Por Víctor Carrato Betingo Sanguinetti se declaró siempre inocente y aceptó ser extraditado a Andorra para declarar como indagado. “Es una injusticia que lo citen de este modo compulsivo; no cometió ninguna ilicitud. Es un muchacho serio y decente”, dijo Julio María Sanguinetti el 25 de agosto del año pasado. Entonces, Betingo fue detenido por Interpol y luego dejado en libertad por la Justicia tras pagar una fianza de US$ 30.000. Se le colocó una tobillera y tenía prohibido acercarse a la frontera. Posteriormente fue extraditado a Andorra para ser juzgado. “No cometió ninguna ilicitud […] mi hermano era funcionario de un banco de Andorra, no era ni jerarca ni gerente, ni nada. Era un tercer escalón y no tenía ni capacidad de abrir cuentas. El propio brasilero de Odebrecht dice: ‘Nunca le dimos un dólar a Sanguinetti”, dijo en su defensa el exmandatario uruguayo. No hay derecho en Andorra Betingo fue defendido en la audiencia por Antoni Riestra G. de Ubieta, abogado de la Universitat de Barcelona. Riestra estudió en Barcelona, pero después tuvo que convalidar el título en Andorra y para eso hay que hacer cursos de Derecho Andorrano. Andorra no tiene Universidad de Derecho. Los abogados allá han estudiado en el exterior, ya sea en España, Francia, etc., pero sí o sí tienen que hacer los cursos locales para poder certificarse y ejercer. El auto de procesamiento aún no fue dado a conocer. Pero lo que se supo es que estaba acusado de lavado de dinero, por ayudar a Odebrecht a pagar coimas. A Betingo, como individuo, es difícil que lo acusen de pagar algo. La Policía de Andorra, en un informe encargado por la jueza que investiga los tentáculos de Odebrecht en el principado, Canolich Mingorance, resumió así el papel de Sanguinetti: “Creemos que era perfecto conocedor de las operaciones que se efectuaban”. Betingo habría “participado en la apertura de cuentas y facilitó la entrada a la entidad de los investigados, gestionando los recursos y la tramitación de fondos”. “Facilitó”, “ayudó”, “colaboró” en la actividad delictiva llevada a cabo por Odebrecht. ¿Cuánto tiempo estará detenido Sanguinetti Barros? Nadie lo sabe por ahora. Es una prisión preventiva y cada tanto debe ser revisada. El exdirector general de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Mique, amigo de Jordi Pujol, estuvo dos años en prisión preventiva. El exdirector general de BPA propuso, a finales de 2012, al primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, no regularizar su situación con Hacienda por ser “un deudor” y abrir una fundación en Panamá para gestionar sus fondos. También había retirado fondos que tenía en la entidad antes de la intervención por parte del regulador del principado. Se estima que se trataba de alrededor de un millón de euros. Sanguinetti se vio involucrado en la trama de corrupción de BPA entre 2006 y 2015. Fue el exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, quien lo involucró. Este señaló a 13 funcionarios de la financiera, entre ellos al uruguayo. Tacla Durán huyó de Brasil a España para no ser detenido. La caja b Tacla dijo que Sanguinetti fue beneficiario de pagos a través de una “caja b” de BPA, que funcionaba a través de la sociedad panameña Landstreet. Betingo habría recibido “comisiones” por estas operaciones por 313.017 euros. El uruguayo aparece en los intercambios directamente con su correo electrónico de BPA ([email protected]) y con su nombre completo, o sea que no utilizaba ningún seudónimo como sí lo hacían los directivos de Odebrecht. Eso no lo hace culpable, al contrario, quizás muy ingenuo. Sanguinetti fue señalado por Tacla Durán como uno de los trabajadores involucrados “de manera directa o indirecta” en el esquema de coimas. Odebrecht niega que Tacla Durán haya estado en la plantilla de su empresa, pero el abogado ya contó casi todo. La historia de corrupción de la constructora Odebrecht es parte de la mayor trama de lavado de activos de la historia de Brasil, superior a US$ 8.000 millones. Pero a Betingo le reclaman tan solo cinco millones de dólares. Sanguinetti también utilizaba su correo electrónico particular ([email protected]), como, por ejemplo, cuando Olivio Rodrigues Junior (alias Gigolino, Gigo y Maverick) le reclamó por el “rebote” de un depósito de cinco millones de dólares en su cuenta. Ese “valijero”, Rodrigues Junior, ya se acogió a la delación premiada y comenzó a cantarle a la Justicia brasileña lo que sabe sobre todo ese entramado offshore. Para recibir esos millones de dólares que llegaban desde Panamá y Antigua y Barbuda, dos empresarios uruguayos utilizaron la cuenta 1223640 de Sabrimol Trading SA en un banco de plaza de Uruguay. Esa es la última escala conocida sobre las coimas. Pero Rodrigues Junior no es un simple valijero. Fue identificado por la Justicia brasilera como operador de lavado internacional de activos, enlace entre Odebrecht y Antigua Overseas Bank. Inicialmente asesoraba a clientes en la creación de firmas en paraísos fiscales para alivio tributario. Uno de los testigos de la Justicia brasilera declaró que meses después de conocer a Rodrigues se dio cuenta de que su verdadera función era esconder el origen del dinero que recibía de Odebrecht. Dice que cuando lo conoció, no reveló para quién trabajaba, pero después confesó que lo hacía para Odebrecht y abría cuentas para “hacer movimientos financieros de obras de la compañía en el exterior’’. El Ministerio Público de Panamá recibió información de Uruguay, donde se crearon sociedades que estaban en el primer nivel de lavado de la compañía brasileña. Fuentes de la Fiscalía Especial Anticorrupción panameña dijeron que esperan que las autoridades judiciales uruguayas tramiten un interrogatorio a Sanguinetti Barros, exempleado de la filial de BPA en Uruguay, considerado clave en el entramado de sociedades que usó Odebrecht para distribuir los sobornos en distintos países. También es acusado de coimear en Perú. La constructora Odebrecht, considerada la mayor contratista de Latinoamérica, se valió de BPA para ocultar la trastienda de la compra de la petroquímica Quattor-Unipar, según un informe de la Policía del principado. La Policía destaca la participación de BPA en la transacción y pone el foco en la sociedad panameña Lodore Foundation. Se trata de una firma representada por Cristina Lozano, exdirectora de la filial de la entidad andorrana BPA Serveis, y el agente del banco en Uruguay, Norberto Sanguinetti Barros, Betingo. “Con el consentimiento y beneplácito de sus superiores jerárquicos tuvieron un papel importante en la logística, formulación y construcción de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a través de BPA”, recoge el documento.
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