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Argentina | pandemia |

Argentina se la juega por evitar el default en medio de la crisis

El mayor lastre que dejó el macrismo al gobierno que inició labores en diciembre fue haber convertido a Argentina en la nación más endeudada con el FMI a nivel regional. Ahora la pandemia agudiza la crisis en la nación vecina.

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Por Germán Ávila

El 22 de mayo de 2020 era la fecha en que se vencía el plazo de gracia para el pago de 500 millones de dólares en intereses de tres bonos ofrecidos en canje, así como para la reestructuración de títulos por 66.000 millones de dólares. Una fecha determinante en el futuro de la economía argentina.

El préstamo que Mauricio Macri firmó con el FMI en 2018 endeudó a la nación en más de 44.000 millones de dólares, el mayor préstamo en la historia de ese organismo. Pero este préstamo constituye aproximadamente solo el 20% de la deuda total argentina, que tiene como acreedores también a bonistas y agencias privadas y públicas. Como es natural, todos los acreedores buscan recuperar el dinero prestado y un poco más, gracias a los intereses que se generan en este tipo de acuerdos.

El plazo ya se había extendido desde el 8 hasta el 22 de mayo, y según Martín Guzmán, ministro de Economía, el ambiente es apropiado para desarrollar una negociación que permita ampliar los plazos de una manera coherente con la realidad económica argentina, sin que los acreedores opten por solicitar la aceleración de la deuda, lo que daría carta abierta para cobrar por vía judicial el capital y los intereses completos.

Alberto Fernández tiene experiencia en generar mecanismos de negociación de la deuda pública argentina; es importante recordar que él hacía parte del gabinete de Néstor Kirchner que logró sacar del profundo endeudamiento en que se encontraba la nación luego de la crisis de principios del siglo XXI.

Para el caso actual, lo importante es que Argentina no entre en default, ya que si uno solo de los bonos se declara en mora por parte de los acreedores, todos los demás bonos pueden ser declarados de igual manera, así no se hayan vencido, y con el 25% de los acreedores declarando el incumplimiento, se puede reclamar ante la justicia internacional la aceleración de la deuda y el cobro judicial de la misma y sus intereses.

Según las declaraciones del ministro Guzmán, el ambiente para la renegociación de los tiempos es propicio. No cabe duda de  que las condiciones de la economía derivadas de la crisis de la pandemia, que no se han hecho esperar, generan un clima muy diferente a nivel local en cada país. Argentina no ha sido uno de los grandes afectados por la crisis sanitaria gracias a las medidas que fueron tomadas hace unas semanas desde el gobierno central, sin embargo, el golpe se ha sentido con mucha fuerza y el gasto público para atender los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables cambian sustancialmente las reglas del manejo fiscal.

Durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri en Argentina, el gobierno y la maquinaria de propaganda alineada con sus intereses se dedicaron a difundir información a mares sobre supuestos desfalcos y sangrías al erario público por parte de los gobiernos anteriores, y montaron una serie de causas judiciales que no han podido sostenerse en pie con el tiempo. Mientras tanto, decidieron reorientar la política fiscal, trasladando el peso fiscal a la mayoría de la población. No obstante, esa recomposición, que pasó por sacarles cargas tributarias a poderosos sectores y perdonarles deudas a grupos empresariales, como el mismo grupo Macri, no fueron suficientes para sostenerse y el presidente decidió endeudar al país en una operación suicida que dejó a Argentina endeudada por un siglo entero.

Lo más curioso de todo es que los recursos inyectados por el FMI a la economía argentina, más allá de las condiciones en que fueron negociados, entraron al país, pero no se vieron, realmente los recursos no se revirtieron en una mejora de las condiciones de vida de la población, que debió continuar soportando alzas en las tarifas de los servicios públicos y una subida del dólar que disminuyó fuertemente los ingresos reales de toda la población.

Las conversaciones entre acreedores y el gobierno argentino tienen buen panorama en cuanto a las intenciones de reconfigurar la deuda en la forma, pero en el fondo el acuerdo no está tan claro, los tiempos que han propuesto inicialmente desde la administración Fernández no fueron aceptados inicialmente por los acreedores. Un plazo de gracia de tres años, quitas de capital del 5,4% y de intereses del 62% con una tasa de 2,25% para nuevos bonos proyectados a 2030 y 2047 fue la propuesta del gobierno rechazada inicialmente.

La base de la propuesta realmente no son los tiempos, sino las quitas de capital, que es una figura a la que se recurre en casos particulares de dificultad para el pago de deudas de este tipo. Se plantea como una solución para garantizar el pago del resto de la deuda y sus intereses. Ante la propuesta del gobierno, los acreedores hicieron sus respectivas contrapropuestas, que, como es lógico, no contemplaban quitas, ni en capital ni en intereses.

El gran reto delante del gobierno argentino es el mismo que el de todas las naciones en el mundo hoy: afrontar una posible contracción económica producto de la pandemia. Pero no es lo mismo abordar dicha contracción con un Estado fuerte, que abordarla con una nación al borde de la declaración del default, con los sectores estratégicos a nivel nacional debilitados y una población que viene de soportar dos años de fuerte recesión, con una pérdida de varios puntos en el salario real y las inevitables consecuencias que eso trae para el sector tributario.

Parece haberse convertido en una constante que cada vez que hay un cambio de dirección ideológica en el gobierno de un país, el comodín de la pesada carga que deja la administración saliente pasa a ocupar un papel importante en la agenda comunicativa de quien llega, sobre todo si quien asume es la derecha, como en el caso de Uruguay, donde la fórmula aplicada es calcada de la argentina de 2016; seguramente si se toman decisiones aquí como se tomaron allá, las consecuencias serán parecidas.

No sería de extrañar el hecho de que en 2026 o 2027, el gobierno uruguayo tenga que estar buscando renegociar la deuda adquirida a nivel internacional y que se hizo para paliar una crisis que llegó para quedarse y salvarles la mano a los que no precisan ser salvados.

Ya en febrero, antes de la pandemia, los observadores del FMI que estuvieron en Argentina en una visita de exploración plantearon que la deuda pública de ese país era “insostenible”, por lo que instaron a los acreedores privados a hacer algún tipo de “contribución apreciable” con el fin de darle la vuelta a la situación y evitar regresar al temido default, en el que ya se cayó luego de la crisis de 2002.

El tema de la deuda argentina hace parte de su historia nacional, lleva presente durante décadas y marca la agenda política e incluso la electoral. Macri afirmó que tuvo que endeudarse para pagar el enorme gasto social dejado por CFK; a Fernández le tocó asumir la deuda que dejó a Argentina en una crisis que no se veía venir en 2016. Si Macri se endeudó para subsanar el gasto público, es importante ver que al momento del cambio de gobierno de CFK a Macri, la población tenía un nivel de vida aceptable y la nación tenía un bajo nivel de endeudamiento; para el cambio de Macri a Fernández, la población está en crisis y Argentina es el país más endeudado de Latinoamérica. Claramente, Macri falló con todo éxito.

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