El segundo artículo establece que «se considera que la familia no tiene posibilidad de acceder a una alternativa habitacional decorosa para sí y las personas con las que conviva cuando el Estado no le otorgue o le vaya a otorgar una alternativa a través de los programas de realojo».
El Frente Amplio no es mayoría en el Parlamento y con los votos de Cabildo Abierto podría aprobarse el proyecto sin necesidad de que los demás partidos de la coalición de gobierno lo apoyen.
El tema esta arriba de la mesa debido a que varias familias del asentamiento Nuevo Comeinzo de Santa Catalina, tiene el lanzamiento para el 15 de abril.
El pasado 1° de febrero, el abogado Juan Ceretta, abogado y director de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, recibió una carta desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la cual se ordenaba al gobierno de Luis Lacalle Pou y a la Justicia detener el desalojo del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado al oeste de Montevideo.
En la carta la ONU pide al gobierno frenar la expulsión de los habitantes de este asentamiento o bien proporcionar alternativas de vivienda dignas para ellos.
El 10 de marzo, el abogado Ceretta volvió a comunicarse con el comité de la ONU para informarles que el gobierno hace caso omiso a la intimación y mantiene en pie el desalojo para el próximo 15 de abril.
