Caso Balcedo: Argentina y la búsqueda del botín

En pocas palabras, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, definió la importancia de la apertura de los cofres fort del empresario-sindicalista argentino Marcelo Balcedo para el sistema judicial uruguayo: “Es la mayor incautación de ‘dinero vivo’ [en efectivo] en la historia de Uruguay”. La medida dispuesta por el juez Especializado en Crimen Organizado de 4º Turno, Pablo Benítez -a pedido del fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli-, implicó la incautación de unos 7,5 millones de dólares en efectivo. Los cofres -cuyas llaves fueron halladas durante el operativo en El Gran Chaparral, junto a una nota con detalles sobre el contenido de los mismos- estaban a nombre de Balcedo y de su esposa en una entidad financiera con sede en Montevideo y en Punta del Este (Maldonado). El dinero quedó depositado en una cuenta del Banco República a nombre de la Fiscalía hasta la dilucidación del proceso penal contra Balcedo en Uruguay. Sin embargo, el decomiso del dinero en Uruguay no será sencillo e implicará un debate legal con la Justicia argentina. El juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, solicitó el martes 23 la extradición a la República Argentina de Balcedo y su esposa para juzgar al sindicalista por delitos de asociación ilícita y lavado de activos en relación a la apropiación indebida de dinero del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y a otros posibles actos ilícitos investigados en ese país. En este marco, la requisitoria internacional librada por el juez Kreplak solicita a la Justicia uruguaya la repatriación hacia Argentina de todos los bienes incautados a Balcedo, incluido el ‘dinero vivo’ hallado en los cofres fort. “Se solicita la entrega de los bienes que se encuentren en la República Oriental del Uruguay y que hubieran sido obtenidos como resultado de los delitos que se investigan en jurisdicción argentina, o que pudieran servir de prueba de la comisión de dichos delitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Tratado de Extradición” entre ambos países, expresa el pedido del juez Kreplak, al que accedió Caras y Caretas Portal.   Detención y embargos Balcedo y su esposa fueron detenidos el jueves 4, en un operativo de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, tras un pedido de captura internacional librado por el juez Kreplak. El operativo, que se realizó tras varios días de paciente investigación, permitió incautar un poderoso arsenal de armas de fuego y municiones, dinero en efectivo (500.000 dólares, 6.000 euros y dinero uruguayo), varios vehículos de alta gama y joyas. También las llaves de los cofres fort. En este marco, Balcedo y su esposa fueron trasladados hasta Montevideo y puestos a disposición de la Justicia. La jueza Penal de 34º Turno, Blanca Rieiro, dispuso el arresto preventivo del matrimonio con fines de extradición por 30 días y derivó el caso a la Justicia Especializada en Crimen Organizado para la continuidad del proceso de extradición. En forma paralela, la Fiscalía inició una investigación propia para certificar el origen de los bienes de Balcedo y solicitó diversas medidas cautelares preventivas sobre los mismos. En este contexto, la jueza Especializada en Crimen Organizado de 3er Turno, María Helena Mainard, aceptó varias de estas medidas. La magistrada ordenó la incautación de un avión Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense -adquirido por el sistema de leasing y cuya existencia se detectó a partir de los documentos incautados en la chacra-, en el que Balcedo tenía previsto viajar a Curazao. Pero además, como informó Caras y Caretas, la jueza dispuso el embargo preventivo de varias cuentas bancarias propiedad de Balcedo, de su esposa y de Mauricio Yebra (mano derecha de Balcedo en el Soeme, quien se entregó ante las autoridades argentinas horas después de la detención de este) y la inmovilización de los cinco cofres fort. Además, la Fiscalía decidió conformar un equipo multidisciplinario (integrado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -Senaclaft-, la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- del Banco Central, el ITF y la DGI) con el objetivo de rastrear la existencia en Uruguay de otras cuentas bancarias y propiedades a nombre de Balcedo, sus testaferros o sociedades anónimas vinculadas con sus negocios. Para la elaboración del informe se utilizaron los peritajes efectuados por estos organismos en el sistema financiero uruguayo, así como las decenas de documentos incautados en El Gran Chaparral y dentro de los cofres fort. En este marco, el fiscal Morosoli -que retomará la causa el 1º de febrero- estudia posibles medidas para la continuidad del proceso penal contra Balcedo en Uruguay. El representante del Ministerio Público analiza, por estas horas, la posibilidad de solicitar su formalización por tráfico ilícito de armas, ante la eventualidad de que las armas incautadas -una pistola Glock 9 mm, un revólver CTC 38, una réplica del fusil AR 15 calibre 22 (marca Colt) y municiones- ingresaran al país en forma ilegal. También existe la posibilidad de imputar un delito de tráfico de especies de fauna protegidas, en atención de los diversos animales exóticos hallados en el predio, cuya tenencia en cautiverio está prohibida en Uruguay; también el inicio de un proceso penal por lavado de activos. La formalización de estas causas y una eventual condena de Balcedo es relevante en atención del alto valor de los bienes incautados durante los procedimientos. El Estado uruguayo sólo puede disponer el decomiso de los bienes en caso de constatar la existencia de delito; de lo contrario, se debería llegar a un acuerdo de cooperación con las autoridades argentinas para el reparto de los bienes decomisados, una posibilidad consagrada en el artículo 60 de la nueva Ley de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Ley 19.574). Pero para la continuidad de estos procesos es clave la posición que adopte Balcedo el próximo 4 de febrero, cuando venza la medida cautelar de arresto preventivo y se realice una nueva audiencia en torno al proceso de extradición. Si se allana a la extradición y habilita un trámite exprés, las causas en Uruguay quedarían paralizadas; si se opone, la Fiscalía podrá seguir investigando. En principio, Balcedo tiene previsto mantener su posición y oponerse a la extradición; el empresario-sindicalista alega que toda la imputación del juez Kreplak forma parte de una persecución política en su contra.   