En diciembre las legisladoras del Frente Amplio, Sandra Lazo, Silvia Nane y Ana Olivera afirmaron en una ampliación de la denuncia que hicieron en un primer momento que la causa se archivó porque no se encontró evidencia de que existieran o no remuneraciones económicas a cambio de supuestas adopciones encubiertas, pero no se tomaron en cuenta otros aspectos, principalmente los vinculados al consentimiento. Consideran que Bazzano cometió el delito previsto en el artículo 350 del Código Penal, que establece el abuso vinculado con la inferioridad psicológica de los menores y de las personas con discapacidad.