Caso Ancap: Los imputados y sus descargos

Tras analizar las diez piezas y más de 30.000 fojas del expediente, el fiscal Luis Pacheco solicitó el procesamiento sin prisión del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic y de cuatro exdirectores de Ancap, José Coya (presidente), Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro, por su participación en presuntos ilícitos durante la gestión del ente petrolero. La Fiscalía focalizó la imputación contra los ex jerarcas en dos de la decena de hechos denunciados por la oposición: los acuerdos con Trafigura (para la refinación de petróleo de Petroecuador) y con Exor International (para la gestión de cancelación de la deuda con Petróleos de Venezuela SA -Pdvsa- entre los años 2010 y 2014). Argumentó que la contratación de ambas empresas se realizó sin licitación, lo que implicó un acto arbitrario y un perjuicio para la administración; por eso, les imputó el delito de “abuso innominado de funciones”. En el primer caso, Pacheco valoró que Ancap introdujo a una empresa privada como Trafigura –uno de los mayores traders petroleros del mundo- en un negocio millonario con otra empresa estatal, “en una posición extremadamente ventajosa”, sin participar en procesos competitivos ni en Uruguay ni en Ecuador. “Si bien Ancap obtuvo un beneficio económico [unos 6 millones de dólares], fueron abrumadoramente superiores los beneficios obtenidos por Trafigura [unos 200 millones de dólares]”. En el segundo caso, el fiscal valoró que la operativa de cancelación de deuda generó un beneficio económico para el ente, ya que permitió ahorrar unos 300 millones de dólares. Pero la elección de la empresa se hizo sin licitación, pese a que existían otras empresas –nacionales e internacionales- interesadas en concretar esa ingeniería financiera; el fiscal consideró que la participación de Exor fue promovida por Ancap -deudor- y no por Pdvsa –acreedor-. En este marco, la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso la citación de los cincos ex directores -así como de cuatro gerentes y funcionarios del ente petrolero imputados por otros hechos- para audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP 1980). Todos deberán declarar ante la Sede entre el martes 10 y el viernes 13, salvo Riet y Gómez cuya defensa presentó una excepción de inconstitucionalidad contra el delito imputado por Fiscalía. En esa instancia, los imputados podrán presentar sus últimos descargos con el objetivo de rebatir el dictamen de la Fiscalía. Pero todos ellos ya pregonaron por su inocencia y la licitud de sus actos. Al declarar ante la Sede, dijeron que los contratos tenía el aval del Departamento de Jurídica de Ancap, que se respetaron las normas del Tocaf, que en estos casos no era necesario llamar a licitación y que ambos negocios generaron ganancias para el ente. Las respuestas El segundo semestre de 2017 fue un período clave en el proceso penal sobre presuntos ilícitos en Ancap: la jueza Larrieu y el fiscal Pacheco interrogaron a once directores y exdirectores sobre las denuncias presentadas por la oposición. Los últimos en declarar fueron Coya y Sendic, quienes defendieron las acciones adoptadas durante la gestión, incluido los negocios con Trafigura y Exor. En efecto, Sendic dijo que el contrato entre Petroecuador y Ancap se firmó en enero de 2010 -cuando él era ministro de Industria, Energía y Minería- y que se ratificó recién en agosto, ya que el mismo debía ser protocolizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador “y hubo una demora”. Pero desde un principio ese acuerdo incluía la participación de Trafigura. Según Sendic, el contrato establecía que el petróleo sería refinado en la planta de La Teja o dónde Ancap indicara, salvo en Chile y en Perú, y que no existió engaño a las autoridades ecuatorianas: el petróleo ecuatoriano se exporta en barcos de la propia flota nacional de ese país, por lo que todas las partes (Petroecuador, Ancap y Trafigura) sabían el destino del petróleo –sólo 712.000 barriles llegaron a la planta de La Teja-. Afirmó que el contrato se cumplió en forma correcta y generó ganancias para Ancap, pero en diciembre de 2011 se decidió rescindirlo por las expresiones públicas del ex presidente de Ecuador Rafael Correa -quien