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Azucena, el impasse y después

Por Eduardo Alonso

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Caras y Caretas Diario

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Cuando el 1º de marzo de 2005, a los 75 años, Azucena Berrutti cruzó las puertas del Ministerio de Defensa Nacional, a excepción de ella como titular de la cartera y el subsecretario, José Bayardi, el resto de las principales “responsabilidades” todavía estaban en manos de militares.

Nada había cambiado al cabo de los 20 años de gobiernos blanquicolorados transcurridos desde el retorno a la democracia; los militares seguían al timón de la defensa del país.

Cuando, el 3 de marzo del año 2008, Azucena se retira del cargo, deja tras de sí un ministerio renovado, “civilizado” casi por completo y encaminado tozudamente hacia la definitiva erradicación de la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional.

Algunos de los logros de la política frenteamplista llevada adelante en esos tres años eran, entre otros, la instalación del debate nacional sobre defensa en el año 2006 y los primeros militares detenidos por torturar sistemáticamente, matar y desaparecer personas, así como el hallazgo de los restos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda, desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado.

Este rumbo en la materia, que tuvo como característica principal el ejercicio del mando con claridad y firmeza -como lo demostró en el año 2006 con la destitución del comandante del Ejército, general Carlos Díaz-, primero con Bayardi y luego con Gonzalo Fernández, logró mantenerse, no sin dificultades, pero mantenerse desde el año 2008 hasta el fin del primer gobierno frenteamplista.

Fue así que en febrero del año 2010, como corolario del amplísimo debate que atravesó vastos sectores de la sociedad, y por unanimidad, el Parlamento aprobó la Ley Marco de Defensa, texto que significó, desde lo legal, un gran paso adelante en el camino de alcanzar el principal objetivo programático en materia de Defensa Nacional: liquidar la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Lo que vino a partir del 1º de marzo de ese año y hasta el año 2017 fue un largo impasse en la batalla por desterrar dicha doctrina, que no sólo no siguió avanzando desde lo normativo -en el sentido de lo hecho en el primer quinquenio- sino que, con la promulgación de los dos decretos reglamentarios de la ley marco, puso definitivamente en entredicho el logro de ese objetivo principal.

Con Mujica presidente, en el año 2014, fue promulgado el decreto de Política de Defensa Nacional y, ya nuevamente con Tabaré, en el año 2016, el de Política Militar de Defensa.

Se trata de decretos redactados, desde nuestro modesto punto de vista, “a dos manos”, que si bien representan un avance en lo general, por otro lado también peligrosamente tienden a consolidar en democracia una visión “totalizadora” de las Fuerzas Armadas (FFAA) como institución, naturalizando el rol de los militares como actores políticos y sociales, tal como quedó al  desnudo con la participación del Ejército en el Diálogo Social.

No ya unas FFAA mandatadas con claridad a colaborar a partir su experticia y equipamiento en la puesta en marcha y ejecución de planes nacionales de desarrollo sostenible, sino que, por el contrario, ambiguamente habilitadas a participar de igual a igual con otras instituciones del Estado en su elaboración, cuando no también a hacerlo en solitario.

Un impasse que resultó en retroceso con el nombramiento del general Manini Ríos como comandante del Ejército, alguien que cada 18 de mayo, frente a sus subalternos, formados y con todo el sistema político a sus espaldas, incursionó desde el estrado en valoraciones tales como que desde el ámbito político, a la hora de hacer el presupuesto nacional, se desconocía el “precio de la paz”; alguien que violó la laicidad organizando una misa en la Catedral y que no dudó en utilizar el SMS del Ejército para invitar a la oficialidad. Alguien que intentó militarizar a los sectores más vulnerables y rezagados de la sociedad -aquellos jóvenes que “supuestamente” no estudian ni trabajan- a partir de una propuesta de capacitación en oficios dentro de los cuarteles, en una clara apuesta a la “paternidad” del rigor. Un retroceso que, si bien se patentizó en los discursos del comandante, tuvo su expresión más preocupante en los entusiastas aplausos provenientes no sólo del arco opositor, sino de civiles frenteamplistas que aún hoy revistan en lugares jerárquicos del MDN. Un período en el que, si bien jamás estuvo en cuestión la institucionalidad democrática, un día sí y otro también, desde los mandos y ante la indiferencia del Poder Ejecutivo se promocionaron tareas de apoyo que tienen asignadas las FFAA como de motu proprio; quizá el ejemplo mas elocuente sea el del Sinae (*) y la afirmación de Manini de que el “Ejército había sido el primero en llegar a Dolores y el ultimo en retirarse”.

