en la CND. Cómo informó Caras y Caretas Portal, Goñi deberá comparecer el lunes 5 de febrero. Será una de las primeras audiencias mediáticas de 2018. Otro de los casos que genera atención es la indagatoria sobre la gestión en ASSE. Hasta ahora fueron judicializados dos casos: la contratación de personal médico en el Hospital de Rivera con dinero destinado al rubro de estudios médicos (que culminó con la destitución del director del hospital, Andrés Toriani) y la contratación de la empresa de emergencia móvil Siemm por parte del Hospital de Bella Unión. En este último caso, el fiscal Pacheco pidió la citación de los tres titulares de Siemm, Federico Eguren, Marcos García y Rodrigo Barcelona, quienes a su vez son directores de hospitales de ASSE. Eguren era director del Hospital de Bella Unión cuando se firmó el primer contrato con Siemm. Los tres declararán en 2018. Un alto jerarca que también pasará por los estrados judiciales el próximo año es el intendente de Soriano, Agustín Bascou. El dirigente nacionalista tiene varias causas abiertas por el libramiento de cheques sin fondos. El monto de los cheques supera los 400.000 dólares y están vinculados con varios negocios particulares del intendente. Pero el asunto que más complica al jerarca comunal es la compra de combustible por parte de la intendencia a estaciones de servicio de su propiedad. Se constató que Bascou era propietario -junto a su esposa y otros socios- de Radial Mercedes Ltda. (en Mercedes) e Ilanir SA (en Dolores), que se beneficiaron por la carga de combustible de los vehículos de la intendencia. Bascou justificó la compra en que él no adoptó ninguna decisión para beneficiar a estas dos empresas y que la intendencia firmó un contrato con Ancap y no con las estaciones de servicio. Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) reconoció que no existió daño patrimonial para las arcas de la comuna, pero sí un beneficio para Bascou y sus socios, y fustigó el accionar del intendente. El caso ya estaba en la órbita de la Justicia Penal tras una denuncia presentada por la bancada de ediles del FA en Soriano.   Zoulamian, Suárez y ainda mais Otros casos que tendrán resolución en 2018 involucran a los exdiputados Antonio Zoulamian (Partido Nacional) y Francisco Sanabria (Partido Colorado) y a la exsenadora Michelle Suárez (Frente Amplio). Los tres casos refieren a situaciones de su actividad particular, pero la repercusión de los mismos los llevó a que renunciaran a sus bancas en el Parlamento. Antes de la entrada en vigencia del nuevo CPP, Zoulamian fue citado a declarar como indagado por tres jueces penales por el libramiento de cheques sin fondos. Los cheques estaban vinculados con su actividad como prestamista, a través de la empresa Pyx SA -que no estaba registrada ante el Banco Central del Uruguay (BCU)-. Pyx SA captaba fondos de terceros -a los que pagaba un interés de 2% mensual- y los prestaba; cuando sus deudores dejaron de pagar, Zoulamian entró en deuda con sus acreedores y decenas de cheques no pudieron cobrarse. Varios de sus acreedores lo denunciaron ante la Justicia. El cambio en el proceso penal implicó que las causas contra Zoulamian -que se tramitarán en los juzgados del CPP 1980- estén demoradas. Después de la Feria Judicial habrá novedades. El caso de Suárez, primera mujer trans en acceder al Parlamento, es más reciente. La exsenadora es investigada por falsificar la firma de un hombre en un proceso de Familia; en ese escrito el hombre renunciaba a la tenencia de su hija en favor de su exesposa. En un primer momento, Suárez negó los hechos, pero un pericia caligráfica ordenada por el juez Marcos Seijas determinó que la exparlamentaria adulteró tres firmas en el expediente. Esto llevó a que Suárez decidiera colaborar con la Justicia y reconociera que adulteró la firma de su “socia”, que aparecía como representante de una de las partes en el juicio. Pero Suárez negó rotundamente haber falsificado la firma del padre en el escrito con el que se inició el proceso de pérdida de la patria potestad. Quién firmó ese escrito en nombre del padre y la situación procesal de Suárez se conocerá el año próximo. En marzo de 2017, el exdiputado Sanabria, su socio Nelson Calvette y dos contadoras fueron procesados por el desfalco de Cambio Nelson (Camvirey SA). La investigación judicial determinó que la casa de cambio procedió a la captación irregular de fondos de ahorristas, a quienes se les pagaba intereses. Parte de ese dinero se utilizó en diversos negocios de la familia Sanabria. La calesita financiera -que se inició en la época de Wilson Sanabria, padre de Francisco- se quebró y Cambio Nelson no pudo hacer frente a sus deudas. El único de todos los imputados que fue exonerado fue Humberto Capote, expresidente del BCU, que operaba como contador de Camvirey SA. Parte del expediente pasó a los Juzgados Especializados en Crimen Organizado; tras analizar la causa, el fiscal Carlos Negro (hoy fiscal de Flagrancia) pidió el procesamiento de Sanabria y de una de las contadoras por lavado de activos. La jueza Larrieu se pronunciará en 2018, tras escuchar el testimonio de varias personas citadas en la indagatoria, entre ellas, Capote. Para febrero, en tanto, se anuncia un dictamen relevante en relación al mundo del fútbol. El fiscal Pacheco solicitará la condena del expresidente de la AUF y expresidente de Conmebol Eugenio Figueredo por el caso de corrupción en Conmebol. Figueredo fue procesado el 24 de diciembre de 2015 por estafa y lavado de activos tras ser extraditado desde Suiza. Semanas después firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía en la que se comprometió a aportar información que ayude a la investigación y entregar bienes por diez millones de dólares. Con el paso del tiempo se constató que los aportes de Figueredo fueron escasos. Primero, denunció que el expresidente de la AUF Sebastián Bauzá también cobró coimas de Conmebol (unos 400.000 dólares), pero la Justicia no encontró elementos que certifiquen esa versión y archivó la causa. En tanto, los bienes entregados generaron varias complicaciones para el Estado, informó el semanario Búsqueda. Varios de esos bienes eran participaciones en emprendimientos inmobiliarios a través de sociedades anónimas y otros tenían deudas. Por ejemplo, Gilson Overseas -propiedad de Figueredo- perdió un litigio civil con una fiduciaria por unos 116.000 dólares. Pese a esto, días atrás, Figueredo recibió el beneficio de la libertad provisional y se convirtió en hombre libre. Antes se le había otorgado la prisión domiciliaria y poco después salidas transitorias para trabajar (12 horas diarias). Ahora resta saber qué peso tendrá el acuerdo de colaboración firmado por Figueredo en el dictamen del fiscal Pacheco. En febrero habrá respuesta.