Los partidos Nacional y Colorado reaccionaron ante las revelaciones de uso de la tarjetas corporativas del Banco República por parte de sus directores instando a la actuación de sus órganos de ética. El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) resolvió que la Comisión de Ética analice con urgencia la situación del exdirector blanco del BROU, Pablo García Pintos, quién reconoció que usó las tarjetas para hacer aportes económicos al Partido Nacional.
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Por su parte, el secretario general del Partido Colorado (PC), Adrián Peña, pidió a la Comisión de Ética analizar la situación de los dos exjerarcas colorados del BROU, Daniel Cairo y Milka Barbato, por realizar gastos personales con las tarjetas corporativas.
https://twitter.com/adrianbatllista/status/976882237118525441
Según un pedido de informes realizado por legisladores del Frente Amplio (FA), publicado este jueves por el semanario Búsqueda, los directores mencionados hicieron uso de la tarjeta corporativa para fines ajenos a su función. García Pintos dijo a radio Sarandí que parte del dinero utilizado de esas tarjetas era por «obligaciones que tenía para contribuir al partido». «En determinado momento el partido exigió una cantidad mayor de aportes», señaló. En el caso de Cairo –quien fue presidente y vicepresidente del BROU- el informe indica que efectuó 35 compras por un total de US$ 1.997, tres en joyerías. Por su parte, Barbato gastó US$ 785.
Una declaración del Partido Nacional indica que «desconoce el origen de los aportes» realizados por García Pintos «en su condición de Director del BROU, a los que estaba obligado por la Carta Orgánica del partido».
«De la investigación sumaria realizada por el Directorio no surgen aportes extraordinarios del ex funcionario, resultando de la documentación de la Comisión de Hacienda solamente los correspondientes a la contribución regular antes mencionada», agrega.
Mientras tanto, Peña aclaró en su cuenta de Twitter que «se trata de personas que fueron coloradas y hoy no integran el partido». «Desde hace tiempo ninguno tiene vínculos con la colectividad», escribió.
Finalmente el senador Pedro Bordaberry indicó que «quizás sea momento para aprobar un proyecto de ley presentado hace tres años por el que no prescriben los delitos de corrupción en la función pública».