Carlos Negro: “Las dificultades en Fiscalía son lógicas de un cambio tan profundo”

En su último turno al frente de la Fiscalía de Flagrancia, el fiscal Carlos Negro recibió unas 60 llamadas de la Policía. De todos esos casos se tramitaron seis: tres fueron derivados a la Fiscalía de Delitos Sexuales o Violencia Doméstica y otros tres fueron formalizados. En este marco, Negro afirmó que la consagración del sistema acusatorio implicó un incremento esperado en el trabajo de los fiscales y dificultades lógicas en la tarea, pero que aún es muy arriesgado y prematuro para hacer un diagnóstico profundo de la implementación del sistema. En este sentido, Negro aseguró -en entrevista con Caras y Caretas Portal – que los fiscales están sintiendo “el rigor de la investigación”, ya que en el sistema acusatorio cambia su tarea y le agega actividades, como la tarea de investigación del delito y el impulso procesal de la indagatoria. “Es cuestión de procesar esos cambios”, afirmó Negro. Asimismo, el fiscal valoró que existieron cambios positivos, entre ellos, el fin del tándem entre el juez y fiscal -común en el sistema inquisitivo- y que suponía un perjuicio para el imputado. Tras el cambio del sistema, los jueces “cambiaron radicalmente su forma de trabajar y se han puesto la camiseta de la imparcialidad”. “los jueces están sumamente celosos de las garantías -como debe ser- y puestos en el rol de juzgadores imparciales […] Ya ese cambio produce un panorama alentador”, expresó Negro. ¿Cómo evalúa estas primeras semanas de implementación del Código del Proceso Penal (CPP), en particular en el área de Flagrancia? Me parece que hacer una evaluación a tan pocos días de implementado de este CPP es un poco arriesgado. Lo cuestiono en quiénes pretenden hacer este tipo de diagnóstico, entonces quiero cuidarme de no caer en lo mismo; se pueden destacar algunas cuestiones que me llamaron la atención -para bien- y las cuestiones de implementación que han surgido como dificultades son bastantes lógicas en un período de implementación de un cambio de estas características. Pero hacer un balance en positivo o en negativo es, por lo pronto, demasiado arriesgado. ¿Cuáles serían esas “dificultades lógicas” que usted encontró en este proceso? Por ejemplo, en un ámbito académico, en el Colectivo de Reforma Procesal -que está integrado por los abogados Martín Sbrocca, Martín Fernández, Pedro Laporte, la jueza Beatriz Larrieu y quien habla- hemos salido al interior y discutido estos temas, y ya vislumbrábamos las dificultades que se podían presentar. Siempre dijimos que de todas las instituciones que integran el sistema de Justicia el Ministerio Público (MP) es la que siente más los cambios. Por ejemplo, los jueces ven reducidas sus actividades, ya que se les quita toda la parte de investigación y de impulso procesal; tienen un trabajo cualitativamente distinto, pero cuantitativamente se le sacan tareas; los defensores tienen más herramientas y se renueva su forma de trabajar, pero siguen ejerciendo su tarea de defensa, que es su tarea principal; pero el MP cambia su tarea y se le suman actividades, es decir, toda la parte de la investigación y la parte del impulso procesal. Decía (Alberto) Binder que si todos los demás actores giran 180º, el MP da un triple salto mortal. Binder es un profesor que ha testeado más de veinte reformas en América Latina y decía que los problemas se iban a dar en el MP. Y en el MP se están dando, porque se están procesando cambios que son demasiado fuertes para que no tengan ningún tipo de dificultades. Las dificultades son lógicas. La Asociación de Fiscales denuncia inconvenientes en el sistema informático (Sippau) o referidos a los plazos en qué se deben tramitar los procesos y las investigaciones. ¿Usted sufrió estos inconvenientes? Lo que pasa es que ahora (los fiscales) estamos sintiendo el rigor de la investigación. Ahí está el tema. Lo que antes hacía el juez y nosotros acompañábamos, pero siempre con la responsabilidad del juez, cambio y ahora la responsabilidad la tenemos nosotros. A la investigación le sumamos la atención a las víctimas. El MP, antes era un lugar silencioso; las sedes de las Fiscalías Penales eran un lugar silencioso, dónde no había gente extraña salvo la presencia de algún