Durante el primer semestre de 2016, Ancap obtuvo ganancias por 78 millones de dólares, como parte de una mejora de las variables macroeconómicas, asociadas a una reducción en los costos de producción y de las deudas financieras. El anuncio fue realizado en setiembre, en una conferencia de prensa, por la presidenta del ente petrolero, Marta Jara. A su lado estaba la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, lo que constituía un símbolo de la importancia que tenía el anuncio para el gobierno.
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En esa instancia, Jara explicó que el saldo favorable se asoció con un menor costo del petróleo –mientras las tarifas de venta al público se mantuvieron constantes–, la capitalización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la cancelación de préstamos en dólares. Pero también se debió a una reducción de costos operativos, que incluyó una disminución de los gastos en viáticos (13%), consultorías (23%), publicidad (66%), vigilancia (25%) y servicios contratados (54%).
En los últimos meses, el ente petrolero adoptó diversas medidas para reducir aun más su pasivo. Una de ellas fue el cambio en la paramétrica de distribución del combustible, por la que se prevé un ahorro de casi 50 millones de dólares al año. El anuncio generó un conflicto con la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), que detuvo la actividad de esos comercios por 48 horas, pero finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes.
También se adoptaron diversas medidas en las empresas subsidiarias, entre ellas, el cese de operaciones de CABA. Ancap decidió abandonar la producción de bebidas alcohólicas y otros productos y traspasar parte del negocio industrial de CABA a Alcoholes del Uruguay (Alur). Además, se decidió solicitar el “concurso preventivo” de Carboclor SA, una empresa del Grupo Ancap en la República Argentina dedicada al giro petroquímico y logístico, que arrastra pérdidas millonarias desde 2013. Estas medidas fueron objeto de una opinión favorable de la amplia mayoría del espectro político.
Sin embargo, otras decisiones del nuevo directorio de Ancap son miradas con recelo en algunos sectores de la izquierda. Entre ellas, la paralización de las inversiones del sector pórtland –un área que explica buena parte del pasivo de la empresa– y, sobre todo, la reducción del porcentaje de mezcla de etanol y biodiésel en los combustibles. Se trata, esta última, de una decisión contraria al proceso que se lleva adelante en todo el mundo y que puede afectar el desarrollo industrial de Uruguay, afirmó el senador Leonaro de León a Caras y Caretas.
El proyecto Alur
En 2015, Alur obtuvo una ganancia neta de dos millones de dólares. La cifra fue un poco inferior al resultado obtenido en 2014 (una ganancia de 8,3 millones de dólares), pero consolidó el proceso positivo de la empresa: se trató del quinto año consecutivo con ganancias operativas. En 2015 Alur facturó 250 millones de dólares por la producción de biocombustibles, ración animal y azúcar, sumado a la venta de energía a UTE, lo que implicó multiplicar por diez la facturación obtenida en 2009 (26 millones de dólares). El 72% de la facturación se explica por la venta de biocombustibles a Ancap. Un dato significativo es que ese resultado positivo se logró junto a una reducción de 20% en el precio del biocombustible que Alur le vende a Ancap.
Sin embargo, la oposición cuestionó esos datos. El principal crítico fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien alegó que las ganancias de Alur se explicaban por un sobreprecio en el biocombustible que se vendía a Ancap. Bordaberry aseveró que Ancap aceptó pagar 5% sobre el costo de producción, pero que en cierto momento ese valor se llevó a 35% en forma retroactiva, después a 15% y luego a 10%. Este mecanismo –que se extendió hasta que Alur tuvo toda su capacidad operativa instalada– favoreció a Alur y perjudicó a Ancap, según un informe publicado por el diario El Observador.
Según los datos presentados por Ancap en setiembre, Alur tuvo un saldo negativo en el primer semestre de 2016, pese a que se hizo un esfuerzo importante en la ampliación de la cartera de clientes, lo que permitió concretar la exportación de diversos productos (harinas proteicas de soja y de canola para el consumo de ganado a China por 4,5 millones de dólares; 120 toneladas de biodiésel a partir de aceite de frituras a Holanda; y alcohol producido a base de cereales a Chile). Pese a esto, fuentes cercanas a Alur estimaron que 2016 también se cerrará con un balance positivo.
En este contexto, el vicepresidente de Ancap, Juan Carlos Herrera, afirmó en la Comisión de Industrias de la Cámara de Representantes que Alur es un proyecto “muy importante desde el punto de vista económico y social”, pero se debe lograr que tenga “sustentabilidad económica y social en el período”. Herrera –que ejerce la presidencia de Alur– explicó que para esto se adoptaron diversas medidas de disminución de los costos operativos de la empresa, de forma de generar ahorros, como la reducción de los asistentes del directorio y de los vehículos alquilados por la empresa.
Además, “estamos haciendo un reperfilamiento del plan de inversiones, con foco en actividades críticas: medio ambiente, seguridad laboral”, así como de la deuda financiera de 90 millones de dólares con menores de interés. Esto último implicará un ahorro de 500.000 dólares. “Estamos tratando las deudas financieras de Ancap como un grupo y ya no sólo de Ancap por un lado y de las subsidiarias por otro. Muchas veces sucedía que el mismo banco le prestaba a Alur o a Ancap y teníamos tasas y condiciones de préstamos distintas”, afirmó.
