Brasil: la condena a Lula y la clausura de un ciclo

El hecho de que Lula vaya a prisión depende ahora de lo que decida el Tribunal Federal de la 4ª Región de Brasil (TRF-4), que fue precisamente el organismo que en 2016 dispuso que los procesados en segunda instancia puedan ser enviados a prisión en tanto se agotan las instancias para dictar una sentencia definitiva. Una decisión dudosamente constitucional, que se parece más bien a un traje a medida confeccionado para Lula y los implicados en el affaire Lava Jato.   El proceso        Los jueces que votaron a favor de conceder el habeas corpus que eximiría a Lula de cumplir con las resultancias de la innovación interpuesta en 2016 por el TRF-4 fueron los ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurelio y Celso de Mello. Votaron en contra de la habilitación del habeas corpus el relator Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Luis Fux, Cármen Lúcia y Rosa Weber. Esta última era la gran esperanza que tenía la defensa para obtener un fallo favorable del STF. Su voto discorde con el habeas corpus tuvo una originalidad argumental, a saber, que votó con la mayoría pese a considerar que la decisión del TRF-4 de 2016 era inconstitucional. Complementariamente, tanto la argumentación ajustada a derecho, como el voto que la contradice, no hacen sino demostrar que el juicio a Lula debía seguir un itinerario trazado de antemano, así como que el escándalo del Lava Jato era demasiado grande como para pretender tapar al sol con un dedo. Por añadidura, queda nuevamente en claro que Brasil es el país de la sorpresa y la imprevisión y que los pronósticos sobre el devenir de los acontecimientos y la propia lealtad se dan por moneditas. El resultado de la votación fue anunciado en la madrugada del jueves 5 de abril por la presidenta del STF, Cármen Lúcia A partir del histórico fallo del STF, la ejecución de la prisión preventiva para Lula depende del TRF-4, que le había condenado a doce años y un mes de prisión por entenderlo incurso en los delitos de “corrupción pasiva y lavado de dinero” en la causa referida a la apropiación indebida de un tríplex en la localidad de Guarajá, en el estado de San Pablo. Cuando la votación se estaba desarrollando, la defensa del imputado apeló a un agónico recurso, que consistió en la solicitud de que la decisión del STP fuera diferida hasta que el propio Supremo Tribunal se pronunciara sobre los argumentos argüidos por el TRF-4 en enero, para decidir la condena en segunda instancia. El recurso fue denegado por seis votos contra dos. No obstante, el fracaso de este último pedido no cierra por completo las puertas para impedir que Lula vaya a prisión, ya que la defensa tiene un plazo de doce días (que comenzó a correr el pasado 28 de marzo) para presentar un último recurso ante el TRF-4 para que la ejecución de la preventiva no se ejecute, extremo cuyo éxito se considera más que dudoso. Luego de agotada esta instancia jurisdiccional ante el TRF-4, este deberá enviar un oficio al juez Sergio Moro, principal responsable de la investigación de la operación Lava Jato en la primera instancia de la Justicia Federal, comunicándole la decisión que tome. En el caso -más que probable- de que el último recurso de la defensa sea desestimado, a Moro le corresponderá la decisión de enviar a la Justicia Federal a detener a Lula. Hay que acotar que este último manotazo de la defensa de Lula ante el TRF-4 no sería otra cosa que una operativa destinada a ganar tiempo, ya que este tribunal tiene un rango menor al STF y no puede dejar sin efecto lo decidido el mismo.   La estrategia de las partes Los abogados de Lula elaboraron su estrategia defensiva sobre la tesis que, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, “nadie será considerado culpable y privado de libertad ambulatoria sin ser juzgado con sentencia penal condenatoria”. Es decir, sin que se agoten todas las instancias constitutivas de un juicio. Por lo tanto, argumentaron que Lula no puede ser privado de libertad en función de una decisión del TRF-4, que es un tribunal de segunda instancia. En consecuencia, entienden que la prisión preventiva sólo puede ser ejecutada después de haber agotado todos los recursos en todas las instancias previstas por la Justicia, incluida, la tercera (el STF) o la cuarta (el propio STF, actuando