abogado, donde siempre eramos los mismos compañeros de trabajo y colegas, ahora es un shopping. Hay gente por todos lados: niños que juegan en salas de víctimas, mujeres que vienen a denunciar y a buscar protección, hay denunciantes, hay testigos. Se ha convertido en un lugar absolutamente distinto al que la cabeza del fiscal estaba acostumbrado como lugar de trabajo. Todo eso cambio en un día. ¿Cómo no va a haber dificultades? Tengo 24 horas para hacer una investigación cuando antes había un responsable que era el juez, un séquito de receptores -que tomaban declaración por el juez- y venía el fiscal que hacía el dictamen, que en un caso sencillo no llevaba 20 minutos. Ahora todo el trabajo previo que hacia el Juzgado lo tiene que hacer el fiscal y su equipo. Eso es lo que estamos sintiendo: el rigor de la investigación en plazos breves. Pero hay que recordar que son los mismos plazos, porque son los de la Constitución de la República, esos plazos no cambiaron. También está la atención a la Policía y las llamadas por teléfono. Antes la Policía trabajaba para los jueces, ahora trabaja para nosotros. Tener a todo el cuerpo policial dependiendo de las órdenes de un fiscal obviamente que se siente. Es cuestión de procesar esos cambios. Binder también decía que la reforma no se hará en dos años, sino en cinco o seis años para que se asiente y muchísimos años más para que empiece a ser parte de la cultura jurídica nacional. Me parece que estamos un poco apurado para presentar dificultades y diagnósticos; me parece que se está siendo poco cauteloso y poco ponderado. ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted ha visto en estas semanas? Están desde las situaciones más macro hasta las más micro. En lo macro, por ejemplo, había un temor de que al implementarse la reforma los jueces y los fiscales siguieran bajo la dinámica del sistema inquisitivo; en el viejo sistema, el tándem tan cuestionado entre juez y fiscal se daba naturalmente, y la defensa quedaba por fuera, terminaba siendo el convidado de piedra. Había temor que esa matriz cultural-procesal se repitiera en el sistema acusatorio, con el agravante que ahora la carga de la investigación la tenía el fiscal, porque las personas son las mismas y quienes trabajamos ahora trabajábamos hace quince días en el otro sistema y constituíamos esos tándem (que por suerte lo terminamos hablando, nos dejamos de hipocresías y en la última etapa ya se decía libremente y lo que era una herejía ya estaba aceptado). Con el sistema acusatorio, gratamente, advierto que los jueces cambiaron radicalmente su forma de trabajar y se han puesto la camiseta de la imparcialidad. Por lo que he visto en las audiencias y lo que he conversado en el ámbito de los Juzgados, los jueces están sumamente celosos de las garantías -como debe ser- y puestos en el rol de juzgadores imparciales. Y estoy hablando de jueces de Montevideo, que tienen muchos años de experiencia en el otro sistema. Ya ese cambio produce un panorama alentador. También pude apreciar en las partes -los defensores y la Fiscalía-, por lo menos en el área de Flagrancia, una vocación de acuerdos. Antes de la implementación, en las discusiones teóricas y en las salidas de este Colectivo de Reforma, veíamos que había serios reparos a lo que se denomina la Justicia negociada, sobre todo, a la negociación de los procesos abreviados y de la suspensión condicional del proceso. Se decía que eso no era posible, que era inconstitucional. El 1º de noviembre, fiscales y defensores salieron corriendo uno a buscar al otro, para sentarse a negociar. Casi todos los casos que se han dado en Flagrancia han terminado en algún tipo de acuerdo. Eso demuestra también que los viejos operadores, que nos mirábamos con desconfianza hasta el 1º de noviembre -porque teníamos roles distintos- ahora nos vemos las caras en las audiencias y estamos aprendiendo a confiar entre nosotros. Confiar de que si uno promete su palabra, la tiene que cumplir; que si digo que si voy a pedir determinada pena si no llego a un acuerdo es la pena que efectivamente voy a pedir en el juicio. ¿Esos acuerdos se produjeron con los representantes de la Defensoría Pública o también con abogados particulares? Cómo era de esperar en Flagrancia -que son los casos en qué