cuestionó la intervención de Trafigura en el negocio- y porque la planta de La Teja ingresaba en un receso por mantenimiento. “Petroecuador insistía en sostenerlo”, dijo Sendic. Sobre Exor, Sendic admitió que mantuvo una reunión con sus representantes en Uruguay, en la cual se le presentó una propuesta de cancelación de la deuda con Pdvsa mediante la conformación de un fideicomiso. Pero insistió que la empresa fue elegida por Pdvsa, y que fue esta la que, más tarde, decidió excluirla del negocio. “Teníamos la oportunidad de un negocio que nos permitía un ahorro de 300 millones de dólares. […] La única participación de Ancap era depositar el dinero y retirar los pagarés, por lo tanto no pensamos que era adecuado aferrarnos a un intermediario. [….] Nosotros no teníamos ninguna vinculación con Exor”, declaró. Un día antes, Coya se había pronunciado en la misma línea. Contó que en 2011, Ancap presentó a Pdvsa una propuesta de cancelación directa de la deuda, que no fue aceptada, ya que Venezuela todavía se financiaba “con la venta a futuro de su petróleo”. En 2012 la situación cambió: Coya y Sendic viajaron a Venezuela para trabajar en una serie de acuerdos comerciales y se encontraron con la propuesta de Exor. De todas las empresas que presentaron propuestas de este estilo, Exor fue la única que consiguió “el consentimiento” de Pdvsa, el acreedor, dijo Coya. Tres meses después, Ancap recibió una carta de Pdvsa en la que se aceptaba la intermediación de Exor, pero finalmente la petrolera venezolana cambió la estrategia y el fideicomiso se concretó a través del Banco del Tesoro de Venezuela. “En ningún momento tuvimos ningún tipo de acuerdo o de contrato parecido con Exor”, enfatizó Coya. Y dijo que no tenía sentido realizar una licitación: “¿Cuál sería el objeto de la licitación? ¿Pedirle a las firmas que lograran el consentimiento de Pdvsa para que Ancap cancelara la deuda?”. La versión del oficialismo El exdirector Juan Gómez explicó que en 2009, Ancap tenía un contrato con Trafigura para abastecer de combustible a UTE en años de sequía, cuando no hay posibilidad de generación hidráulica. Pero ese año fue muy lluvioso y UTE solicitó cancelar los cargamentos, ya que no tenía más lugar para estoquear gasoil. En ese contexto, surge el acuerdo con Petroecuador, que tenía necesidad de derivados por su baja producción de refinados. El contrato con la petrolera ecuatoriana y Trafigura se firmó en enero de 2010 -antes de que él ingresara al Directorio de Ancap- y la primera etapa del acuerdo le permitió a Ancap enviar los cargamentos ya solicitados para UTE -de forma de evitar multas y recargos-, dijo Gómez. En agosto, sin embargo, llegó la propuesta de hacer un “contrato espejo” y fue que allí se enteró que las tareas de intermediación se venían realizando sin contrato. Dijo que avaló el contrato, porque esa situación estaba justificada en una demora del gobierno de Ecuador. “Cuando me interiorice de la situación me informaron que todas esas compras estaban debidamente documentadas y lo que formalmente resolvió el directorio por unanimidad, en agosto o setiembre de 2010, (fue) el contrato por un año con Transfigura para que trabajara en la adquisición de los derivado para hacer frente al convenio con Petroecuador”, expresó. Y apuntó que la operativa estaba avalada por las normas del Tocaf y por el artículo 178 de la Ley 15.903, que habilita a Ancap a realizar el negocio de intermediación. Por su parte, Germán Riet también defendió el acuerdo: “La relación contractual entre Ancap y Trafigura estuvo establecida por fórmulas de contratación; en primer lugar, el intercambio de petróleo crudo por refinados. Por lo que conversé con los abogados de Ancap, entendí que una vez que se firmaron los contratos espejo, fue la culminación perfecta. (Los abogados) nos decían que había otras formas de contratar, incluso la palabra valía y recibir mails solicitando o intercambiando combustibles era una forma de contratar”. Sobre Exor, Gómez reiteró la versión de los expresidentes de Ancap. El ente petrolero procuró una cancelación anticipada directa de la deuda con Pdvsa, lo que fue rechazado, pero posteriormente la petrolera venezolana otorgó un consentimiento para que la ingeniería financiera “se hiciera a través de