Caso Bascou: Nada por aquí, nada por allá

En 2017, el intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional, PN) quedó en el ojo de la tormenta por el libramiento de cheques sin fondos. Primero fue uno. Después dos. A los pocos días, estos cheques ya se acumulaban por decenas. En este marco, el poseedor de uno de los cheques rebotados -titular de un escritorio rural-, presentó una denuncia penal por “libramiento de cheques sin fondos” y “estafa” contra Bascou y su esposa. En esa denuncia se afirmaba que Bascou pagó sus deudas con cheques sin fondos y que había otros escritorios rurales y productores perjudicados por esta maniobra, por lo que no existían dudas de que esta operativa era parte de una estratagema “para obtener injustamente un amplio beneficio económico”. Es decir, una estafa. Bascou compareció en setiembre ante la Justicia Penal. El juez Damián Batto (hoy juez de Rosario) y la fiscal Herminia Viotti pretendían interrogarlo en relación a esa denuncia. La audiencia constó de un extenso alegato de la defensa de Bascou -ejercida por los abogados Juan Fagúndez y Gonzalo Imás-, que justificó los motivos por los que el intendente pagó sólo una pequeña parte de la deuda contraída con su acreedor y de un interrogatorio de sólo tres preguntas. Una de las preguntas fue si al momento de librar el cheque la cuenta bancaria tenía fondos. “En ese momento, no se si tenía los fondos suficientes para cubrir el cheque; el cheque era de pago diferido, la proyección era de pagar la deuda, después pasaron otras cosas que nos trabaron y no se pudieron hacer efectivas esas proyecciones”, contestó Bascou. Al retirarse del juzgado, en diálogo con la prensa, el intendente admitió que “hubo cheques que no se pudieron cubrir”, pero que su objetivo era honrar las deudas y que contaba con “activos importantes” para hacerlo. Pero la realidad parece otra y las expectativas de los acreedores de que cumpla con su palabra se desvanecen con el tiempo. En este sentido, el intendente presentó ante la Justicia de Concurso bienes por unos 12 millones de dólares para su reparto entre aquellos acreedores que justifiquen los créditos, pero muchos están prendados y tienen un destino: los bancos. Mientras tanto, el proceso penal sufrió un freno inesperado. Semanas atrás, la fiscal Viotti solicitó la acumulación de todos los procesos penales contra Bascou por libramiento de cheques sin fondos. La medida parecía una “buena noticia” para los afectados, ya que permitiría demostrar la existencia de una estrategia para no pagar sus deudas. Sin embargo, fue todo lo contrario: la fiscal emitió un dictamen en el que solicita la suspensión de la indagatoria penal a la espera de que concluya el proceso concursal. Una postura polémica que ya fue cuestionada en el expediente y que en los hechos supone un archivo, al menos momentáneo, de la causa.   Los indicios Los abogados de Bascou presentaron una estrategia clara ante la Justicia: pretendía pagar y realizó giros a sus acreedores, pero el 30 de agosto fue notificado de la existencia de un proceso de concurso necesario -es decir, solicitado por acreedores, en este caso Juan José Navarro Caviglia y otros-, por lo que sus abogados le recomendaron no efectuar los pagos prometidos. La razón para esta medida era de puro derecho, ya que -según los abogados- la jurisprudencia comercial establece que una vez que el deudor toma conocimiento de la existencia de un concurso, debe salvaguardar el capital para un posible acuerdo con los acreedores. La defensa adujo que esta medida se adopta en el denominado “período de sospecha” para evitar que el deudor utilice su capital de giro para cubrir determinadas deudas en perjuicio de otras. Sin embargo, los abogados Jorge Barrera y Marianela Melgar -representantes de un estudio rural al que Bascou adeuda unos 450.000 dólares- cuestionaron esta tesis. En un escrito presentado unos días después de esa audiencia, afirman que la Ley Penal en Uruguay consagra la independencia de los procesos penales y civiles, con “la finalidad de favorecer la situación de la víctima, tratando de facilitarle la obtención de un resarcimiento pleno y rápido”. En este marco, “una presentación judicial de concurso no genera ningún efecto jurídico sobre el deudor. Asimismo las notificaciones que pueden existir por parte del Juzgado de Concurso