La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) notificó al escribano Adolfo Pittaluga Shaw y al agente inmobiliario Alejandro Perazzo la recomposición del acto administrativo, con la sanción por no cumplir cabalmente con las normas de prevención del lavado de activo. En febrero de 2015, el Poder Ejecutivo sancionó a Pittaluga Shaw y Perazzo por incumplir las normas de prevención contra el lavado de activos, en la operación de compra-venta de la estancia El Entrevero, en el departamento de Maldonado, por un valor de 14 millones de dólares; este negocio fue sindicado como parte de la estrategema de blanqueo de capitales de gobernantes y empresarios argentinos, en la denominada “Ruta del dinero K”. La resolución –firmada por el ex presidente de la República, José Mujica- establecía que ambos profesionales, en su calidad de sujetos obligados a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) no efectuaron los controles suficientes sobre la estructura de personas jurídicas participes en el negocio ni el origen de los fondos. Pittaluga Shaw recibió una sanción de 276.035 dólares, Perazzo de 90.000 dólares. Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló ambas sanciones, según informaron el diario El Observador y el semanario Búsqueda. En febrero de 2017, anuló la multa contra Pittaluga Shaw; en agosto de 2017, anuló la sanción contra Perazzo. En ambos casos, el TCA valoró que existió un incumplimiento “incuestionable” de la reglamentación, pero que el acto administrativo no se ajustó a derecho: “existe una motivación que se aparta de los criterios explícitos de la ley y hace que la sanción sea aumentada desproporcionadamente”. En este contexto, la Senaclaft analizó ambas sentencias y decidió la recomposición del acto, de forma de ajustarlo a los criterios esgrimidos por el TCA y a la normativa de combate al lavado de activos, según dijeron fuentes gubernamentales a Caras y Caretas Portal. El argumento refiere a que el TCA dispuso la anulación de ambas sanciones por situaciones formales, pero nada impide al Poder Ejecutivo volver a tramitar la multa, apegándose estrictamente a los criterios fijados por la ley. “El TCA observó la forma en que se calculó el monto de la multa, por lo que se ajustó ese monto a la conducta del infractor y el volumen de negocios”, dijerons las fuentes. Según pudo saber este medio, la Senaclaft ya notificó a ambos profesionales de la decisión y les otorgó un plazo de diez días para emitir su opinión y brindar los descargos antes oficializar la sanción, que sería por un monto menor al aplicado en primera instancia. Recientemente, el Poder Ejecutivo fijó los criterios previstos para calcular las sanciones por omisiones a la normativa contra el lavado de activos. En diciembre de 2017, el fiscal Luis Pacheco solicitó la extradición del contador Daniel Pérez Gadin, como parte de la indagatoria penal en Uruguay por la llamada “Ruta del dinero K”. Pérez Gadin -actualmente procesado con prisión por la Justicia argentina- es un hombre de confianza del empresario Lázaro Baez -también procesado con prisión-, cercano al ex presidente argentino Nestor Kirchner (hoy fallecido). Pérez Gadin era el representante de Jumey SA, empresa que adquirió la estancia El Entrevero. El representante del Ministerio Público, en tanto, solicitó el archivo de la indagatoria penal contra todos los profesionales uruguayos involucrados en esta maniobra, entre ellos, Pittaluga Shaw y Perazzo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME