Andrés «Betingo» Sanguinetti fue procesado en Andorra por un delito de lavado de activos e ingresó a la cárcel, según informó el diario El Observador. Está vinculado al esquema de corrupción realizado por la constructora brasileña Odebrecht, a través de su gestión como funcionario de la Banca Privada de Andorra (BPA).
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El empresario y ex dirigente del Club Atlético Peñarol -medio hermano del dos veces presidente colorado Julio María Sanguinetti-, fue funcionario de la filial uruguaya de esta institución financiera entre 2006 y 2015. A fines de 2017, aceptó viajar a Andorra a declarar, y siempre manifestó su inocencia.
La participación de «Betingo» en el esquema de corrupción fue aportada por Rodrigo Tacla Durán, ex abogado de Odebrecht. Tacla Durán señaló ante la Justicia a la Banca Privada de Andorra (BPA) por su responsabilidad en el caso y mencionó a algunos funcionarios que la integraban. Entre ellos, “Betingo” Sanguinetti.
A partir de este testimonio, la Justicia de Andorra libró una orden de captura internacional contra Sanguinetti. El empresario compareció ante la Justicia y quedó detenido; finalmente, se dispuso que aguarde el proceso de extradición en libertad, pero se le colocó una tobillera electrónica. Para esto, Sanguinetti pagó una fianza de 30.000 dólares.
Finalmente, la jueza María Helena Mainard (entonces jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno) concedió la extradición de Sanguinetti, por lo que se habilitó su comparecencia ante los tribunales de Andorra. El viaje estaba previsto para los últimos días de diciembre, pero finalmente se prorrogó y se concretó en las últimas horas.
La Justicia de Andorra investigó a «Betingo» Sanguinetti por su participación en la sociedad panameña Lodore Foundation, vinculada con la adquisición por parte de Odebrecht y de Petrobras de la petroquímica Quattor-Unipar, operación por la cual -según los investigadores- se pagaron suculentas coimas.
En Uruguay, la Justicia también inició una investigación por los negocios del BPA, por presuntas triangulaciones de dinero ilícito. Sin embargo, la causa fue archivada ya que no existían elementos para proseguir una investigación contra los ciudadanos uruguayos que aparecían en la lista de clientes del BPA.
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