César Rodríguez y Marcelo Amaya son integrantes de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) e integrantes de su plantilla fundacional desde el año 2005. El primero lo hace como representante del Sindicato de Trabajadores de Estancia y el segundo como delegado del Sindicato Único de Trabajadores Arroceros y Afines. En tal carácter llegaron desde Salto para denunciar formalmente ante las autoridades nacionales y el Pit-Cnt la brutal golpiza que sufriera un peón rural del establecimiento Flor de Ceibo, una explotación ganadera de algo más de 1.000 hectáreas, ubicada en la zona oeste de Salto, en las proximidades de la capital departamental. Mucho palo pa’ que aprenda Rodríguez narra escuetamente los hechos: “Ese establecimiento ocupa a tres o cuatro peones en el trabajo de campo. El trabajador agredido, Hugo Antonio Leites, es un ‘todo tarea’, que trabaja de sol a sol en todo tipo de labores. Cobra un salario de $ 14.000. El hecho que derivó en la brutal paliza que recibió se debió a su reclamo sobre la carga horaria (de 10, 12 o 14 horas) y el no pago de horas extras. Ante la demanda, el capataz del establecimiento (Paolo Rodríguez) reaccionó violentamente, golpeándolo por la espalda con un rebenque, lesionándolo severamente. Luego de sucedidos los hechos, el patrón, con un cuchillo, lo obligó a firmar una declaración por la cual legitimaba su despido y dejaba sin efecto todo reclamo sobre el mismo. Tres días después le dan de baja del Banco de Previsión Social [BPS]”. Las secuelas de la agresión fueron severas. Leites quedó con una costilla fracturada y múltiples hematomas en la espalda y la cabeza, por lo que tuvo que pedir asistencia en el Centro Médico de Salto. En el interín, su esposa había tomado fotografías de las lesiones, las cuales fueron certificadas en el centro de asistencia. Posteriormente se realizó la denuncia policial y Leites se presentó ante la Comisión de Asuntos Sociales del departamento para realizar la denuncia del caso. Moneda corriente “Allí nosotros tuvimos contacto con los compañeros de Salto -prosigue Rodríguez-, que nos pasaron toda la información y activamos la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] y el Pit-Cnt, al tiempo que, el día lunes 24, emitimos un comunicado [ver recuadro adjunto] en el que exponíamos la foto con las lesiones sufridas por el compañero. Difundido por las redes sociales y por WhatsApp, pronto comenzó a hacerse viral y tuvo una receptividad a la altura de la gravedad que el tema tenía”. Amaya agrega que fue altamente positiva la indignación espontánea de la gente, que por sí misma hizo que el hecho se transversalizara y tuviera difusión a nivel nacional: “Nos hizo despertar sobre cosas que se daba por sentado que no ocurrían en este país, pero que se dan mucho más a menudo de lo que la gente cree”. Según Amaya, estos hechos ocurren cada vez con más frecuencia en el medio rural: “Nosotros veníamos advirtiendo -desde hace un año y medio- sobre la recurrencia de estos atropellos, porque cada vez con más frecuencia debíamos acompañar a trabajadores a las comisarías para denunciar amenazas y agresiones físicas que recibían […] Esto se da en el marco de un avance de las políticas neoliberales que solicitan algunos sectores de la sociedad, como las cámaras empresariales, que hoy ven con beneplácito la reforma laboral sancionada en Brasil”. Preguntado acerca de si la agresión a Leites podía ser leída como un caso excepcional, Amaya sonríe y dice: “Esto no es sólo moneda corriente en el medio rural, sino que está siendo estimulado por las patronales. Los foros y los ‘cabildos abiertos’ que vienen realizando a lo largo del país las gremiales agropecuarias son herramientas para estimular una campaña que termina en hechos de este tipo. Es un error ver estas agresiones como actos espontáneos y casuales. Esto se da en el marco de un plan, que a veces tiene este tipos de desbordes, pero que no se pueden comprender sin el avance que estos sectores están promoviendo con una prédica cada vez más agresiva”. Le pido a Amaya que identifique a esos sectores, ante lo que afirma: “Obviamente debo mencionar -incluso por mi pertenencia sectorial- a