Brasil: Reapertura de la economía coincide con pico de contagios y muertes por Covid-19

(desde San Pablo)

Desde del 23 de marzo, se han decretado y llevado adelante, por parte del gobernador del estado de San Pablo, João Doria (PSDB), medidas de combate a la pandemia en Brasil. La paralización de cualquier actividad no esencial y la apelación a la población para  se quede en casa (#fiqueemcasa), entre otras formas de distanciamiento social. Al igual que la mayoría de los estados, esas iniciativas han contado con el apoyo de todo el arco político, salvo del sector que apoya al presidente Jair Bolsonaro, actualmente sin partido.

La falta de apoyo, la negación de la pandemia, y la militancia contra el distanciamiento social, por parte del presidente y sus ministros han tenido consecuencias trágicas e incalculables sobre la salud de la población, la economía y las relaciones entre el Gobierno Federal (União) y los estados.

El estado de San Pablo, epicentro del contagio, ha sufrido el ninguneo presupuestal, la extorsión y hasta la requisa de equipamientos médicos, respiradores, etc.

Al comienzo, tanto el equipo de gobierno de la ciudad como del estado establecieron un centro de contingencia integrado por un equipo de médicos y especialistas, autoridades en el tema, y una estrategia mediática con énfasis, por encima de cualquier diferencia política, en principios relacionados a las indicaciones de la OMS, la jerarquía de la ciencia y la salud por encima de la economía. Se mantuvo una constante actualización de datos, una comunicación con informaciones e indicaciones de cómo actuar frente a la pandemia. Se insistió con el objetivo de llegar a un ideal 70% de aislamiento para reducir el contagio.

Tal vez, con la intención de bajar la ansiedad de grupos económicos, causada por la incertidumbre ante los perjuicios por la parálisis en la actividad, se había anunciado el 10 de mayo como posible fecha de apertura.  Habiendo llegado a niveles de aislamiento de 56%, ya se apostaba a un compromiso de la sociedad para mantener o elevar ese porcentaje y así salir en breve con menos contagios.

Para promover el aislamiento, entre otras estrategias, se decretó un megaferiado (feriadão), adelantando tres feriados y un puente, sumados a un fin de semana, a fines de mayo. El objetivo, finalmente, no obtuvo respaldo ciudadano y la tasa cayó por debajo del 50%, con las lamentables consecuencias sanitarias ya conocidas.

Al no alcanzarse la meta propuesta, el aislamiento entonces se extiende, y se van especulando distintas fechas como límite hasta llegar al 1° de junio para el estado y 11 de junio para la capital paulista. Gradualmente la presencia mediática ha ido disminuyendo y el centro de contingencia pierde un referente científico con la salida del médico epidemiólogo David Uip.

El plan de apertura (Retomada consciente), que incluye cinco fases, que se ha ido modificando sobre la marcha y del que no se disponen muchos detalles, se presenta en un momento en el que, lejos de “achatar la curva”, el número de contagios se dispara en todo el país. La tasa de ocupación de CTI, según la secretaría de salud del estado de San Pablo, es casi del 70% en el estado y de 90% en la capital. Los casos superan los 143.000 y los fallecidos superan los 9.500 -unos 4.000 en la ciudad capital-.

Factor de riesgo: ser pobre.

La ciudad de San Pablo concentra, de acuerdo con estimaciones del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), más de 8.000 personas por kilómetro cuadrado. La gente, en los espacios públicos, cumple con dificultades las medidas de profilaxis, que se reducen al uso de tapabocas.

El transporte público de esta megalópolis de 13 millones de habitantes está funcionando en un 30% y va en aumento. En una cultura de hablar alto, de permanente contacto físico, de más de 3 millones de pasajeros circulando por día, es un desafío para la eficiente higienización de subtes, trenes, ómnibus, taxis, coches de aplicaciones, y para el cumplimiento del distanciamiento social.

Los comercios en general permanecen cerrados, al menos en la región central y centro expandido. Para acceder a los comercios y servicios declarados esenciales (alimentación, estaciones de servicio, clínicas, bancos, limpieza, pet shops), a diferencia de otras ciudades, no existe un límite de personas en el interior de los locales y, salvo excepciones, no existen filas para ingresar.

