Los viejos deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), aquellos que contrajeron el préstamo en Unidades Reajustables (UR) quieren que les pasen su deuda a Unidades Indexadas (UI) y eso no es un capricho. Sólo a modo de ejemplo, se dirá que un grupo de esos clientes del BHU, que considera que se le perjudica al obligarlos a amortizar las cuotas en Ur, realizó un simulador partiendo de la base de dos cuotas iniciales de $ 5.000 en el año 2004, una en UI y otra en UR. El resultado es lapidario: en 2007, la persona pagaría $ 6.070 por UI o $ 6.778 por UR; en el 2012, $ 8.764 (UI) o $ 12.229 (UR); y en el 2016 esa cuota sería de $ 12.157 si se reajustara por UI y de $ 19.035 por UR. Como se puede ver y comprobar, la diferencia es notoria. Cansados de pagar y pagar Cuando una persona contrae un crédito, se le realiza un plan de pago con un plazo estipulado para cancelar la deuda. Ni siquiera los clientes del BHU escapan a esa modalidad. O, al menos, así tendría que ser, pero, según Gimena Bas, eso no sucede. Se debe tener en cuenta que quienes recurrieron al BHU fueron en búsqueda de un crédito social para la compra de la vivienda única y consideran que quedaron cautivos de un cambio que tuvo el banco: “Nosotros pagamos más de lo que deberíamos porque las deudas perdieron viso de realidad y buscamos que se restablezca el equilibrio que en algún momento tuvimos”, asegura Bas, quien dijo que, “para colmo de males, por la nueva carta orgánica se habilitan procesos ejecutivos con pocos meses de atraso”. Durante estos años, el grupo ha golpeado muchas puertas, por supuesto que los despachos de los legisladores no quedaron al margen de toda la movida. Según Bas, “los políticos, en general, entienden nuestra situación y están de acuerdo en que se está cometiendo una injusticia con nosotros: “Hay gente que sacó la cuenta y tiene que vivir hasta los 130 años para terminar de pagar al banco”. A eso hay que sumarle que los deudores que tienen que pagar su crédito en UR suele ser gente mayor, que contrajeron la deuda hace muchos años, que se les disparó la cuota y que, muchas veces, no tiene relación lo que pagan con lo que ganan. Es por eso que entre las reivindicaciones del grupo está que la cuota no exceda el 25% de los ingresos del grupo familiar: “Creemos que se hace urgente el estudio de la situación de aquellos deudores que no pueden pagar porque el valor de la cuota se le hizo insostenible, llegando a ser superior al 50% de los ingresos familiares”, indicó Bas, agregando que en el 2012 la UR se disparó respecto al índice de precios del consumo (IPC). Entonces, para entenderlo, se debe tener claro que el ajuste es con el índice medio de salario y eso aumenta el capital pedido. Eso es lo que hace que se encuentren con una deuda social que se fue acrecentando de manera escandalosa, mientras los ingresos se fueron reduciendo. Porque a pesar de que el salario real ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, los deudores, que habían adquirido el préstamo en actividad, se fueron jubilando y sus ingresos ya no fueron los mismos. Por otro lado, también se reclama que estudien los famosos “colgamentos”, y que se pasen los que figuran desde el 2007 a UI, que es cuando arrancó ese mecanismo, pidiendo un recálculo a partir de ese año para que no se arme tanta deuda. Para que se entienda, los “colgamentos”, que se pagan en UR, es deuda generada a partir de distintas estrategias de los deudores, aunque todas sugeridas por el propio banco. Por ejemplo, cuando alguien se atrasaba en algunas cuotas y refinanciaba, era común que, para que no se le hiciera tan cuesta arriba (al fin y al cabo nadie se atrasa por deporte), se le pasaban los intereses “para el final”, o desde el banco se ofrecía pagar los reajustes de manera parcial y dejar el resto para antes de cancelar la deuda, dejando ese monto “colgado”. Hay gente que, creyendo que había cancelado el préstamo, fue a retirar el título, pero les comunicaron que era imposible porque tenían que saldar los “colgamentos”. Muchas veces, con el correr de los años, eso acumuló tanto interés que se convirtió en una deuda difícil de sostener, o que requiere varios años más de dependencia bancaria. Por eso piden que se recalculen esas deudas en UI a partir del 2007. Justo es decirlo, en los últimos años, el gobierno ofreció pasar a los deudores de UR a UI. Caras y Caretas consultó a Bas sobre por qué 23.000 familias optaron por no cambiarse: “Lo que pasa que teníamos que hacer una nueva hipoteca y pagar por eso, lo que se nos hacía muy dificultoso económicamente hablando”, afirmó. Otro de los puntos que este grupo considera necesario, es que la población más débil, los jubilados, puedan descontar el pago de la cuota de la vivienda por impuesto IASS, algo que se puede hacer por IRPF, sin embargo, a los jubilados nadie les paga un peso y ellos abonan su cuota como los activos. Hay pasivos que cobran $ 15.000 y pagan $ 20.000 de cuota, por supuesto que son ayudados por sus familiares. Y, por supuesto, que Bas también dijo que debería ser obligación del BHU “proteger a los buenos pagadores, rebajando las tasas de interés y dando las chances de una cancelación anticipada. Porque para el banco no importa que una sea buena pagadora y eso que hablamos de un banco social con el interés más caro de plaza”, dijo Bas. BHU en la administración frenteamplista Sin dudas que a toda esta situación no se llega de un día para el otro, que hay un tema de concepción política, pero también de errores y que fueron cometidos por diferentes administraciones. En el primer gobierno del Frente Amplio, se capitalizó el BHU mediante US$ 200 millones que le inyectó el Estado. A su vez, se crea la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), hacia donde fue una parte de la cartera del BHU. Es muy polémico definir qué cartera pasó porque los jerarcas tienen criterios diferentes. Según algunos, para allí se destinó a la cartera afectada por problemas jurídicos, edilicios o de saneamiento. O sea, quienes pagan una propiedad con problemas y que no explicaría cómo el BHU está cobrando por algo que está mal. Según otros, lo que pasó a la ANV es la cartera social, aunque cuesta clarificar qué se quiere decir con eso, aunque se puede entender que se aluda a quienes tienen dificultades en pagar sus cuotas y, por lo tanto, eran deudores con deuda, valga la redundancia. Entonces, quienes fueron trasladados a la ANV, pasaron a pagar en UI y quienes quedaron atrapados en el BHU son rehenes de la UR. Según cifras oficiales, desde el año 2007 al 2013, la diferencia entre la UR y la UI significó una capitalización del Banco en US$ 315 millones, o sea, US$ 115 millones más que lo aportado por el Estado, un monto para nada despreciable, por cierto. Otra institución que tomó cartas en el asunto es la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, pronunciándose a favor del reclamo de este grupo. En el documento emitido por la Inddhh se afirma que en un período de 6 años, la deuda nominada en UR se multiplicó por 2.173, mientras que la nominada en UI lo hizo por 1.609. En las Recomendaciones que hace la Inddhh se dice que el BHU propicie mecanismos que permitan la revisión de los contratos objeto del reclamo. También se agrega que se evite “un enriquecimiento injusto del acreedor y una pérdida en la equidad de la prestación para obtención de vivienda casa-habitación”. En una de esas sería una buena idea leer las recomendaciones y hacer un esfuerzo por tenerlas en cuenta.
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