Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Presidencia homologó un fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que tomó declaraciones al coronel retirado Enrique Ribero, encarcelado por el asesinato de Ubagésner Chaves Sosa, un militante del Partido Comunista, cuyos restos fueron hallados en el año 2005 tras ser secuestrado en 1976.
El fallo se emitió el 16 de de diciembre de 2019. El ministro de Defensa José Bayardi remitió las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En dicha acta el tribunal resolvió por unanimidad encuadrar la causa del asesinato de Chaves Sosa a manos de Ribero como un hecho que afecta el honor de las fuerzas armadas.
Con esta homologación, se determinó que Ribero pase a situación de reforma y se dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional remita inmediatamente el testimonio integro de Ribero a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, «a los efectos que esta estime pertinente en el marco de sus competencias». En los descargos realizados por Ribero da cuenta de la eventual participación en los hechos de otros funcionarios militares que son individualizados, a raíz de lo cual se impone la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
En resumen, tras las declaraciones de Ribero al tribunal militar, los integrantes del tribunal entendieron que la actuación del coronel, a pesar de considerarse «un hecho aislado», afecta el honor de las fuerzas armadas». Así las cosas se envían los datos a Fiscalía y se pasa a reforma al militar, lo que implica varios cambios en su situación.
Entre otras cosas, implica que cobre menos pensión, aunque el dinero restado se entrega a la familia. También se pierde el derecho a usar el uniforme y ya no es reconocido como oficial.
Ribero fue condenado por la justicia en 2013 a 19 años de penitenciaría por un delito de homicidio muy especialmente agravado, al ser caratulado como «homicidio político». Dicha sentencia fue ratificada en 2014 por el Tribunal de Apelaciones y en 2015 por la Suprema Corte de Justicia.
