Ayotzinapa ante la CIDH: “Puras mentiras”

  “No hay nada, el gobierno siempre nos ha dicho lo mismo. Yo pensé que al viajar hasta acá nos iban a decir algo concreto que hubiesen investigado, pero en realidad es lo mismo que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, puras mentiras”, señaló Blanca Nava, madre del estudiante desaparecido de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Jorge Álvarez Nava, en entrevista con Caras y Caretas. Esta semana, Nava se desplazó hasta Montevideo junto con Emiliano Navarrete (padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete González), el abogado de la agrupación de familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, y representantes de la organización Fundar y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). Aquí participaron en la tercera audiencia pública realizada en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) que la CIDH designó para vigilar e impulsar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso. “A tres años no existe justificación de que no sepan el paradero de nuestros hijos”, espetó Navarrete a los representantes del gobierno mexicano presentes en la audiencia. En este sentido, los denunciantes señalan que, transcurridos tres años de la desaparición de los 43 normalistas, el Estado mexicano aún no ha detenido ni responsabilizado a ningún policía ni a ningún militar. Asimismo Santiago Aguirre, de la asociación Prodh, subrayó ante los comisionados que han sido los esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil los que más han contribuido a la investigación, en contraste con la negligencia del gobierno. Esta negligencia se manifiesta en “expresiones de mala fe frente a la asistencia técnica que brinda al CIDH”, como “la obstaculización del trabajo del GIEI con el ocultamiento de antecedentes sobre el trasiego de droga a Estados Unidos, con el ocultamiento de evidencias físicas como libretas de contactos […] e incluso con el abierto espionaje telefónico a sus integrantes, que hoy continúan impunes sin ser investigados”.

Enfurece porque ya son tres años en los que he estado con mi esposo luchando, he dejado mi casa y me he venido a vivir a la Escuela Normal, cosa que mucha gente no sabe, pero esto nos destruyó totalmente la vida y todo es gracias a este gobierno que tenemos