Un lapso que atraviesa dos gestiones de gobierno, en el que todo lo vinculado a la verdad, la justicia y la búsqueda de desaparecidos encontró obstáculos. Desde el impedimento -transitorio, claro- a que la Justicia ingresara a algunos predios militares o la demora del MDN en responder solicitudes de informes de la Justicia o el no notificar citatorios de esta a militares supuestamente vinculados a violaciones de derechos humanos, ya sea como testigos o como indagados o, en el caso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el traslado de la jueza Motta o el enlentecimiento cuando no la suspensión de las excavaciones en la búsqueda de restos de desaparecidos.

El deceso de Fernández Huidobro en agosto del año 2016 y la asunción de Jorge Menéndez a la titularidad del MDN, desde nuestro humilde punto de vista, marca un antes y un después en lo que tiene que ver con algunos aspectos claves de la conducción.

Entre los primeros y más trascendentes está el desechar el proyecto de nueva Ley Orgánica de las FFAA que se venía preparando desde tiempo atrás, que, al decir del propio Menéndez, “no se podía mirar”, y con ello la designación de un nuevo equipo responsable de acometer la tarea. Ya concluido, en agosto del año 2018, el proyecto fue presentado por el ministro y su equipo al Secretariado del Frente Amplio, y una semana más tarde, con la firma del presidente de la República, enviado al Parlamento Nacional.

El regreso del último contingente de 249 efectivos uruguayos en la Minustah, remanente de los 1.130 iniciales, resuelto en diciembre del año 2016 y concretado en abril del año 2017, fue otro paso adelante.

La conformación de los tribunales de honor en setiembre del año 2017, luego de muchas idas y venidas en tiempos de Fernández Huidobro, que significaron años de “dejar pasar”, tal el caso de Gregorio Álvarez, que mantuvo su condición de militar retirado hasta el día de su muerte, fue una señal fuerte a la sociedad y a la propia interna de las FFAA de que existía la clara voluntad de retomar el camino del primer gobierno frenteamplista.

Este paso dado desde el MDN y sus alternativas han posicionado hoy a la República frente a una cruz de caminos con derivaciones hasta el momento insospechadas; el pacto de silencio entre los militares muestra fisuras.

Por primera vez, los genocidas confiesan crímenes aberrantes oficialmente frente a sus pares en un tribunal y, más allá de cualquier especulación cronológica, lo incontrastable es que los antecedentes y las confesiones ya obran en poder de la Justicia.

Al mismo tiempo, la actitud firme y valiente del presidente de la República de pasar a retiro a dos comandantes y cinco generales en quince días y la solicitud al Senado de votar la venia para las destituciones, todos pasos que insinúan por lo menos la intención de reencauzar el tema militar.

El cruce del nuevo ministro Bayardi ante las declaraciones del flamante comandante del Ejército, Claudio Feola, que de no retractarse en la misma tarde hubiese ostentado el galardón de haber sido el comandante más breve de la historia, mostró nuevamente un Poder Ejecutivo ejerciendo el mando con claridad y firmeza.

Quedó al desnudo una vez más que la acumulación de contradicciones ha generado una situación cualitativamente diferente; en las próximas semanas, la aprobación en el Parlamento Nacional de la nueva Ley Orgánica de las FFAA será decisiva para pautar el nivel de avances.

Por eso fue tan importante, el 11 de abril, la convocatoria del Pit-Cnt, Madres y Familiares, Crysol, la FEUU y diversas organizaciones sociales a la plaza Libertad; se torna clave  este 1º de Mayo como expresión de clase comprometida con la democracia y los derechos humanos. De ahí también la necesidad de que el 20 de mayo la Marcha del Silencio sea capaz de convocar una muchedumbre de seis dígitos.

Es cierto que es año electoral, es cierto que estamos en campaña, pero no es menos cierto que todavía le quedan diez meses a este gobierno y que el programa 2020-2025, que votamos en diciembre pasado, no sólo nos compromete a hacer en el cuarto gobierno; ya nos está comprometiendo hoy porque somos la misma fuerza política y respondemos a los mismos principios.

Este quinto año de gobierno frenteamplista está pariendo un “después”, un tiempo en el que si bien la voluntad política es condición sine qua non, la correlación de fuerzas es determinante para que se termine de concretar el viraje y el impasse termine de terminar.

Salute.

 

(*) El Sistema Nacional de Emergencias depende de la Presidencia de la República y es un sistema público de carácter permanente creado por la Ley Nº 18.621, en el año 2009, con la finalidad de proteger personas, bienes de significación y medioambiente ante situaciones de desastre eventuales o reales, mediante la coordinación conjunta del Estado, con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de modo de propiciar las condiciones para un desarrollo nacional sostenible.

 

 

 

 

 

 

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