al deudor tampoco generan un efecto jurídico”. Así los abogados afirmaron que Bascou podía pagar la deuda con su acreedor: “La disposición legal es muy clara, por lo que no puede discutirse que abonar una deuda que no sólo está dentro del giro de la empresa, sino que además se efectivizó antes de la solicitud de concurso, pueda integrar sospecha alguna”. “No resulta de recibo manifestar que existen prohibiciones que la ley no establece. El texto del artículo 83 [de la Ley 18.387] es muy claro, y en el caso de un establecimiento rural, las deudas que tengan origen en compra y venta de ganado están tuteladas por dicha normativa”. En efecto, el artículo referido establece que “en ningún caso serán objeto de revocación las operaciones ordinarias del giro al que se dedica el deudor”. Ante esto, afirmaron que se debía proseguir con las actuaciones penales, ya que “aplicando el principio de legalidad, no hay obstáculo alguno para cumplir con el pago de los cheques rechazados”. “En base al principio de independencia en las materias penal y civil, debemos puntualizar que aguardar la resolución que se decrete en materia civil [declaratoria de concurso] no hace más que entorpecer y dilatar el proceso penal” Con base en un vale que Bascou y sus asesores decían tener para cubrir parte de la deuda con el estudio rural, el escrito alega que “los denunciados, en el mes de agosto, tenían fondos para cumplir con lo acordado y se negaron a pagar. Esto demuestra y prueba claramente que la intención de los denunciados no es cumplir, sino, por el contrario, menospreciar el derecho penal”. Y afirmaron que, según lo dicho por Bascou a varios medios de prensa, no pagó porque necesita tiempo para reunir el capital y no porque exista un impedimento legal. “Está tratando de obtener tiempo, ya que los delitos jurídicamente ya están consumados para ambos denunciados”. Por este motivo, no existe ningún impedimento para seguir la indagatoria y decretar el procesamiento con prisión de los denunciados, dice el escrito.   El concurso En diciembre de 2017, el abogado Francisco Cobas, del Estudio Rueda, Abadie & Pereira, presentó -en su calidad de síndico- el informe de verificación de créditos del concurso necesario presentado contra Agustín Bascou. Allí se analizaron los créditos presentados por 45 personas físicas o jurídicas. En este sentido, la sindicatura verificó deudas por 14,7 millones de dólares, según el documento al que accedió Caras y Caretas. Las deudas estaban centradas en varias compras de ganado o de maquinaria, compra de insumos para la producción ganadera, servicios de transporte y de hotelería de ganado y arrendamientos de tierras impagos. También una decena de créditos laborales, presentados por trabajadores de algunas de las empresas de Bascou, y litigios civiles con sentencias favorables, que aún no fueron cobrados. No obstante, la sindicatura desestimó los planteos presentados por algunos acreedores. En la mayoría de los casos, el rechazo se fundamentó en que la persona o la empresa tenía un cheque o un vale firmado por Bascou, pero no pudo justificar el motivo o la veracidad de la transacción. Este fue el caso de un hombre que presentó un vale por 46.764 dólares por compra en remate de Plaza Rural, pero no pudo acreditar la causa del libramiento de ese documento. Lo mismo ocurrió con otro hombre, que presentó tres cheques por 65.272 dólares “por concepto de contrato mutuo”, pero que se encontró con dos problemas: los cheques tenían la firma de la esposa de Bascou -quien inició un proceso de concurso voluntario- y porque “resulta ineludible acreditar en forma fehaciente la causa en los títulos valores, no bastando las meras alegaciones efectuadas en el escrito de verificación”. Los créditos rechazados también alcanzaron a empresas que tenían documentos de reconocimiento de deuda suscrito con Bascou y su esposa. Este fue el caso de una empresa de hotelería de ganado, que reclamó 601.240 dólares, adjuntando facturas y cheques, pero que no logró acreditar la causa del libramiento de los cheques. Otra empresa, que reclamó 87.718 dólares, tampoco logró acreditar el crédito. En este sentido, la imposibilidad de verificar los créditos es el motivo por el cual muchas personas o empresas desistieron de presentarse en el concurso, dijeron fuentes allegadas al proceso. Bascou solicitó dinero a personas de su confianza para cubrir deudas o solventar la operativa y negocios de sus empresas y les entregó cheques que no pudieron ser cobrados. Estos acreedores sólo cobrarán si Bascou accede a pagar, ya que no pueden justificar el motivo de la transacción.   