Exor, sin que ello implicara que Ancap la contratara”: “Era un buen negocio para Ancap porque achicaba deuda sustanciosa (y) era un muy buen negocio para el Estado porque reducía un 4% aproximadamente el déficit fiscal”. El acuerdo fue avalado por todo el directorio y en agosto de 2012 se firmó el pago anticipado de deuda, pero Pdvsa había decidido excluir a Exor. Esto derivó en un litigio civil de Exor contra Ancap que se saldó con un acuerdo transaccional. Este acuerdo se explica por el aumento importante del precio del petróleo, que alcanzó los 120 dólares por barril, que hizo que la deuda con Pdvsa aumentara en forma abultada, en poco tiempo. Sabedor de esta situación, Exor se presentó para analizar una nueva cancelación anticipada. “El presidente de Ancap con esta información le solicitó a Jurídica estudiar este tema, la cual realizó un informe favorable: hacer un acuerdo transaccional y de servicios. Por el transaccional se dejaba de lado todo lo relacionado con juicio y gastos; y por otro lado aparecía una cuestión interesante de una posibilidad de quita aun mayor de la deuda que Ancap tenía”. Este acuerdo fue aprobado por la unanimidad del Directorio, pero no pudo concretarse por razones ajenas a Ancap, ya que en 2015 el Poder Ejecutivo impulsó otro mecanismo de cancelación de deuda con Pdvsa, para favorecer a los productores nacionales que exportaban a Venezuela. Según Gómez, se obtuvo el mismo beneficio, pero sin la participación de Exor, por lo que esta decidió reiniciar el juicio contra Ancap. El opositor imputado Juan Justo Amaro afirmó que el negocio con Trafigura estaba en ejecución antes de su ingreso al Directorio, con cinco embarques realizados, y que el contrato espejo fue firmado con vistas a darle legitimidad a ese proceso, como parte de un acuerdo gobierno a gobierno. En esa instancia, el Directorio recibió un documento con las cláusulas de legalidad del negocio, los reglamentos de Ancap y artículos del Tocaf que permitían la contratación directa, así como el acuerdo político firmado con la petrolera ecuatoriana. “Los miembros de la oposición sólo aprobamos lo actuado por el presidente (Sendic) y ya venía con un aval político para sacarlo adelante”, dijo Amaro. Más allá de esto, Amaro insistió que el negocio era legal y que eso se manifiesta en que Trafigura sigue trabajando en Uruguay y vendiéndole petróleo a Ancap hasta el día de hoy. “Eso me parece que debe ser tenido en cuenta porque hace años que vengo sufriendo este tema, porque parecíamos unos delincuentes porque operamos con Trafigura y actualmente sigue trabajando con Ancap. Además hubo ganancias para Ancap en ese negocio, 6 millones de dólares que estaban dentro de las previsiones que teníamos. Quiero decir que no conozco a nadie de Trafigura, no conozco a nadie de la empresa […] y no tengo ningún interés ilegitimo para aprobar lo actuado por el Presidente”, expresó Amaro. En este marco, el fiscal Pacheco le preguntó si era habitual que el presidente de Ancap negociara previamente con empresas sin conocimiento del Directorio, a lo que Amaro dijo que eso “se dio en muchas oportunidades”. “Si se analiza el tema de la confidencialidad, porque era un negocio millonario y no recuerdo si fui yo o (Carlos) Camy que (pedimos) no nos dijeran nada hasta que este firme el acuerdo, porque uno a veces por dar una noticia mete la pata”. Y agregó que tras la alerta que efectuara Camy de que Trafigura era una empresa sospechada de corrupción, y tras analizar la situación, el Directorio de Ancap decidió romper el contrato. “Camy hizo denuncias que nos provocaron alarmas y el acuerdo quedo sin efecto por problemas de corrupción en Ecuador”, afirmó Amaro. Pese a que firmó el acuerdo con Trafigura, Camy no fue imputado por la Fiscalía. Sobre Exor, Amaro dijo que votó el acuerdo de cancelación de deudas con “salvaguardas”, pero que más tarde se les informó que Pdvsa “no quería a Exor en la operativa y lo sacan del fideicomiso”. “Quiero decir que los miembros de la oposición nunca fueron informados de ciertas negociaciones (pero) fue una negociación sumamente beneficiosa para Uruguay y entendí que era beneficioso, por eso lo voté. Sí Ancap ganaba cerca 300 millones de dólares, creo que no correspondía estar en contra”, dijo Amaro.