“Passar a boiada”: la política ambiental del gobierno Bolsonaro

La deforestación es una acción genocida y un holocausto animal. Pero el ecocidio en Brasil no se resume a las quemadas y reducción de bosques tropicales, que se repiten año a año, sino que ahora se suma la Covid-19, una nueva amenaza para población indígena.

Brasil y la política ambiental de Bolsonaro

Por Gerardo Osorio

La pandemia llega a las aldeas en Brasil, cada vez más acosadas por la acción de garimpeiros (buscadores de oro y otros metales), colocando en riesgo el ya frágil equilibrio inmunológico de esas poblaciones.

El 6 de julio, el Ministerio Público Federal (MPF), a través de 12 fiscales, formalizó un pedido para que el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sea apartado del cargo, ya que su gestión representaría el desmantelamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Desde que la Justicia hiciera público el video de la reunión de gabinete, del día 22 de abril, en la que el ministro sugiere al presidente Bolsonaro “passar a boiada”, es decir, aprovechar que todos están distraídos con la pandemia para desestructurar la legislación ambiental vigente, Salles ha sido objeto de cuestionamientos, desde varios sectores de la sociedad. Al contrario de lo que podría esperarse, aumentan las medidas contra la fiscalización ambiental por parte del gobierno, al ritmo de nuevos decretos y el ataque a los institutos fiscalizadores de la Amazonia.

 

El Código Forestal

Considerando la importancia de Brasil tanto como productor agropecuario como por las dimensiones de las áreas forestales a ser preservadas o recuperadas, el Código Forestal brasileño ha sido objeto de polémica desde su aprobación.

Su historia se inicia en la primera presidencia de Getulio Vargas, en 1934, y llega hasta hoy, tras siete alteraciones, definiendo Áreas de Preservación Permanente, Áreas Reserva Legal y Áreas de Uso Restringido.

El Código Forestal de Brasil (ley 12.651, de 25 de mayo de 2012) establece un conjunto de normas para la protección de la vegetación nativa, estableciendo limitaciones al derecho de propiedad rural referidas al uso y explotación del suelo y florestas, con instrucciones a seguir para el desarrollo sustentable en diversos biomas.

Su aprobación, con algunos vetos por parte de la entonces presidenta Dilma Rousseff, significó para los ambientalistas un revés y una decepción a las expectativas políticas. A diferencia del código anterior, se reduce el tamaño de las reservas forestadas, disminuye la protección de los ríos y nacientes, la protección de las cumbres de los cerros, se libera la forestación de mayor cantidad de especies exóticas; se complejiza el cálculo de áreas protegidas, las definiciones y la aplicación efectiva de la ley.

Pero el tema de fondo para los representantes de la sociedad civil, campesinos y poblaciones indígenas no es lo que el Código limita, sino lo que “permite”. Aunque muchos consideren que lo que se aprobó en 2012 fue la peor versión, la situación actual ha llegado a una degradación tal que ya no se piensa en modificarlo, sino en que, por lo menos, se aplique y se respete. Su entramado es tal, que, por sus consecuencias ambientales y económicas para toda la región, merecería un artículo dedicado exclusivamente al tema.

 

Tierras indígenas y quilombolas

Una de las innovaciones del Código Forestal es la inclusión de las tierras indígenas y comunidades tradicionales, como los quilombos, en la categoría de Agricultura Familiar, modificando su estatus de protección obligatoria. Estas tierras, propiedad de la União (Federación) son destinadas exclusivamente a estos pueblos para su usufructo y reproducción física y cultural. Los pueblos indígenas tienen el derecho originario a sus tierras (un 11,6% del territorio brasileño), por lo que su demarcación no se determina o crea por un acto administrativo, sino que debe ser reconocida a partir de requisitos previstos en la Constitución Federal, vigente desde 1988. Es, en definitiva, un deber del Estado.

Pasar a considerarlos como agricultores familiares es desconocer la vivencia colectiva milenaria y su sabiduría en la práctica de la agricultura y el manejo de los recursos de la naturaleza de forma sostenible sin agotarla y destruirla. Este cambio permite el desarrollo del negocio de las madereras y el registro de las actividades y desplazamientos indígenas como si se tratase de cualquier agricultor.

Una y otra vez hemos visto a las organizaciones indígenas movilizándose en reclamo de respeto por sus territorios ancestrales. Desde 2016 hasta la actualidad se han cumplido las estimaciones más pesimistas. A los grandes latifundistas y sus ejércitos privados, se les ha facilitado su acción delictiva de violencia, muerte e invasión de tierras.

Las tierras indígenas pueden tener dos tipos de estatus, demarcadas o sin demarcar, es decir, los límites legales reconocidos de las tierras indígenas pasan por un proceso largo, mayoritariamente litigioso. Muchas comunidades apenas consiguen asentarse en áreas generalmente diminutas y esparcidas por el extenso territorio brasileño.

Existen actualmente unas 305 etnias, según IBGE, que se concentran principalmente en la Amazonia Legal, que es un Área de Protección Legal que se extiende por la cuenca amazónica y que la componen nueve estados. Pero existen tierras demarcadas en todas las regiones de Brasil e incluso en las regiones metropolitanas de algunas de las ciudades más grandes del país.