La intención obstaculizadora (y por tanto cómplice) del Estado mexicano se hace especialmente evidente en la permisividad mostrada hacia las declaraciones desafiantes del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la PGR, Tomás Zerón, quien reivindicó el pasado agosto la versión del crimen dada oficialmente por el Estado en 2015, conocida como “verdad histórica”, contradiciendo a la propia CIDH. Esta versión, recogida en función de los testimonios de varios delincuentes detenidos, sostenía que los estudiantes fueron secuestrados por policías municipales, quienes los entregaron a miembros del cartel narcotraficante Guerreros Unidos. Este grupo criminal los habría asesinado, habría incinerado sus cuerpos en un basurero localizado en el municipio de Cocula y posteriormente habría arrojado sus cenizas guardadas en bolsas plásticas al río San Juan. Sin embargo, el análisis efectuado posteriormente por el GIEI tiró por tierra esta versión debido a múltiples inconsistencias y anomalías. Inconsistencias de la “verdad histórica” En primer lugar, el peritaje realizado en setiembre de 2015 bajo supervisión del GIEI y de la CIDH concluyó que “la hipótesis de que [a los 43 estudiantes] los quemaron en el basurero de Cocula no es posible. No hay ninguna evidencia de que en ese lugar haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar siquiera un solo cuerpo”. En este sentido, un experimento realizado posteriormente por la Universidad de Queensland demostró la inconsistencia física de la versión oficial, señalando que para incinerar 43 cadáveres se hubiesen precisado alrededor de 27 toneladas de madera, de las que deberían haber quedado restos de materia orgánica. Por otro lado, el GIEI constató que al menos cinco declaraciones de detenidos empleadas en la construcción de la “verdad histórica” fueron conseguidas empleando métodos de tortura. Patricio Reyes Landa, detenido un mes después de la desaparición, declaró en 2016 ante un juez haber sido golpeado y haber recibido descargas eléctricas en los testículos y en otras partes de su cuerpo. También dijo haber sido brutalmente golpeado y haber recibido amenazas dirigidas a sus dos hijas pequeñas si no hacía suya la versión que se pretendía imponer como oficial. El GIEI señaló al propio Tomás Zerón por haber llevado a cabo “severas irregularidades” en las diligencias realizadas en el río San Juan. En este sentido, salió a la luz un video en el que aparece el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en las inmediaciones del mencionado río una jornada antes de que fueran halladas las bolsas de plástico con restos óseos de los que se dijo que pertenecían a los normalistas. Entonces Zerón argumentó que la mencionada visita al río había sido atestiguada por representantes del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, algo que la propia ONU desmintió inmediatamente, acusando al jerarca de la AIC de tergiversación. Tras este escándalo, Zerón presentó su dimisión como jefe de la AIC; sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto lo premió nombrándolo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Por todo ello, su reciente declaración en defensa de la “verdad histórica” fue un punto especialmente abordado el pasado martes por la parte denunciante ante la CIDH. Durante su primera intervención, Emiliano Navarrete se levantó de su asiento y mostró un cartel en el que lucía una ampliación de una noticia periodística en la que se daba cuenta de la declaración de Zerón; “Nada refuta la verdad histórica”. En este sentido, el denunciante cuestionó a las autoridades mexicanas presentes en la sala: “¿Qué es lo que han hecho para callar a este señor? ¿Acaso están de acuerdo con él?”. En este sentido, Santiago Aguirre señaló la evidencia de la complicidad del gobierno con el encubrimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, argumentando que mientras a individuos como Zerón “se les premia, a otros, como el ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes”. César Alejandro Chávez había realizado un proyecto de resolución que concluía que las conductas de Zerón tenían trascendencia penal. “Por hacer esa investigación independiente el visitador fue separado de la institución”, recordó Santiago Aguirre. Por otro lado, también se denunció que la Fiscalía que elaboró la “verdad histórica” se negó a investigar la cuestión de los teléfonos celulares de varios jóvenes, los cuales siguieron siendo utilizados durante varios meses posteriores a su secuestro. Este fue un punto que los mismos comisionados presentes en la audiencia instaron a abordar con urgencia a los representantes del gobierno mexicano. Respuesta del gobierno Por la parte gubernamental, el representante de la Fiscalía cuestionó la posición de confrontación adoptada por las familias de los estudiantes respecto a las autoridades gubernamentales. “Lo ideal es que más que en un plano de confrontación, pudiéramos trabajar cerca, unidos en lo posible para tratar de desentrañar todos los aspectos que nos permitan saber a ciencia cierta qué fue lo que les pasó a sus hijos”. También señaló que fueron sometidos a investigación un total de 5.808 datos telefónicos, que incluyen líneas, números telefónicos y los números de serie o identificación de aparatos. En este grupo de información se incluyen teléfonos de las víctimas, así como de policías e integrantes de grupos delictivos. También afirmaron tener pronto un mapa en el que se incluyen lugares en los que se podría realizar una búsqueda directa de los cuerpos. Por otro lado, desde la representación del Estado aludieron a los efectos del sismo que tuvo lugar el pasado setiembre, señalando que “el edificio de la Procuraduría General de la República, donde está la sede de esta oficina, quedó inutilizable. Eso implicó hacer cambios de ubicación, adecuación de instalaciones […]. Eso no nos frenó […] pero sí vino a complicar la operación”.   “Nos están matando poco a poco” En entrevista con Caras y Caretas, Blanca Nava se mostró altamente disconforme con las declaraciones dadas por los representantes del gobierno durante la audiencia. “El gobierno nos ha mentido y nos sigue mintiendo, no les importa el dolor de nosotros como madres”, declaró. “Hemos tenido varias reuniones con el gobierno mexicano y siempre nos da vuelta y vuelta a lo mismo”, añadió. Por otro lado, afirmó que su esperanza reside en los organismos internacionales de la ONU y en la propia CIDH, ya que son quienes han señalado las inconsistencias de la actuación gubernamental, obligándolos a continuar la investigación. “Nosotros, como madres y padres, venimos hasta acá para pedir a los comisionados y las comisionadas que nos sigan acompañando como lo han hecho estos tres años; ellos son la luz de la esperanza para nosotros en este camino tan oscuro que nos ha puesto el gobierno mexicano, que no ha dado respuesta a nuestra búsqueda de nuestros hijos”, señaló. “Si fuera por ellos, yo creo que ya nos hubieran mandado a casa con un cuerpo que no pertenece a nuestro hijo, que es lo que se proponía el gobierno mexicano hacer desde un principio”, añadió. En este punto Nava confiesa no tener ninguna esperanza de que las elecciones federales de 2018 puedan provocar ningún tipo de cambio que se haga efectivo en su situación. Actualmente, los familiares de los normalistas no están vinculados a ningún grupo político y únicamente quieren descubrir el paradero de sus hijos. “Sea el político que sea, únicamente pedimos que hagan su trabajo, que descubran la verdad que este gobierno está ocultando […] Enfurece porque ya son tres años en los que he estado con mi esposo luchando, he dejado mi casa y me he venido a vivir a la Escuela Normal, cosa que mucha gente no sabe, pero esto nos destruyó totalmente la vida y todo es gracias a este gobierno que tenemos; vergüenza me da tener esta clase de gobierno”, concluyó.