la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), que desde 2008 cambió su política respecto a las propuestas progresistas. Eso nos quedó claro en la mesa de negociación, pero además no permite la organización gremial en sus establecimientos. No es casual que la organización sindical que tenemos en el sector arrocero se concentre en empresas que están por fuera de la ACA”. Naturalmente, la lista de explotadores la encabeza, como es tradicional, la Asociación Rural (ARU), pero también en esa dirección se alinea la Federación Rural (FR). Rodríguez acota que “la que hace la diferencia es la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y eso lo ha demostrado en la mesa de negociación. A eso contribuyen las condiciones de trabajo del sector, que se maneja a otra escala y tiene otro tipo de relacionamiento con los trabajadores. En muchos casos, la gestión es familiar o de autoempleo y eso también es un diferencial. Pero el sector lechero es una excepción. Las gremiales de productores rurales más importantes están alineadas en la postura que referimos antes. Luego, los representantes de la Unatra hablaron de la asimetría de la lucha que están dando, de las dificultades que tienen para la organización en el medio rural, de sus limitaciones y del poder del adversario, de su relacionamiento con las autoridades nacionales y con la central obrera, y de los cambios que se han producido en el medio rural, que no se limitan a lo productivo, sino que afectan toda la configuración de la sociedad, incluida la reconfiguración de conceptos como el de oligarquía, que en su forma y gerenciamiento han cambiado radicalmente. La asimetría de la confrontación Amaya relata que “el relacionamiento con la central nos cuesta un poco. Tal vez por nuestras propias limitaciones o por participar de las generales de la ley del hombre del medio rural, medio arisco y desconfiado. Nos cuesta participar de ciertas formalidades”. Pero a eso se agregan “las dificultades para la organización en el medio rural. Primero, porque el sector empresarial tiene una organización a la que destina muchos recursos. Eso es algo que para nosotros -en la coyuntura actual- es muy difícil de contrarrestar. Se ha generado entre los trabajadores rurales un temor a defender sus derechos y eso los hace reacios a organizarse”. “Otro tema que pesa mucho es el nivel de aislamiento que hay a nivel del territorio, que no tiene el mismo efecto para los trabajadores que para quienes están subsidiados, porque se entiende que manejan un sector que genera riqueza y fuentes de trabajo, pero no se les pide a cambio ninguna contrapartida y eso aumenta la disparidad de fuerzas. Es mucho lo que hemos logrado con la ley de ocho horas, con la legislación laboral aprobada en la última década, pero para nosotros resulta muy difícil exigir su aplicación plena. Carecemos de herramientas para revertir esta situación. A veces sentimos que vamos a la paliza armados con un tenedor”. En esas condiciones son usuales los bajos salarios, las condiciones deplorables de vida, de trabajo y el desempleo: “El tema del desempleo no sólo es una variable de la economía, sino que es también producto de las listas negras, del chantaje que se realiza con el trabajo y que se ejerce sobre todo aquel que quiera organizarse. A eso también se suma la represión a la familia del damnificado. Como solución a eso hemos tratado de potenciar el autoempleo, pero eso también es muy dificultoso. Exige mucho esfuerzo para obtener poco beneficio”. Respecto a las sanciones que aplican las inspecciones del MTSS a quienes contravengan las condiciones de trabajo, Amaya explica: “En principio no dan mucho resultado. No sólo porque su monto es irrisorio para las grandes empresas, sino también porque se trata de un problema de poder. ¿Cómo se puede comprender, si no, que una empresa prefiera pagar una multa de 15.000 pesos antes de poner una protección a un cardán de una toma de fuerza? Es un plástico que no vale más de 1.000 pesos. Pero prefieren pagar la multa antes que ponerlo. Es una forma de decir: ‘Habrá las leyes que se les ocurran, pero de la portera para adentro mando yo’. Esas cosas, que son de todos los