Argentina: Suprema Corte no se pronuncia por libertadas anticipadas a represores

El empuje hacia lo que en definitiva es un indulto encubierto, se inició a comienzos de mayo de 2017, cuando la Corte Suprema concedió el beneficio al represor Luis Muiña. El escandaloso fallo, lo fue por partida doble, ya que sentó jurisprudencia, reactualizando una ley (la 24.390), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, para luego ser derogada. Por la misma al preso se le computaba como doble el tiempo que estuvo encarcelado bajo prisión preventiva. En el controvertido fallo, la Corte alegó que la ley se aplica porque la instrucción del caso es anterior a 2001. En su fallo definitivo, el 29 de diciembre de 2011, el Supremo ratificó la condena a Muiña de 13 años de prisión, lo que fue ratificado por Casación Penal en noviembre de 2012. Si la sentencia que benefició a Muiña fue un anticipo de lo que vendría, esto se confirmó el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires le concedió el genocida y torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de su “delicado cuadro de salud”. Etchecolatz fue mano derecha de del ex general Ramón Camps, jefe de Policía bonaerense de siniestra memoria. En 1986 Etchecolatz fue sentenciado a 23 años de cárcel al ser hallado culpable de 91 casos de tortura. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que se sustanció en el 2006 y donde fue el único acusado. Ante el escándalo que provocó el beneficio del 2×1 a reconocidos genocidas, la Corte Suprema anunció meses atrás, que revisaría el fallo a Muiña, que abrió el camino para la liberación serial de los represores. Sin embargo, y pese a que el asunto estaba incluido en el acuerdo de la Corte, el mismo no fue tratado por los ministros, por lo que el 2×1 sigue teniendo plena vigencia en 2018.