para dictar la sentencia definitiva). La tesis esgrimida por la defensa es estrictamente ajustada al Derecho y a la Constitución, pero en 2016 (también en votación dividida de seis a cinco), el STF decidió que era posible decretar la ejecución provisoria de la sentencia de prisión luego de ser condenado en segunda instancia, sin privar a la defensa del acusado de recurrir al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y al STF. En el curso de las maratónicas intervenciones de los once ministros del STF durante la audiencia que puso a Lula a un paso de la cárcel, se admitió -incluso por algunos ministros que votaron contra el habeas corpus– que la decisión que se tomara era inconstitucional y que el artilugio introducido para hacerla posible sería en el futuro reconsiderado. La argumentación en tal sentido constituía una admisión tácita de que se violentó la Constitución para habilitar en tiempo y forma la prisión del expresidente y -lo que es más importante- su inhabilitación para participar como candidato en las elecciones del próximo mes de octubre. La tesis contraria fue sostenida por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, quien defendió la preservación de la decisión tomada por el STF en 2016 como expediente necesario para combatir la impunidad. En otras palabras, se trataría de un recurso extremo indispensable para enfrentarse a un operativa de la magnitud del esquema de corrupción presente en el Lava Jato. Por lo tanto, entendió que en esas circunstancias, el habeas corpus era un recurso inaplicable, en la medida que contrariaba decisiones provisorias del Supremo Tribunal de Justicia y del propio STF, que ya habían desestimado el mérito del recurso, ante el mismo pedido realizado en otras instancias.   “Como un perro” Escrito en la madrugada del jueves 5, sobre el rescoldo tibio de la larga sesión del STF, con los tiempos acotados por el espacio disponible y la propia inmediatez editorial, este artículo no puede incursionar en la urdimbre profunda de este proceso, que en el plano judicial fue iniciado en 2013 (pese a contar con precedentes anticipatorios) y que en el terreno político comenzó con el milenio. Eso quedará para la próxima edición, cuando el impacto de los acontecimientos ceda el terreno a la reflexión. Pero es imposible obviar la emergencia de una reacción sistémica retrógrada, con ribetes jurásicos, que incluyó la movilización de la derecha brasileña encolumnada por el movimiento Vem Pra Rua, que ya había tenido activa participación en la agitación que operó como elemento de presión para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Además de movilizar a decenas de miles de personas en las principales ciudades de Brasil, este movimiento recurrió a la violencia y al terrorismo, llegando incluso a atentar contra la vida de Lula durante una caravana partidaria en el estado de Curitiba. Pero si con eso no fuera suficiente, volvieron a mostrar los dientes los golpistas de las Fuerzas Armadas, los mismos que gobernaron dictatorialmente Brasil entre 1964 y 1984. En su nueva versión, el neogolpismo se expresó como continuador de sus predecesores. Y lo hizo explícitamente. Antonio Mourâo, general en actividad, secretario de Economía y Finanzas del Comando del Ejército, amenazó públicamente con una intervención militar ante la eventualidad de que Lula no fuera enviado a prisión. No mereció observaciones ni sanciones. Tampoco cuando al pasar a retiro, hiciera un homenaje al general Brilhante Ustra, uno de los más connotados torturadores de la dictadura militar inaugurada en 1964. Mourâo, aún en actividad, se había manifestado como defensor del contrarrevolucionario Jair Bolsonaro (segundo en las encuestas de intención de voto), que ha logrado aglutinar a la reacción brasileña con un discurso que haría ruborizar a los golpistas que le precedieron. Lejos de llamarlo al orden, el comandante en jefe del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, emitió mensajes de apoyo a su camarada de armas. Unos pocos elementos para entrever que estamos en presencia de un proceso restaurador de una virulencia inusitada, que va a disparar todas las contradicciones tensadas en el continente. En cuanto a Lula, bien podría hacer suyas las palabras finales del protagonista de ‘El proceso’, de Franz Kafka: “Como un perro”.