Parques, plazas y paseos públicos han sido inhabilitados a sus usuarios. Incluso la vía elevada Pte. João Goulart (llamado popularmente como Minhocão), un viaducto de unos 3.500 metros, que funciona alternadamente como vía rápida y parque en horarios específicos, ha vuelto a su función exclusiva de tránsito vehicular, cancelando skates, bicicletas, pelota y cualquier forma de ocio y sociabilidad con un infranqueable vallado de chapas y guardias particulares que impiden el acceso de peatones.

En la región central de la capital, desempleados, jubilados de bajos ingresos, repartidores y delivery de aplicaciones, mendigos y una parte importante de las más de 24.000 personas en situación de calle esperan juntos la llegada caritativa de marmitas de alimentos y abrigos entregadas por asociaciones civiles y particulares por propia iniciativa en un escenario de miseria y abandono.

Saliendo de la región central, la población que vive en las zonas periféricas; sin saneamiento básico; que habitualmente viaja hasta tres horas para llegar a su lugar de trabajo o estudio; que espera meses para ser atendido en el Sistema Único de Salud (SUS); víctima de desastres naturales y lamentables accidentes, expuesta muchas veces como espectáculo en programas televisivos sensacionalistas, siente en carne propia, una vez más, el lado siniestro de la capital más rica del Brasil con una tasa de mortalidad superior a la de los barrios de clase alta, donde surgieron los primeros casos.

Algunos comportamientos irresponsables, como aglomeraciones en domicilios particulares, iglesias, comercios e incluso fiestas y bailes callejeros, colaboran con la expansión de la pandemia.

También hay omisiones crónicas, por parte del estado de Brasil, en un territorio de fragmentación y desigualdad social de larga data: largas filas y momentos de tensión en las puertas del Banco Caixa Económica Federal de quienes no consiguen cobrar los 600 reales del Auxilio emergencial (destinado a trabajadores informales, microemprendedores individuales, autónomos y desempleados) por cuestiones que van desde la resistencia por parte del Gobierno Federal, burocracia, dificultad para realizar trámites de millones de analfabetos funcionales, hasta la limitación tecnológica, y material, que significa acceder al beneficio a través de una aplicación de teléfono móvil, cuando un gran porcentaje de la población más carenciada no tiene siquiera acceso a internet.

Movilización popular

Desde hace dos semanas, se han visto en San Pablo, así como en otras capitales brasileñas, movilizaciones de protesta contra el Gobierno Federal, convocadas por los movimientos negros, Povo Sem Medo e hinchadas organizadas. Han tenido su previa desde las ventanas de casas y edificios, en las que miles de ciudadanos apoyan con gritos, caceroleadas, percusiones, bocinazos y vuvuzelas. Al movimiento pro-impeachment (Somos 70% y otros) y antifascista, se suman protestas antirracistas, por crímenes raciales recientes en Brasil (caso de los chicos João Pedro y Miguel), en un contexto de protestas globales antirracistas como “Black lives matter” (“Las vidas negras importan”).

 Al mismo tiempo, las voces en defensa del llamado “mito” y del “gabinete del odio” en Brasil han disminuido, concentrándose bajo la protección y complicidad de la policía, principalmente en actos de baja participación en la avenida Paulista (principal avenida de la capital), llamando la atención mediante el uso de los colores de la selección de fútbol y la bandera nacional mezclados con banderas de Estados Unidos e Israel. Estos apelan a la provocación, insultos y agresión a los grupos de manifestantes contrarios que reclaman la salida de Bolsonaro, quien continúa con su actitud negacionista frente a la pandemia no demostrando empatía ni preocupación por la situación e intentando ocultar información sobre el avance del Covid-19.

Aquarela do Brasil

La castigada democracia brasileña vive un conflicto entre los tres poderes que se debaten en torno a constantes denuncias mutuas y circo mediático. Desempleo, inflación, una bolsa de valores en modo montaña rusa, los problemas crónicos de infraestructura y una siempre renovada crisis del Sistema de Salud (SUS), que tiene su punto de culminación con la llegada y expansión del Covid-19, son algunos de los frentes por los que el mal golpea.

Durante esta pandemia, al igual que en otros casos de calamidad pública, recibimos mapas e infografías que ilustran, y confirman, el triste lugar de Brasil como uno de los países con mayor fragmentación social e insensibilidad ante la evidencia de que quienes más padecen y pagan esta crisis son los mismos excluidos de siempre. San Pablo es apenas un capítulo en esta dramática novela de enredos, intrigas, miserias y muertes.