Los bienes prendados Bascou alegó, en reiteradas oportunidades, que tenía bienes suficientes para hacer frente a las deudas y que todos estos fueron presentados en el concurso para satisfacer los créditos de sus acreedores -al menos de quienes pudieran verificarlos-. De este modo, un informe del tasador y rematador J.P. Carrau avaluó los bienes en 11,9 millones de dólares. Entre los bienes no se incluyeron una propiedad en Punta del Este (Maldonado) ni el stud Madelón y Lucía -nombre de las hijas del jefe comunal-, que cuenta entre sus filas con Oggigiorno, uno de los principales animadores de las carreras en el Hipódromo de Maroñas y ganador, entre otros premios, del último premio Presidente de la República. En este contexto, el informe fija el valor de tres padrones en la 10ª Sección Catastral de Soriano en 1,65 millones de dólares y de una chacra próxima a la ciudad de Mercedes y otros tres padrones en 395.000 dólares. Además, presentó maquinaria por 425.000 dólares y ganado (bovinos, ovinos y equinos) por 226.000 dólares. El activo más importante son sus acciones en la empresa Costas del Daymán SA, propietaria de tres padrones en la 10ª Sección Catastral de Soriano, por 9,5 millones de dólares. El informe realiza una valoración relevante: “La presente tasación se realiza con prescindencia de considerar la situación jurídica de los bienes, de manera que no se toma en cuenta si los mismos poseen gravámenes o saldos de precios. Tampoco se toma en cuenta si los mismos los posee el concursado en calidad de usuario [leasing], siendo propietario un banco de plaza”. Es decir, no se puede establecer si estos bienes pertenecen efectivamente a Bascou. “Para poder realizar la tasación, tomando en cuenta todos estos elementos, es necesario contar con la colaboración de terceros (bancos y acreedores) a fin de que se informen los saldos adeudados, tanto en los contratos de crédito de uso como en los vehículos que eventualmente soportan prenda sin desplazamiento o inmuebles gravados con hipotecas u otros derechos reales. Asimismo supone realizar un estudio jurídico de los bienes y su titulación, que a juicio del suscrito excederían el cometido del presente trabajo. Todo lo expuesto insumiría, además, un tiempo considerable. En el caso del ganado, tampoco se tomó en cuenta si el mismo pertenece a algún fideicomiso ganadero o al concursado. Se solicitaron las guías, pero no se tuvo acceso a las mismas”, señala el informe. En este punto, los acreedores estiman que buena parte de los bienes presentados por Bascou no le pertenecen en su totalidad y seguramente queden en favor de quienes tienen prioridad sobre los mismos: los bancos. En efecto, la lista de acreedores incluye a varias entidades financieras. Entre estas puede constatarse un crédito del Banco República (BROU) por un préstamo por 1.812.402 dólares, que encuadra dentro del artículo 126.2 de la Ley 18.387, o sea que está “adecuadamente garantizado con derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de terceros, o en cualquier otra forma”. En esta situación también se encuentra un crédito de Scotiabank Uruguay SA por 391.238 dólares, emergente de una línea de crédito. También se trata de un crédito con privilegio especial, es decir, que será priorizado. Otro tanto sucede con un crédito por 5.904.966 dólares que presentó banco Itaú “por concepto de capital e intereses emergentes de contrato de línea de crédito garantizado con hipoteca” (de momento la sindicatura verificó un crédito por 5.562.500 dólares, y no el resto por concepto de intereses moratorios y compensatorios). El banco Santander SA también reclamó por una línea de crédito otorgada a Bascou y garantizada mediante hipoteca; en su caso, por 277.087 dólares. De esta forma, unos 8 millones de dólares de los bienes de Bascou estarán destinados a cubrir las deudas con los bancos. Esto refuerza la idea de algunos acreedores de que los bienes presentados por el intendente están en su mayoría hipotecados o prendados; es decir, que no le pertenecen. Esto reduce las expectativas de poder cobrar.