Más adelante, apuntó que Alur aún mantiene una deuda por 200 millones de dólares, por su plan de desarrollo industrial, y que se estima que este año se podrá “cancelar una pequeña parte” de esta, lo que “es una buena señal para la sociedad”. En este punto, Herrera afirmó que Alur no perdió dinero en 2015, pero reconoció que eso se debe a que, por contrato, Ancap le reconoce todos los costos operativos. “Es una de las cosas en las que estamos trabajando y que estamos analizando. Ese contrato vence en 2021, pero, como decía recién, Alur va a empezar a amortizar algo de la deuda. Todas estas medidas nos van a dar aire para hacer sostenible este proyecto tanto social como económicamente. Lo importante para Ancap, para el gobierno y para todo el sistema político es la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista económico y social. Ese es el equilibrio que estamos tratando de lograr; no sé si lo lograremos, pero lo que sí puedo decir es que todos los días nos desvelamos por este tema”, sostuvo. Sin embargo, la forma en que Ancap pretende lograr ese equilibrio no cuenta con un apoyo unánime.
Ley de agrocombustibles
En noviembre de 2007, con el voto favorable de todos los partidos, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 18.195, de agrocombustibles. Esa norma apuntó a profundizar el desarrollo de este sector y fijó la obligación para Ancap de mezclar etanol y biodiésel producido en Uruguay con el combustible fósil, naftas y gasoil, respectivamente. Se estableció un porcentaje mínimo para ello: 5% en el caso del etanol y 2% en el biodiésel.
Ancap superó esas cifras y llegó a mezclar 10% de etanol en las naftas y 7% de biodiésel en el gasoil. Una política que permitió, entre otras cosas, reducir en 262.000 toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero como parte de la política de disminuir sus costos, Ancap decidió reducir el porcentaje de mezcla hasta los mínimos establecidos por la ley. El anuncio fue realizado hace unos meses por la ministra Cosse y el ministro de Economía, Danilo Astori.
El senador De León cuestionó esta decisión al considerar que va “a contrapelo de lo que se está haciendo en el mundo”, ya que todos los países están insertos en un proceso de impulso de los biocombustibles. “Si se empiezan a bajar las mezclas se van a empezar a cerrar plantas industriales. Y que el Estado empiece a cerrar cuando el mundo apuesta a los biocombustibles no es una buena señal”, dijo a Caras y Caretas.
De León –que fue gerente general de Alur durante la gestión del actual vicepresidente Raúl Sendic al frente de Ancap– afirmó que esta empresa invirtió en el desarrollo de cuatro biorrefinerías (una en Bella Unión, otra en Paysandú y dos en el sur del país) y tiene acuerdos con decenas de productores –por un total de 200.000 hectáreas plantadas– que son proveedores de materias primas para Alur. “Mezclar biocombustibles con combustibles fósiles tiene efectos positivos en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pero también en materia de descentralización, desarrollo local y trabajo genuino para los uruguayos”, afirmó.
“Cada litro de etanol o biodiésel que se produce en el país es trabajo, es soberanía energética, es no tener seguros de desempleo y que haya menos planes del Mides [Ministerio de Desarrollo Social]. Entonces, o se busca una modificación de la ley de agrocombustibles que estimule la producción de biocombustibles, o se entiende lo que implica tener que cerrar plantas industriales y dejar gente sin trabajo o debilitar zonas como Bella Unión y Paysandú”, agregó.
De León insistió con que el traslado de todos los costos de producción de Alur a las tarifas está previsto en la ley y que “Ancap paga los costos reales de producción”. Afirmó que uno de los problemas es que el MEF le aplica al litro de etanol –producido con trabajo nacional– la misma tasa de Imesi (47%) que a las naftas, producidas con petróleo importado. “Esto significa un castigo a Ancap y a la ciudadanía”, ya que es una medida que no tiene en cuenta los impuestos y servicios que se pagan en toda la cadena para la producción del biocombustible. “Si vamos a producir energía con recursos locales, tengamos en cuenta que hay aportes (como los que se hacen al Banco de Previsión Social y el IVA) en toda la cadena; en la mezcla se le pone el mismo Imesi a la nafta y al biocombustible”, señaló.
El senador insistió con que reducir la mezcla de biocombustibles puede afectar el desarrollo industrial que promueve Alur. “No estamos de acuerdo con cerrar industrias, y menos si se trata de industrias del Estado”, dijo. Y apuntó a que existe una “dualidad de criterios” al analizar los costos de la energía, ya que se plantea reducir la mezcla de biocombustibles, pero no se hace referencia a los costos que implica la energía que UPM y Montes del Plata le venden al Estado.
“Nadie habla de que a Montes del Plata y a UPM se le pagan entre 110-120 dólares MW/hora, cuando la energía eólica tiene un costo 60 dólares MW/hora, por contrato fijo. No hemos escuchado que se proponga reducir la cantidad de MW/hora que se le compran a Montes del Plata y a UPM, y sólo se quiere reducir los porcentajes de mezclas de Alur”, sostuvo.
De León aseveró que Uruguay debería utilizar toda su capacidad energética para dar un salto al desarrollo, ya que se está produciendo energía más barata y a base de fuentes renovables –lo que es un valor agregado importante al momento de exportar a Europa–, apuntando a darle competitividad al sector de producción nacional y a las pequeñas y medianas empresas.