días, tenemos que tenerlas en cuenta para que los derechos sancionados por la ley sean efectivamente respetados”. Un entramado perverso César Rodríguez introduce el tema de las sociedades del interior profundo en la explicación del fenómeno: “En el interior, en las localidades chicas, hay un complejo entramado de intereses socioeconómicos. Este entramado involucra a productores grandes y a otros que no lo son tanto. Permea toda la sociedad, porque el poder de los empresarios genera publicidad, espacios en radio y televisión, circula a través del mercado, afecta las relaciones interpersonales. En una palabra, atraviesa todo y crea una acostumbramiento”. “En el interior el periodismo tiene un papel muy importante porque la prensa local es el principal referente no sólo para formarse opinión sobre los temas, sino meramente para verificar si estos acontecieron o no. En las pequeñas ciudades del interior sucede lo que dice la radio local. En ese marco, las noticias de este tipo quedan sumergidas o pasan desapercibidas. En ese sentido este caso fue excepcional, porque se transversalizó, se les fue de las manos, dejó al desnudo lo que es habitual. A menudo van más lejos en el bloqueo. Como Unatra, nos ha sucedido que se ha negado lisa y llanamente el acceso a espacios pagados. Concretamente, en 2009, una emisora AM de Tacuarembó se negó a difundir un comunicado nuestro en el cual respondíamos a ciertas declaraciones de Lacalle Pou que nos involucraban. Esto en algunos lugares se sigue manteniendo. Ayer nomás me llamaban medios de prensa locales, algunos preguntándome si la golpiza a Leites había realmente acontecido, y otros deslizando equívocos sobre las verdaderas razones del abuso. Esto cuando ya había denuncia ante la Policía y la Justicia, fotografías y expedientes médicos que certificaban las lesiones. En una ciudad chica, cuando no pueden invisibilizar los hechos, los distorsionan”. “Por eso es muy importante que por una vez, con la golpiza que recibió este compañero y su denuncia, se haya abierto una brecha y el tema se les haya ido de las manos. Porque antes de golpear con el rebenque, chantajean, sobornan intimidan… Pero esto se les salió del libreto por la intemperancia de estos individuos, que sobrepasaron los límites y por la indignación que provocó la denuncia de una situación que para nosotros es habitual”. “Al mismo tiempo, nos planteamos una dualidad. Por un lado, quisiéramos que este atropello nunca se hubiera producido, pero a su vez tenemos la certidumbre de que este impacto en la opinión pública tiene que instalarse en la mesa de desarrollo, en los plenarios interdepartamentales, en las comisiones de vivienda, en los barrios”. La sistematización de la barbarie Marcelo Amaya insiste con la acentuación, la progresividad y el carácter sistemático de esta barbarie: “A menudo sentimos que no se nos comprende. Todo nos cuesta mucho. En algunos territorios no podemos organizar los plenarios porque vivimos apagando incendios. Y a su vez entendemos -y en eso nos sentimos incomprendidos- que es en estos territorios en los que se ha recluido una visión de avanzada de los neoliberales. Nos plantean un combate feroz porque tienen bien claro que no se puede permitir la existencia de ese primer escalón, donde la gente se organiza”. “Si nosotros un año atrás hubiéramos advertido que hechos como este se producirían, nos habrían dicho que estábamos locos. Pero no ocurrió antes porque a menudo los trabajadores agachan la cabeza cuando la ven venir. Quizás si este trabajador hubiera osado defenderse de la agresión del capataz, no habría contado el cuento, y eso también se habría naturalizado”. La trama de la opresión “Otro tema a tener en cuenta -expresa Amaya- es la connivencia de otros sectores con los abusos de las patronales rurales. Uno de ellos es el de los técnicos, un segmento que va desde los asesores de producción a los médicos y el personal de la salud. Hemos tenido muchos casos en que los compañeros han tenido accidentes laborales y ellos no los certifican. Es una suma de poderes. Una gran trama”. Respecto a lo que ha significado la ley de ocho horas y la legislación laboral en general para los trabajadores