Argentina: la criminalización de la protesta

El domingo 9 de abril, una columna de docentes argentinos, que quería reinstaurar la “Carpa itinerante” en las inmediaciones del Congreso, fue reprimida brutalmente por la policía bonaerense. Dos días después, ingresaba a la Cámara de Diputados un proyecto del gobierno de Mauricio Macri, que mediante la modificación de cuatro artículos del Código Penal (artículos 104, 149 –bis y ter.-, 184 y 194), agrava las penas a quienes participen en manifestaciones y cortes de rutas. La particularidad del proyecto –presentado al Congreso por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- no es sólo el rigor penal que introduce en una legislación ya de por sí represiva, sino la discrecionalidad que se otorga a la policía para pegarle a lo que se mueva y detener a quién se les ocurra.  Por añadidura, las penas previstas para los manifestantes, en situaciones extremas, podrían llegar a los diez años de prisión. Abogados y juristas han advertido la gravedad de este proyecto, que además de ilegalizar toda forma de protesta social, es abiertamente inconstitucional. Lo de la generalización de la represión de la protesta social en la Argentina es algo más que un tópico. En la manifestación por el Día Internacional  de la Muje”, la bonaerense repartió hartos palos frente a la Catedral; el 30 de marzo, los muchachos irrumpieron en un merendero (‘Cartoneritos’), del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en Villa Caraza (Lanús) y le pegaron hasta en la cédula a hombres, mujeres, niños y adolescentes, destrozaron el comedor y para el postre les sirvieron gas pimienta. Pero la represión no está sólo a cargo de la bonaerense. En el sufrido extremo norte de Argentina, en Jujuy, la policía irrumpió en la Facultad de Ciencias Agrarias, munida de armas largas, y detuvieron a dos dirigentes estudiantiles cuando estaban haciendo un asado. A eso se suman otros incidentes, como el ocurrido con los manifestantes, violentamente reprimidos cuando realizaban una jornada de propaganda. Genéricamente, el decreto-ley de ‘Cambiemos’ puede ser elogiado por su “amplitud”. Es evidente que la sociedad de hoy, sesgada por los fundamentalismos y la polarización, necesita de amplitud. Pero en este caso, el término es sometido a una solapada perversión, ya que la amplitud de criterio no es otra cosa que la discrecionalidad de la policía para reprimir aquello que se le ocurra. Si hay algo de lo que no se puede acusar al gobierno de Mauricio Macri es de esgrimir el doble discurso. En la fundamentación del decreto ley se dice, con un cinismo descarado, que el objetivo de la reforma penal propuesta radica en “no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación,  objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”. Luego agrega, en los lindes de la inmoralidad extrema, que: “Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”. Ilena Arduino, abogada del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Políticas (Inecip): “Es un proyecto cuyo principal objetivo es ilegalizar la protesta social y a quienes participan de ella. En realidad, cualquier manifestación pública podría ser alcanzada por esa criminalización. La convalidación social basada en prejuicios clasistas y racistas hacia los sectores populares podría estar habilitando una herramienta sumamente riesgosa porque los procesos autoritarios construyen nuevos enemigos conforme sus necesidades represivas. Esa modificación, técnicamente deplorable por cierto, se apoya en la demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social. Criminalizan al pueblo interpelando al poder en la calle”. Entre los fundamentos del proyecto se arguye que uno de los objetivos de la reforma penal es que los gobiernos provinciales y capitalino, adecuen el ‘Protocolo de Actuación de la Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas’, aclarando que el proyecto de marras debe ser refrendado desde la legislación penal, pese a que el citado ‘Protocolo’ no fue publicado en ningún boletín informativo que advirtiera sobre su existencia. Apelando al denostado argot, sólo cabe decir que el proyecto fue presentado de furca. La frutilla en el postre de esta escalada represiva, se concretó al día siguiente del apaleamiento a los docentes en el Congreso. En la ocasión, Mauricio Macri anunció en su página oficial, la adquisición, por parte del gobierno del blindado de origen sudafricano ‘Maverick’, el que, según ilustraran sus fabricantes en conferencia de prensa, es “un vehículo de seguridad interior, desarrollado para tareas de control de multitudes y piquetes, orden público y operaciones especiales; tiene capacidad para un conductor, comandante y un escuadrón de diez a doce policías antimotines; cuenta con vidrios blindados, cámara de circuito cerrado y es apto para la instalación de sistemas de armamento, dependiendo del tipo de misión. También hay una versión hidrante con un cañón de agua y otros sistemas no letales”. La versión argentina de este artefacto es ‘Halcón’ y ya su compra había sido ofrecida al ex gobernador, Daniel Scioli, quien lo rechazó de plano. El contexto en que se da la oleada represiva y la compra de juguetes apropiados para su ejecución, ya había sido advertida el domingo 9 de abril por el diario La Nación, que informó que el gobierno de Macri “evalúa comprar nueva tecnología contra los piquetes. Resolvió profundizar su batalla para enfrentar los cortes de rutas y calles; se analizan inversiones en grúas, equipos para dispersión y reducción de activistas”. A confesión de parte, relevo de prueba. Con este contexto regional, y por mera honestidad intelectual, es imposible no establecer una analogía entre lo que sucede en esa materia en Uruguay y lo que pasa en la región. El lunes 20 marzo, con la firma del presidente Vázquez y todo su gabinete, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que establece que el Ministerio del Interior (MI) podrá tomar las medidas pertinentes “a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. De acuerdo al decreto, el  MI podrá recurrir el auxilio a otros organismos públicos, para “garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”, con la salvedad que deberá dar cuenta a la Justicia inmediatamente ser realizado el procedimiento (y no anticipadamente). El decreto se basa en otro similar promulgado en 1999, que otorgaba al MI la potestad de tomar acciones para impedir los cortes de rutas o caminos, pero en su versión actual, determina que corresponde “incorporar al reglamento la facultad para el Ministerio del Interior de requerir el auxilio de otros organismos públicos para el cumplimiento de la tarea” Obviamente, y de acuerdo a experiencias no muy lejanas en el tiempo, es imposible no pensar en las FF.AA. Como colofón podríamos hacer una pregunta e interpelar recuerdos marchitos. En el primer caso, inquirir acerca de si ¿tendrá algo que ver la reforma del Código Penal dispuesta por Mauricio Macri con el decreto aprobado en la ROU? La segunda proviene desde “el cristal turbio del recuerdo”, cuando ante una de los habituales empujes represivos que se vivían en el Penal de Libertad, un compañero que repartía el café con la punta del palo de un esbirro en las costillas, nos miraba fijo y se limitaba a decir, parafraseando por la negativa el tema que hicieran popular  Los Olimareños en tiempos más humanos: “El aire no viene de gloria”.