 

La promesa de campaña y la gestión del ministro Salles

El presidente Bolsonaro prometió, en su campaña electoral, no ceder un centímetro para demarcación de tierras indígenas, e incluso reducirlas. Es una de las tantas amenazas de corte racista y entreguista que Bolsonaro hizo contra la Constitución, sus instituciones y el interés nacional, principalmente el de la población más vulnerable.

Para garantizar esa promesa de campaña, el ministro Salles lleva adelante el proceso de desestructuración del Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar, una desestructuración normativa mediante la publicación de ordenanzas y decretos que promueven una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de fiscalización, dificultando la aplicación de multas. También, por decreto, de febrero de 2020, se transfirió el Consejo Nacional de la Amazonia Legal del Ministerio de Medio Ambiente para la Vicepresidencia de la República, pasando la coordinación al vicepresidente, el general Hamilton Mourão.

En segundo lugar, la desestructuración de los órganos de observación, producción de conocimiento, transparencia y acceso a la información: neutralización y despidos de las jerarquías del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), del Instituto Chico Mendes de Conservação  da Biodiversidad (ICMBio), del Instituto de Pesquisas Espaciales (INPE).

Finalmente, una desestructuración presupuestal, mediante recortes y trabas en la efectivización de multas como, por ejemplo, políticas discrecionales de “perdonar” deudas.

Estas decisiones no solo afectan a Brasil, sino al Mercosur en su conjunto, ya que el bloque puede sufrir consecuencias comerciales, una vez que uno de sus socios no cumple las normativas internacionales y eso inviabilizaría acuerdos a futuro.

 

Líderes indígenas asesinados

Desde enero, los medios difunden una importante movilización de grupos indígenas organizados luchando por efectivizar las demarcaciones paralizadas, y denunciando un aumento de la presencia de actividades de minería y expansión del agronegocio en sus tierras.

Según el relevamiento de la Comisión Pastoral de la Tierra, se produjeron, desde 2019, unos 1933 conflictos rurales, de los cuales 60% fueron en la Amazonia, región que también concentra 84,4% de los asesinatos de líderes indígenas y de movimientos de trabajadores rurales. Estos crímenes buscan desmoralizar y desmovilizar a las comunidades, organizaciones y órganos de protección y fiscalización. Las reiteradas denuncias por falsificación de documentos de pose de tierras (grileiros), extracción ilegal de maderas, invasión de garimpeiros, han sido respondidas con muerte y cubiertas de impunidad por la complicidad del gobierno. La vulnerabilidad de las comunidades que habitan áreas, incluso ya demarcadas, es aun más trágica cuando no cuentan con la protección del Estado.

 

Quemadas

Brasil es responsable por el 52,1% de las quemadas en Sudamérica. El bioma Amazonia ha sufrido, en lo que va del año, 5.655 incendios, pero esa práctica está presente en los cinco biomas restantes. El caso más próximo a Uruguay es el del bioma Pampa, que presenta un aumento de 343% en los incendios.

En 2019, la divulgación de datos sobre queimadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) le costó el cargo a su director, el prestigioso científico Ricardo Galvão, quien fuera sustituido por un militar ajeno a temas climáticos. El presidente brasileño, rodeado de su círculo de militares, oscurantistas y terraplanistas, sugirió, entonces, que las quemadas eran parte de una conspiración de alguna ONG, con la cual Galvão tendría alguna relación.

 

Covid-19 en aldeas indígenas: negligencia programada

Cuando se trata de las poblaciones más vulnerables, la actitud del gobierno es de absoluta negligencia y desprecio. Así como en las favelas y barrios periféricos de las ciudades, el virus se expande por la omisión sanitaria; también el número de contagios aumenta en la población indígena. Con los garimpeiros, la deforestación, los evangelizadores yanquis y un Estado ausente, la pandemia llega a los pueblos indígenas y quilombolas más aislados.

Existen denuncias de que la fiscalización ha disminuido intencionalmente con la excusa de la pandemia. La deforestación ha aumentado un 55% en el primer cuatrimestre en comparación con el mismo período del año pasado, limitando cada vez más el aislamiento tradicional de los pueblos. Por su parte, el gobierno, lejos de respetar la cultura y el derecho indígena, intentó nombrar, en el Departamento de Pueblos Aislados de Funai, a un misionero evangélico perteneciente a un movimiento de evangelización de tribus aisladas.

Las políticas de Salud Pública destinadas a Poblaciones Indígenas en Brasil, quilombolas y pobladores tradicionales es de desidia y desprecio. Ante la negligencia del Ministerio de Salud, las organizaciones indígenas realizan su propio levantamiento de datos sobre el impacto de este nuevo cataclismo biológico. De acuerdo con la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), 122 aldeas fueron infectadas, contabilizando unos 12.048 casos y 444 muertos. Ante esta situación, muchos grupos han decidido adentrarse en la selva para volver al aislamiento total. Simultáneamente, las organizaciones quilombolas (Conaq) han establecido su propio observatorio, Quilombo sem Covid-19, relevando 197 quilombos, 2.590 infectados y 128 muertos.

 

1 comentario en «“Passar a boiada”: la política ambiental del gobierno Bolsonaro»

  1. Muy buenas éstas crónicas desde Brasil

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