rurales, Amaya dice: “En los lugares en los que efectivamente se las puede aplicar han cambiado mucho las cosas. En el sector arrocero, al que pertenezco, se respeta la jornada laboral y se pagan las horas extras. Tenemos sí problemas con el 321 [decreto referido a accidentes laborales y enfermedades profesionales], pero la nueva legislación laboral ha cambiado las condiciones. Se ha dignificado el trabajo”. “Esto es decir mucho en un país donde los jóvenes no quieren ir a trabajar al campo. Incluso aquellos que tienen esa cultura no van o intentan emigrar, porque saben que van a tener que enfrentarse a este tipo de situaciones. Tampoco ven el autoempleo como salida, porque todo es sacrificado, porque no tiene herramientas ni líneas de financiamiento. La única salida puede ser la construcción, en la que basta con trabajar y cuidar el empleo, con el respaldo de un sindicato fuerte. O el sueño del empleo público, que en el interior es un tema más complejo y exige otros vínculos”. “Por esa suma de razones, la legislación laboral ha dignificado a aquellos que no tienen otra cosa en qué trabajar en el medio rural. Porque además es una población envejecida, acostumbrada a la precariedad laboral y a los abusos. A esos sí les cambia la vida la ley de ocho horas, la obligatoriedad de que se les proporcionen condiciones dignas de trabajo, de vivienda. Por eso, remarco, allí donde se puede aplicar, la legislación laboral dignifica”. “Pero hay un punto que no quiero dejar al margen. A los que tienen en el punto de mira, en el medio rural, son los jóvenes. Los empresarios están envalentonados y al joven que intente organizarse inmediatamente lo despiden y le hacen la vida imposible. Tienen claro que lo que genera conciencia es la organización y la integración a la lucha. Por eso les impiden integrarse. En el medio rural, ese procedimiento es sistemático”. En relación con el involucramiento de las intendencias en los temas laborales y las infracciones a la legislación, Amaya respondió: “Aparentemente pretenden demostrar que se mantienen al margen, que no se involucran. Pero a menudo los defensores o representantes de las empresas son asesores de las intendencias. Eso ocurrió en casos como los de Tarán, de Arrozal 33, en los que esos abogados hicieron una denuncia penal a un trabajador por haber sacado una selfie junto a 20 compañeros para mostrar las pésimas condiciones en las que trabajaban. Y eran asesores de la intendencia. No en vano no cambian los gobiernos en esos territorios. Están habituados a prenderle una vela a cada santo”. Luego, pregunto a los sindicalistas de la Unatra si se ha reconfigurado la composición de los poderes dominantes en el medio rural con las nuevas técnicas de producción y la concentración y extranjerización de la tierra. Rodríguez contesta afirmativamente, pero antes hace una precisión: “No podemos dejar de mencionar al respecto al Instituto Nacional de Colonización [INC]. Lo visualizamos como nuestro principal aliado y como la única herramienta que tenemos para hacer un contrapeso a la concentración y extranjerización de la tierra. A través del INC hemos podido tener acceso a tierra y desarrollar diversidad de emprendimientos productivos para aliviar el desempleo y las exclusiones dispuestas por las listas negras”. La nueva capatacía Acto seguido, Amaya se refiere a los nuevos gerenciadores: “Ya los represores no son los oligarcas de antes, que a pesar de su arbitrariedad sabían lo que significa el trabajo duro y por eso tenían ciertas contemplaciones con el peón rural. Hoy la nueva capatacía viene de los centros de formación. Son los que han sido modelados para esa función por la formación -principalmente la académica- y en general (lo comprobamos día a día en el campo) aportan poco o nada a la producción, simplemente siguen una planificación que les fue asignada por sus mandantes. No importa si la empresa es nacional o multinacional. Los gerenciadores son los mismos. Y esta nueva capatacía es tanto o más represora que los oligarcas tradicionales”. “Por otra parte, les cuestan muy baratos. Se conforman con una 4×4 y un sueldito de 30.000 pesos. A cambio de eso enajenan los recursos, el