la Policía detiene a los responsables en el momento en que se comete el delito o instantes después que se comete el delito-, la gran carga de trabajo la tiene la Defensoría Pública. Históricamente, la Defensoría Pública tiene el 90% de la representación de los imputados que llegan al sistema penal y es lógico que en estos primeros 15 días haya habido pocos defensores particulares, pero es el mismo promedio de siempre. Muchos defensores particulares aún no han trabajado en el nuevo sistema. La Defensoría Pública, que es la más entrenada por carga de trabajo en la parte procesal penal se ha manifestado muy organizada -había mucho temor por el trabajo de la Defensoría Pública, por la falta de recursos humanos-, pero realmente están muy organizados y muy consustanciados con su tarea. Se los ve contento con el nuevo sistema porque trabajan cumpliendo su rol de defensores y no en un sistema como el anterior en qué estaban prácticamente relegados a un segundo plano, donde todo terminaba siendo patrimonio de la Fiscalía y del juez. Se dice que los acuerdos del proceso abreviado se terminan realizando en base a los informes policiales y que no se puede investigar concretamente que los hechos sean como se señala. Estamos hablando de casos de Flagrancia. Antes los jueces detenían telefónicamente, esa era la semiplena prueba. Ellos mismos ordenaban la detención y ellos mismos controlaban si la detención se ajustaba a los parámetros legales o no. Ahora los jueces controlan la detención que ordena otro, el fiscal. Esos mismos jueces están estableciendo estándares de control de garantías superiores a los estándares anteriores y eso es lógico que pase, porque ahora están controlando a otro sujeto y no a ellos mismos. Las detenciones en flagrancia no son más que el fiscal ordena que se detenga, sino que debo pedir una orden de detención al juez, que la controla si la otorga o no. Lo que carga el sistema de audiencias son los delitos flagrantes, y esos delitos están cuasi probados. La evidencia recogida por la Fiscalía es muy grande, porque los funcionarios policiales aprehendieron al sujeto cuando estaba cometiendo el hecho. Con la declaración de los funcionarios policiales que intervinieron o los ciudadanos que vieron a la persona, ya es una evidencia bastante contundente. En el caso de la flagrancia, no amerita, en general, otro tipo de investigación. Son investigaciones sencillas, a lo que se suma que la Policía depende directamente de los fiscales, la Policía trabaja para el fiscal, bajo la responsabilidad del fiscal. Si la declaración la toma el fiscal o el policía no cambia sustancialmente, porque el policía toma la declaración por delegación del fiscal y hace firmar a la persona que declara. Si la víctima declara en la Seccional, leyó y firmó el acta, ¿qué cambia que la declaración se haga en la Fiscalía? Si está incompleta podremos pedir una ampliación, pero ¿por qué el fiscal tiene que someter a la víctima a una nueva espera, a un nuevo traslado, si tiene una declaración firmada en un acta recogida por un funcionario público? No está mal que los fiscales actuemos con la evidencia que llega de la Policía, porque es la principal evidencia que se recoge en la flagrancia. En otros delitos, no. En delitos que tienen investigaciones largas, hay otros tipos de evidencia que tienen más peso que una indagatoria policial, pero en la flagrancia la principal herramienta es la indagatoria policial. ¿Cómo ha sido el vínculo con la Policía? Hasta ahora ha sido muy bueno. La Policía ha entendido esta fuerte delegación de funciones que tienen de los fiscales y la comunicación es muy fluida. La Policía quiere tener información de los fiscales y los fiscales quieren tener información de la Policía. Hay un trasiego de información muy importante, que se canaliza por personas responsables, porque no llama un funcionario cualquiera al fiscal, sino que lo hace un funcionario que tiene un nivel de responsabilidad para dar la orden que da el fiscal a otros funcionarios. Al fiscal lo está llamando un oficial. ¿Se presentan denuncian que no ameritan la intervención de la Fiscalía? Si. eso es un tema que hay que depurar y se está trabajando en ello. Se tiene que llamar a los fiscales de Flagrancia por situaciones en donde hay detenidos.