La Fiscalía de Gobierno entiende que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la adquisición del avión multipropósito cae en la hipótesis del eventual oferente, lo cual es una actitud antijurídica e irracional, afirma el dictamen de esa Fiscalía que da luz verde a la compra de la aeronave.
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Dicha compra ha motivado diversas intervenciones y no pocas críticas por parte de la oposición y fue observada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, a juicio de la Fiscalía de Gobierno la operación es totalmente pertinente.
“Esta Fiscalía entiende que el órgano de contralor ha ingresado a tópicos que lejos están del control de legalidad, basando su dictamen en hipótesis no comprobadas y entrando a cuestiones de mérito, que terminan erosionando las competencias constitucionales que le fueron acordadas; desconociendo lo que sí es una evidencia: la oferta única”, subraya el dictamen.
Para la Fiscalía la observación se basa en dos “irracionalidades”: que el Tribunal se imagina una hipótesis en base a un oferente del cual supone existencia y que el principio de igualdad de los oferentes actúa ante la presencia real de varios oferentes, no como lo utiliza la observación del Tribunal.
Sobre la existencia de oferentes, el dictamen dice: “Luce a fojas 385 –del expediente– que el Presidente del Tribunal votó discorde, argumentando que la existencia de un sólo oferente tira por tierra las argumentaciones que sustentan la observación”.
La Fiscalía recuerda: “El propio Tribunal dijo al principio que al proceso competitivo se presentó únicamente una oferta. Concluyente.”
Por otra parte, subraya que a lo largo del tiempo “se dio cumplimiento a las especificaciones del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el código de compras y administración pública que emplea el país) en las distintas etapas del proceso competitivo de contratación, donde el Pliego no fue cuestionado”.
Pero además el dictamen indica fragilidad administrativa del Tribunal de Cuentas: “el Tribunal habría recibido al parecer dos proyectos, uno que no objeta el gasto y otro que lo observa. Es como si un Tribunal jurisdiccional llevara al Acuerdo dos proyectos de sentencia, uno condenatorio y otro absolutorio. Inimaginable”.