trabajo y la importancia que tienen para la economía del país. Claro, además de todo eso los ensoberbecen con la ilusión de un poder que en realidad no tienen. Son una pura construcción del verdadero poder, que está por encima de ellos. Pero no podemos quejarnos demasiado. Les dimos las herramientas y ellos las han aprovechado”. “En esos centros de formación prácticamente han desaparecido orientaciones que no son funcionales al poder, como la granja, la producción familiar, la hortifruticultura. Todo se reduce a formar gerenciadores funcionales a los intereses del agronegocio. Por eso -y esto aún es muy incipiente-, estamos procurando abrir espacios para la formación de otro tipo de técnicos y trabajadores, con otro concepto de la producción, de las relaciones que en ella se establecen, con otro concepto del ser humano, en suma. Pero reitero que eso aún es una iniciativa muy incipiente”. Los indignados El pasado miércoles 27 de setiembre, más de 200 personas, convocadas por la central sindical, gremios estudiantiles y militantes de la organización de ex presos políticos (Crysol) y por la propia Unatra, se dieron cita ante la casa de Ernesto Estévez, el productor rural en cuyo establecimiento se produjo la agresión al peón Hugo Leites. El mismo fue citado por la sede judicial de Salto. Su esposa lo acompañó como testigo, sosteniendo un careo con Paolo Rodríguez, el capataz que lo barbarizó. El peón declaró hasta altas horas de la noche. Entre otras diligencias, el juez a cargo del caso ordenó una reconstrucción de los hechos, una pericia psiquiátrica del capataz denunciado y la incautación del rebenque y el cuchillo utilizados por los agresores. Finalmente, la audiencia debió ser suspendida, ya que la esposa de Leites sufrió una descompensación, por lo que debió ser trasladada a una mutualista del departamento para ser atendida. El norte también existe Esta transversalización del impacto de la golpiza recibida por Hugo Leites por reclamar sus derechos trascendió el ámbito local, se nacionalizó y generó una indignación que permitió que de manera casi espontánea la gente se movilizara. Seguramente que esto dará impulso a la organización gremial de los trabajadores rurales, pero para que la dimensión nacional que adquirió el hecho se materialice y dimensione adecuadamente, es preciso que desde el sur (y particularmente desde el Pit-Cnt) se administre adecuadamente esa oleada de insurgencia ante la injusticia. Tanto económicamente como socialmente, el sur es deudor del norte. En los 60, los condenados de la tierra tuvieron que marchar sobre Montevideo para mostrar su desnudez, su miseria y su rebeldía. Tal vez sea hora de tomar el camino inverso y enfrentar a un sector social prepotente y arbitrario cuyo poder está avanzando y que tiene una agenda restauradora muy bien articulada y para la que cuenta con inmensos recursos. Quienes tienen la investidura que los trabajadores les han conferido están al frente de ese compromiso. Es de esperar que la respuesta vaya más allá de las meras gestualidades. Comunicado de la Unatra Tacuarembó, lunes 25 de setiembre de 2017.
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- La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines lamenta informar que en pleno siglo XXI, en la tarde de ayer, en estancia Flor de Ceibo, en la localidad de Estación Itapebí, Salto, el trabajador rural Hugo Antonio Leites Iglesia, tras reclamar por jornadas de trabajo de 14 horas diarias, fue brutalmente agredido por el capataz del establecimiento y amenazado por el dueño de mencionado lugar, como consta en la denuncia hecha ante la Justicia.
- Expresamos nuestro más enérgico repudio a estas prácticas medievales que constituyen un régimen de semiesclavitud.
- Hacemos un llamado a todas las ramas de actividad organizadas y nucleadas en el Pit-Cnt a coordinar medidas de rechazo absoluto a estos hechos.
Estos vienen sucediéndose periódicamente y pisotean no sólo derechos conquistados por los trabajadores, pero, peor aún, la dignidad de los más humildes. Agradecemos la más amplia difusión por todos los medios disponibles. Marcelo Amaya – César Rodríguez Dirección Nacional Unatra / Pit-Cnt