Se trata de la Reserva Nacional de Cobre y sus asociados (RECA),con una superficie de 47 mil kilómetros cuadrados y ubicada entre los estados de Amapá y Pará. La decisión de abrir la RECA a la minería, supone el emplazamiento de grandes establecimientos para la explotación de oro, hierro y cobre en un territorio que incluye nueve áreas protegidas, bosques estatales, reservas ecológicas y comunidades indígenas. Las nueve áreas protegidas por la ley de conservación de 1984 incluyen los Bosques Estatales del Parú; el Parque Nacional Montañas de Tumucumaque; la Reserva Biológica de Maicuru; la Estación Ecológica del Jari; la Reserva de Desarrollo Sostenible del Río Iratapuru; la Reserva Extractiva Rio Cajari y los territorios indígenas Walapi y Rio Paru d’Este. Entre los diversos grupos indígenas que serán desplazados por el extractivismo, se encuentra el pueblo Wajapi, que permanece casi en estado de completo aislamiento en la Amazonia, desplazándose sobre una superficie de 17 mil kilómetros cuadrados y con una cultura milenaria escasamente contaminada. El principal interés de los consorcios mineros radica en la Reserva Biológica (REBIO) de Maicuru, donde el Servicio Geológico Brasileño (CPRM) ha detectado la existencia de grandes yacimientos de oro y cobre. En el mes de junio, como preludio de estas medidas, Temer anunció un nuevo marco legal para la industria minera, el que incrementa las regalías percibidas por la minería, de la cual Brasil es uno de los mayores productores del mundo. “Estamos modernizando al Estado brasileño”, declaró Temer sobre el nuevo marco legal, que aumenta del actual 1,5 % hasta un máximo del 4 % de la facturación bruta de las empresas las regalías que generan algunos sectores de esa industria, como el oro, los diamantes o el mineral de hierro.
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