Las imputaciones contra Balcedo En el pedido de extradición, el juez Kreplak detalló buena parte de las imputaciones que existen contra el empresario-sindicalista argentino, en particular por lavado de activos: “Se atribuye a Marcelo Balcedo y a (su esposa) haber puesto en circulación en el mercado formal fondos provenientes de diversos ilícitos penales […], con la intención de que esos fondos adquieran apariencia de licitud en cuanto a su origen. Ello habría ocurrido, al menos, desde el año 2012 hasta la actualidad”, señala el fallo. El magistrado enumeró los 61 bienes adquiridos en esta operativa ilícita (Ver recuadro). “El origen ilícito de los fondos con que fueron adquiridos los bienes […] se desprende de sólidos y diversos elementos probatorios reunidos durante la instrucción”. Así, se afirma que durante la instrucción se reunieron diversas evidencias “que dan cuenta de la existencia de una asociación delictiva con un alto grado de organización, con división de roles y una fuerte y muy estrecha relación entre sus integrantes. Ello se infiere, precisamente, de la fuerte vinculación entre, cuanto menos los imputados Balcedo, (su esposa) y Yebra, y entre los distintos delitos cometidos en su marco”. Entre las actividades ilícitas reseñadas por el juez Kreplak están “las maniobras defraudatorias” en perjuicio de las arcas del Soeme, que fueron el inicio del proceso penal en Argentina. Se alega que Balcedo y Yebra procedieron al retiro, en efectivo, de unos 80 millones de pesos argentinos -unos 12,2 millones de dólares- de la cuenta Nº AR/389/0052017488, propiedad del Soeme, en el Banco Columbia, entre enero de 2012 y diciembre de 2013, “sin que dichas operaciones estén justificadas en razones funcionales del sindicato al cual pertenecían los fondos”. Esos fondos eran los aportes correspondientes a la cuota sindical de los afiliados al sindicato y fueron retirados por Yebra en la caja de una sucursal del banco. “Yebra, previo acuerdo con Balcedo, cobró por caja -esto es, en efectivo- cheques que tenían por librados al Soeme, bajo las leyendas ‘Soeme No a la Orden’ o ‘Soeme’, y otros cheques en blanco que Yebra endosaba a su nombre”. “Con el objetivo de extraer ese dinero, Marcelo Antonio Balcedo, en su carácter de secretario general del Soeme, confirió a Yebra las facultades necesarias para llevar a cabo dichas operaciones,   mediante el otorgamiento de poderes generales en favor de este último. Por todo ello, el imputado Balcedo (junto con Yebra), violando sus deberes de administrador leal, perjudicó los intereses del Soeme al sustraer dichos fondos (que administraba) del ámbito propio del sindicato en cuestión para obtener un lucro personal indebido o favorecer el lucro indebido de terceros”, señaló el juez. Sin embargo, el magistrado agregó en su escrito otros hechos imputados a Balcedo que pueden configurar como delitos precedentes de lavado de activos. Kreplak apuntó contra presuntos casos de coacción y extorsión a dirigentes políticos, así como las denuncias por afiliaciones compulsivas o reticencia a la desafiliación del gremio presentadas por una decena de trabajadores de la educación. Pero, sobre todo, el juez argentino apunta al presunto vínculo entre Balcedo y la organización de narcotraficantes Los Monos: “Diversos indicios presentes en la investigación permiten inferir que los imputados (Balcedo y su esposa) podrían tener vinculación con una de las organizaciones delictivas dedicadas a la comercialización de estupefacientes más importante de Argentina, como es el caso de la denominada ‘Banda de Los Monos’, de fuerte poderío, tanto económico como territorial, en la ciudad de Rosario e inmediaciones, conforme es público y notorio en nuestro país”. El posible nexo entre el Soeme, Balcedo y Los Monos surge de una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), un órgano del Poder Ejecutivo en Argentina. En ese informe, se señala a Balcedo y Yebra “como supuestos engranajes en las maniobras tendientes a lavar ingresos ilícitos provenientes de la citada banda”. El vínculo surge de que unos 14 autos de alta gama que estaban en poder del grupo narco “fueron registrados a nombre del señor Yebra”; la Justicia argentina considera que Yebra era uno de los testaferros de Los Monos. Y se recuerda que en esa investigación también se menciona a la esposa de Balcedo. “Dicho informe también afirma que la circunstancia de que parte del dinero lavado provenga de ilicitudes penales relacionadas con el narcotráfico permite explicar, por lo demás, la inmensa masa de bienes detectada a nombre de Balcedo y terceros vinculados a él, bienes que, por su valor prima facie, no podrían haber sido adquiridos solamente con el producto de lo defraudado al sindicato ni, mucho menos, con el producto de actividades lícitas de los imputados. Ello constituye un indicio de que las fuentes del dinero ilícito exceden a la administración fraudulenta, y ese indicio, sumado a los demás destacados más arriba y valorados en forma conjunta, permite inferir que una de esas fuentes podría ser el narcotráfico”, concluye el magistrado. Balcedo y su defensa niegan todos estos hechos y señalan que la vinculación con la organización Los Monos tiene como único objetivo la consagración de un delito precedente para poder imputar lavado de activos.