¿Es buena una Renta Básica Universal?

Si Uruguay aplicara una Renta Básica Universal (RBU), todos los habitantes del país percibirían un ingreso económico sin condiciones de ningún tipo, ni siquiera de edad. Tan sólo por el hecho de existir y vivir en territorio nacional. De acuerdo a un simulador construido por la OPP, esa utopía de salario  universal costaría alrededor de 30 puntos del PIB si el monto de la Renta alcanzara los 12.000 pesos mensuales, donde se ubica la línea de pobreza, o entre 7 y 8 puntos del PIB si el valor de la renta se estableciera en los 3.000 pesos al mes necesarios para comer. El simulador de la OPP tiene la virtud de la simplicidad porque está construido con reglas de tres. En una hoja de cálculos los técnicos de la repartición multiplicaron 12.000 pesos (“línea de pobreza”)  por 12 meses por el número de habitantes y vieron cuánto representaba eso del PIB. Tomaron nota. Luego hicieron lo mismo, pero suponiendo un monto de renta más humilde: 3.000 pesos (“línea de indigencia”). Cuando tuvieron claro el dolor fiscal, lo subieron a internet “para calificar el debate” y ayudar a que el sistema político y la sociedad discutan el tema, pero con “menos guitarra” y “más ciencia”.  Una forma poco elegante de bombear el proyecto. Pero esclarecedora del pensamiento posibilista. Días atrás la diputada Lilián Galán del MPP presentó un proyecto de ley que prevé la implementación  progresiva de una RBU que comenzaría por los menores de 18 años y se financiaría con el dinero recaudado por proyectos eventuales de minería de gran porte. Para los patrocinantes del proyecto, la RBU representa a la “democracia social” lo mismo que el sufragio universal representa para la “democracia política”. Mientras tanto, esta semana el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, visitó nuestro país y no se privó de advertir sobre los efectos sociales perniciosos que podría suponer “desconectar por completo los ingresos personales del acto de trabajar”. Una expresión en sintonía con el pensamiento del ministro Ernesto Murro, que hace pocos meses afirmó: “Estamos dispuestos a pensar para Uruguay en una renta básica con trabajo, porque el trabajo es esencial para una persona”. Con este panorama conviene desatender un poco la exhortación de la OPP y analizar el tema desenfundando la “guitarra” del pensamiento y envainando “la ciencia” de las reglas de cálculo. Partamos de la base de que acá tenemos un par de problemas que se deben tener presentes: en Uruguay hay menos puestos de trabajo que gente en edad y con disposición de trabajar. No es un problema circunstancial, es una característica de nuestro capitalismo periférico. Así es siempre, incluso en la mejor temporada económica o con los mejores gobernantes: por lo bajo, nos quedan estructuralmente más de 100.000 personas desempleadas, y la pobreza, aun cuando ha disminuido mucho, es bastante importante todavía, sobre todo entre los niños y los adolescentes. Hoy más de 300.000 uruguayos son pobres medidos por sus ingresos y casi la mitad  de esos pobres son menores de 18 años. Es interesante la advertencia de Ryder sobre el peligro de desconectar el ingreso económico del acto de trabajar. Pero para tomar en cuenta los efectos perniciosos que podría tener la Renta Básica sobre la cultura, es necesario primero desconectar la supervivencia del ingreso. En nuestro país el trabajo no está garantizado. De hecho, lo que está garantizado es que no todos tengan trabajo. Mientras tanto, la vida es un derecho por el que el Estado debe velar. Si la vida es un derecho de todos, y hay un déficit sostenido de puestos de trabajo en relación a la población económicamente activa, entonces no queda otra: para garantizar el derecho a la vida, hay que desconectar la supervivencia del acto de trabajar. Este fenómeno, además, puede ser cada vez peor si el cambio tecnológico asociado con la robotización viene acompañado de la pérdida de fuentes de trabajo en el corto o mediano plazo, cuando diversas tareas más o menos especializadas que hoy hacen personas sean realizadas por máquinas, sin creación de nuevas de formas de trabajo humano. La polémica sobre los detalles de un proyecto de este tipo no debe anteponerse a la discusión ideológica sobre su pertinencia y su finalidad, porque la Renta Básica Universal puede ser impulsada tanto por derecha como por izquierda, con un nombre similar pero objetivos bien distintos que se revelan en su instrumentación. Desde una perspectiva ultraliberal más propia de un salvaje discípulo de Von Hayek, la RBU puede ser el camino hasta para cerrar el Estado y destruir la noción de la función social del trabajo que tenemos: le dan un voucher a cada individuo y que la gente se maneje. Con el discurso de un mínimo sustento asegurado, se terminan las políticas públicas, los sistemas de seguridad social y los derechos laborales. Pero la implementación puede ser bien distinta e ir de la mano de cambios en las estructura tributaria que permitan utilizar el instrumento de la RBU para redistribuir riqueza y para garantizar y satisfacer el derecho a la subsistencia de todas las personas, sin desmantelar las otras formas que tiene el Estado de asegurar derechos a la sociedad, como la educación, la salud pública y el sistema previsional. Al día de hoy parece un sueño lejano la posibilidad de alcanzar una RBU significativa que deje a todos los uruguayos por encima de la línea de pobreza. Pero un diseño progresivo, que podría comenzar por la generalización incondicional de la asignaciones a los menores de 18 años, por el hecho de ser, como funciona en los países nórdicos, es seguramente posible y sentaría la base para un instrumento que a largo plazo podría ser universal y significativo. No sabemos si progresará esta discusión, pero es muy saludable que estemos abordando este tipo de cosas. Es una prueba más de que Uruguay se ha desenganchado del contexto. Por estos mismos días en los que ingresa en nuestro parlamento un proyecto tímido, pero real de Renta Básica Universal, en Argentina o en Brasil los trabajadores enfrentan reformas que retrotraen las relaciones laborales 100 años y son obligados a aceptar congelamientos del salario, reducción de derecho, tarifazos y ajustes monstruosos, mientras los ricos se la llevan en pala.